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Vocales del CGPJ estudian implicar a Europa frente a la ley de amnistía
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Consideran que atenta contra la independencia

Vocales del CGPJ estudian implicar a Europa frente a la ley de amnistía

Han comenzado a valorar la posición y el papel que podría jugar el órgano de gobierno de los jueces ante la Comisión Europea frente a la aprobación de una norma de estas características

Foto: Imagen que muestra la bandera de la Unión Europea. (EFE)
Imagen que muestra la bandera de la Unión Europea. (EFE)
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La ley de amnistía aún no existe, pero, aun así, distintas instituciones ya se preparan para afrontarla. Desde el Consejo General del Poder Judicial algunos vocales del sector mayoritario, etiquetado como conservador, han comenzado a estudiar la posición y el papel que podría jugar el órgano de gobierno de los jueces frente a la aprobación de una norma de estas características. Consideran que una iniciativa como la que negocia el PSOE con Junts es, además de claramente inconstitucional, contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por tanto, exploran la forma de dirigirse a Europa para requerir su intervención.

No sería la primera vez que el Consejo apoya una intervención de la Comisión Europea frente a la actividad legislativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ahora en funciones. El antecedente más claro se dio a raíz de la reforma para limitar la capacidad de nombrar del órgano. Ese recorte generó un acuerdo para instar, por una parte, al Congreso de los Diputados a que solicitara el informe del propio CGPJ, el principal afectado. Por otro, se reclamó a la Cámara Baja que solicitara el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa) sobre el cambio legislativo.

Foto: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Xoán Rey)

El tono, su redacción y las exigencias que efectúe dependerán del apoyo que logren conciliar los vocales que acaben promoviéndolo. La idea parte del convencimiento de que la intervención de Europa es imprescindible para evitar lo que algunos de los miembros del Consejo ven como un abuso con el que el ejecutivo y el legislativo "amordazarían" al judicial, que dictó sentencia en aplicación de la ley vigente en el momento.

El aviso del Consejo se uniría al que ya efectuó hace unas semanas la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal. Enviaron una carta a los comisarios europeos Vera Jourová y Didier Reynders en la que pedían que se articulara desde la UE una advertencia preventiva a España contraria a la aprobación de la amnistía para los encausados por el procés. Si finalmente se aprueba, reclamaban la intervención para “garantizar el cumplimiento de los estándares europeos” en España, apuntando incluso al procedimiento sancionador que se ha activado con Hungría y Polonia. "De concederse esa amnistía, se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional y, en definitiva, el Estado de derecho en España", decía la AF.

El PP se mueve

También el PP ha comenzado a moverse en Europa. La portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, denunció hace ya más de un mes en la Cámara, en pleno debate sobre el estado de la UE, "la gravedad de lo que está pasando en España, país que preside ahora el Consejo". Aprovechando la presencia de Von der Leyen, calificó de "insólito e inadmisible" que Pedro Sánchez no rindiera cuentas públicas en ese mismo escenario sobre sus intenciones.

El grupo completo, el Partido Popular Europeo, también está moviéndose. Este mismo mes presentaron una enmienda para prohibir indultos y amnistías por delitos de corrupción en el proyecto de directiva europea de lucha contra este tipo de ilícitos. Seguirán, según aseguran, ese mismo camino e incrementarán el tono de la denuncia cuando el texto sea ya una realidad.

La ley de amnistía aún no existe, pero, aun así, distintas instituciones ya se preparan para afrontarla. Desde el Consejo General del Poder Judicial algunos vocales del sector mayoritario, etiquetado como conservador, han comenzado a estudiar la posición y el papel que podría jugar el órgano de gobierno de los jueces frente a la aprobación de una norma de estas características. Consideran que una iniciativa como la que negocia el PSOE con Junts es, además de claramente inconstitucional, contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por tanto, exploran la forma de dirigirse a Europa para requerir su intervención.

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