El CGPJ amenaza con agravar su descomposición con nuevas deserciones

Vicente Guilarte, actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, tomó las riendas de su nueva responsabilidad en julio de 2023 y lo hizo ya desde esa melancolía que provocan los esfuerzos inútiles. Intentó convertir el sentimiento en esperanza y, desde un inicio, trabajó para tratar de sacar la renovación del órgano del bloqueo permanente en el que se encuentra. La esperanza tiene, sin embargo, límites, y se ha fijado el próximo verano como tope para seguir al cargo del Consejo. Según aseguran distintas fuentes, no será el único que se marche. Hay al menos otro vocal tentado a seguirle.

Tras avisar de su decisión, primero en privado y después de forma cada vez más pública, el presidente se decidió en los últimos días por dar su marcha por oficial. La fecha límite es el mes de julio. Desde hace meses, Guilarte se ha movido para tratar de empujar el recambio del órgano, incluso ofreciéndose a mediar y proponiendo un plan intermedio. El plan Guilarte pasa por quitarle a este órgano la potestad de hacer nombramientos a dedo y profesionalizar la designación de las vacantes del Tribunal Supremo. Confío en la última bala, la negociación con la mediación de la UE que mantienen desde hace semanas el PSOE y el PP. Tras constatar que no avanza y que las partes implicadas descartan el acuerdo hasta que se supere el largo periodo electoral que se avecina y, por tanto, se produzcan las europeas de junio, se ha dado por vencido.

Las fuentes consultadas apuntan que varios vocales del órgano dudan, como él, si continuar. La sensación de muchos es que mantener con vida un órgano cada vez más descompuesto supone convertirse en cómplices de la incapacidad de los partidos políticos de acabar con esta situación insostenible. Las miradas se posan en concreto en Enrique Lucas que, en la última etapa, ha mostrado su descontento en distintas ocasiones. Hace unos meses, Guilarte defendió sin éxito que el vocal Enrique Lucas debía sustituir a Pilar Sepúlveda en la Comisión Permanente, pero no logró apoyos.

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Así, en caso de los principales partidos no lo remedien, se producirán más salidas. Sin renovación a la vista, el siguiente en asumir la presidencia por edad sería el vocal Wenceslao Olea, también del bloque conservador. El Consejo sumaría otra baja y quedaría aún más mermado y debilitado, lleno de bloques y enfrentamientos en que el paso del tiempo y los últimos acontecimientos han ido haciendo mella. De los 20 vocales iniciales, más el presidente, quedarían 15, 9 conservadores y 6 progresistas.

Las asociaciones se hartan

Mientras todo esto sucede y el PP y el PSOE siguen aplazando el acuerdo, las asociaciones redoblan la presión y muestran, al unísono, su descontento. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) criticó las excusas que justifican la falta de acuerdo que —dicen— "no pueden aceptarse ni admitirse". "Es inaceptable que se maltrate de este modo a instituciones de su relevancia", recoge el texto.

También la asociación mayoritaria salió al ataque y exigió la "inmediata renovación" mientras que mostró su "preocupación por las noticias que indican" que el acuerdo entre PSOE y PP "podría frustrarse". Reclamó al Congreso de los Diputados y al Senado "a que alcancen los acuerdos necesarios" porque "los mandatos constitucionales deben cumplirse por todos".

El PP y el PSOE dan por perdido el acuerdo, aunque confían en poder relanzarlo el próximo junio, una vez que finalice completamente el periodo electoral. Ni siquiera la mediación europea ha sido eficaz para lograr un impulso. En los siguientes meses, el Consejo continuará su descomposición.