los partidos de izquierdas quieren modificarla

Todos contra la Ley de Estabilidad, la norma que prohíbe los excesos de los políticos

Esta norma está diseñada para prevenir futuras crisis al prohibir que la clase política pueda gastar los ingresos cíclicos en las fases de expansión para emplearlos durante las crisis

Foto: El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, elaboró la Ley de Estabilidad que ahora quiere cambiar su sucesora, María Jesús Montero. (EFE)
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, elaboró la Ley de Estabilidad que ahora quiere cambiar su sucesora, María Jesús Montero. (EFE)

En el año 2011 los países de la Unión Europea comprendieron que toda su planificación presupuestaria hacía aguas. Lejos de seguir las lecciones de John Maynard Keynes de acumular superávits en los buenos momentos para gastarlo en los malos, los Estados europeos se conformaban con evitar un déficit público superior al 3% el PIB en los años de bonanza. De esta forma, ignoraban los resultados del déficit puntual de un año a lo largo de todo el ciclo económico.

En esos meses de burbuja, los ingresos crecían a pasos agigantados y, como los países solo tenían la obligación de no caer en déficit, pudieron disparar su gasto público al mismo ritmo. Tal fue el ritmo de crecimiento en España que entre los año 2000 y 2008 las administraciones duplicaron su gasto. Cuando estalló la crisis, los países comprendieron que los ingresos son muy volátiles, pero recortar en gasto es muy complicado y, automáticamente, el déficit se dispararó. En 2007 España tenía un superávit de 20.800 millones de euros y dos años después acumulaba un déficit de 119.000 millones.

Los países europeos comprendieron entonces que su política presupuestaria era nefasta y podía acabar con la quiebra del euro. Para solucionarlo, decidieron que los países debían realizar una política presupuestaria plurianual que mantuviese la estabilidad a lo largo de todo el ciclo económico. Si no se disparan los gastos en las épocas de bonanza, habrá margen para realizar políticas anticíclicas durante las crisis.

Con esta filosofía, la UE desarrolló la Directiva 2011/85/UE “sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembro”. La transposición de esta directiva es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que elaboró el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el año 2012. Esta ley, que fue el orgullo del Gobierno del Partido Popular se ha convertido ahora en el enemigo número uno de la izquierda.

Los ayuntamientos del PSOE, de Podemos y algunos del PP llevan años reclamando modificar la regla de gasto, creada y desarrollada por la Ley de Estabilidad, para que les permita ‘pulirse’ cada año su superávit.

Los ayuntamientos y algunas comunidades autónomas piden cambiar la regla de gasto para poder dilapidar todo su superávit

Las comunidades autónomas habían guardado silencio hasta ahora porque estaban en déficit, pero ahora que empiezan a tener superávit, también piden cambiar la regla de gasto. El último en reclamarlo ha sido Nueva Canarias, ya que la comunidad tiene superávit desde 2017 gracias a la inyección de financiación que pagó el Partido Popular el pasado año para conseguir el apoyo de los partidos canarios a los Presupuestos Generales del Estado.

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También los partidos nacionales quieren modificar la Ley de Estabilidad. Unidos Podemos ha pedido una derogación completa, mientras que el PSOE ha optado por modificar el artículo 15. Este es el artículo que da al Senado capacidad de veto sobre la senda de estabilidad y el Gobierno quiere quitársela para así poder elevar el déficit público en 5.500 millones de euros.

El superávit quema

El problema para cualquier político (especialmente si es de izquierdas) es que el superávit les quema en las manos. La visión cortoplacista de la clase política hace que para ellos sea un drama ahorrar dinero para que se lo gaste el siguiente que ocupe su cargo.

La tentación de gastar es enorme. Cuando hay superávit, rápidamente los políticos quieren subir el salario a los funcionarios, o rebajarles las horas de trabajo, o invertir en rotondas, fuentes, aeropuertos… Cualquier euro es útil para ganar votos en el corto plazo y todos son inútiles para mantener una estrategia presupuestaria estable a lo largo del ciclo económico.

El problema de aumentar sin control el gasto público en los años de bonanza es que la mayor parte de ese incremento se vuelve estructural. Por ejemplo, si se construye un nuevo hospital con empleados, el coste de mantenerlo en funcionamiento será permanente. Esto explica que reducir el gasto público sea tan complicado y tiene un coste político muy elevado. En la crisis solo hubo dos años de recortes, 2012 y 2013, y en ese periodo el gasto público se redujo menos de un 7% y, a pesar de ello, el relato que impera desde entonces es que fueron "los años del austericidio".

"Lo que estamos pidiendo no es ni más ni menos que poder aplicar nuestros propios recursos", afirmó hace un mes la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila. Esto es, gastar todos los ingresos cíclicos que genera la buena marcha de la economía española.

Cuando una administración tiene superávit porque está obligada por la Ley de Estabilidad, entonces denuncia que está “regalando” el dinero a otros políticos que no son ellos. “No queremos regalar 4.000 millones ni al Estado ni a las comunidades autónomas ni a la Seguridad Social”, reclamó el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, ya en 2016. Quería gastarse él todo su superávit.

Cuando hay superávit, rápidamente los políticos quieren subir el salario a los funcionarios, contratar más personal, invertir en rotondas, aeropuertos…

El problema para España es que ha acumulado tanta deuda pública en los años de crisis que tiene las cuentas públicas en una situación muy delicada. El endeudamiento de las administraciones está anclado en el entorno del 100% del PIB y en términos absolutos sigue marcando máximo tras máximo a pesar del buen ritmo de la recaudación de los últimos ejercicios y del crecimiento económico.

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Este nivel de deuda no es un problema hoy porque los tipos de interés en mínimos históricos que mantiene el Banco Central Europeo permiten refinanciar la deuda casi al 0%. El problema vendrá cuando suban los tipos de interés y la factura financiera se dispare. Tal volumen de deuda deja a España en una posición muy vulnerable ante futuras crisis.

La normativa europea y la Ley de Estabilidad obligan a las diferentes administraciones a acumular superávits hasta rebajar su deuda pública hasta el 60% del PIB (la UE marca un ritmo de ajuste de la deuda del 2% anual). Sin embargo, muchos políticos prefieren aprovechar los ingresos cíclicos de hoy y que sean sus sucesores quienes asuman sus errores.

La solución más deseable hubiese sido una política fiscal más restrictiva, se intentó, pero no era fácil presupuestar superávit cada año

El exvicepresidente económico del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes, reconoció su error durante los años de la burbuja. Lo hizo en su comparecencia en la Comisión del Congreso que estudia la crisis financiera. En ese entorno se sinceró: “La solución más deseable hubiese sido una política fiscal más restrictiva [...] hubiese mejorado nuestro margen de actuación [...]. Se intentó en parte, pero era una alternativa políticamente difícil, porque aceptar el superávit cada año no era fácil".

De esta forma, Solbes reconocía la dificultad a la que se enfrenta un político para presupuestar superávits. El corto plazo se impone y los políticos están tentados a comprar votos con el presupuesto público. De ahí que tengan ahora tanta prisa por modificar la regla de gasto. A medida que el resto de administraciones (la mayor parte de las comunidades autónomas y el Estado) vayan entrando en superávit, aumentará la presión para modificar la Ley de Estabilidad.

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La Comisión Europea considera que España superará este año el punto de equilibrio de su economía. Esto es, el PIB se situará ya por encima del PIB potencial, lo que significa que los ingresos recaudatorios comienzan a ser cíclicos, derivados de la buena marcha de la economía. La filosofía presupuestaria keynesiana, que impregna las normas europeas y la Ley de Estabilidad, determina que es en estos momentos de crecimiento público cuando hay que mantener el rigor presupuestario para reducir la deuda pública.

En España, los políticos se encuentran en las antípodas de este planteamiento. El Gobierno de Pedro Sánchez lucha por aprobar una senda de déficit que aumente el desfase presupuestario en 5.500 millones de euros. Los ayuntamientos exigen poder gastar su superávit de 7.000 millones de euros y las comunidades piden cada vez más y más financiación. Y todo ello siendo España el país europeo con mayor déficit público.

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