El presidente del CGPJ se desmarca de la declaración contra la amnistía: "Implica apoyar una opción política"

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El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, considera que la declaración institucional que el órgano aprobó el lunes contra la amnistía resultó "prematura". La propuesta se aprobó gracias al apoyo de nueve vocales conservadores, pero Guilarte, al que también se sitúa en esta órbita, votó en blanco: "Implica fatalmente un posicionamiento institucional a favor de una opción política cuando aún no existe una proposición o anteproyecto", argumenta en un texto notificado este miércoles.

La declaración provocó el rechazo de los vocales progresistas, hasta el punto de que uno de ellos, Álvaro Cuesta, ni siquiera acudió al pleno. Según defendió en un escrito remitido al presidente del CGPJ, su simple celebración resultó "manifiestamente ilegal", pero Guilarte no comparte esta idea: "El pleno del CGPJ está plenamente legitimado in abstracto para valorar cuantas cuestiones entienda vinculadas con la actividad de los órganos jurisdiccionales, como en otras ocasiones ya ha acaecido".

Descartada la "falta de legitimidad", Guilarte considera que el problema fue "de oportunidad". En un momento de "dramática bipolarización", cualquier pronunciamiento iba a reflejar "la posición de uno de los actores políticos del sistema", por lo que resultaba "más oportuno" guardar silencio. "También debe valorarse que, a mi juicio, la declaración propiciada no ayuda a fomentar un consenso, al menos en materia de justicia, que ayude a la renovación del CGPJ".

La amnistía en principio se tramitará en el Congreso como una proposición de ley de los grupos parlamentarios y, por tanto, sin recabar informe del CGPJ, pero Guilarte considera "deseable" que el Gobierno no opte por esta vía: "La relatada oportunidad es susceptible de llegar a revisarse en función de los futuros acontecimientos". Hasta entonces, considera que resulta tan importante "la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional" como que el CGPJ evite "la injerencia en la actividad política".

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La declaración contra la amnistía

La declaración institucional salió adelante con los nueve votos a favor de los conservadores, cinco en contra de los progresistas y el voto en blanco de Guilarte. "La concesión de una amnistía en nuestro actual sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho", sostiene la misma.

Los nueve vocales conservadores apuntan para ello a que no se puede "confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones". En caso contrario, se permitiría promulgar una ley que invade "competencias propias del poder judicial como medio de negociación política", lo que "constituye una perversión del régimen constitucional" y deja vía libre a que "mayorías coyunturales en la composición de las Cortes impongan su criterio por encima de las exigencias constitucionales".

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La declaración señala en concreto tres motivos por los que la amnistía resulta inaceptable: "Primero, porque no es compatible con el principio de Estado de derecho"; "segundo, porque supone generar una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos", y "tercero, porque se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico".

Según defienden, la amnistía no solo supone un ataque a la Constitución, sino también a los tratados que España ha firmado a nivel europeo: "El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el interés de España".