El Gobierno retrasa aprobar la senda de déficit e incumple la Ley de Estabilidad

La dificultad de gobernar con 84 diputados le sigue pasando factura al Gobierno. El último cambio de Pedro Sánchez, adoptado a última hora del jueves, es renunciar a aprobar la senda de estabilidad en el Consejo de Ministros de este viernes. Una decisión que va encaminada a evitar que el Partido Popular pueda vetar en el Senado estos objetivos de déficit, pero que supone incumplir la Ley Orgánica de Estabilidad que obligaba al Gobierno a remitir la senda al Congreso antes del próximo lunes, día 27 de agosto.

El Ministerio de Hacienda pactó con Unidos Podemos en la noche del miércoles retrasar la votación de la senda de déficit hasta que pudiese modificar la Ley de Estabilidad y quitarle el poder de veto al PP en el Senado. El Gobierno está buscando la mejor fórmula para conseguirlo, por lo que, de momento, ha decidido paralizar la aprobación de los objetivos. Con esto incumple el artículo 15 de la Ley de Estabilidad que obliga al Gobierno a remitir al Congreso la nueva senda en un plazo de un mes desde su rechazo en las Cortes.

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El Gobierno ya había reunido de forma extraordinaria al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para que diesen el visto bueno a esta senda de estabilidad, pero, con este cambio de última hora, no hubiese sido necesaria tanta prisa. De esta forma, el Ejecutivo se saltará los plazos que marca la ley orgánica a pesar de que el PSOE criticó en innumerables ocasiones al exministro Cristóbal Montoro por incumplir los plazos presupuestarios que marca la Constitución Española.

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El Gobierno debía aprobar de nuevo esta senda tras el rechazo del Congreso a los objetivos propuestos por el Ejecutivo el pasado mes de julio. Entonces, únicamente PSOE y PNV apoyaron la senda de estabilidad presupuestaria, votos suficientes frente al rechazo de PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. En virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno cuenta con un plazo de un mes, que vence el 27 de agosto, para volver a aprobar unos nuevos objetivos y remitirlos a las Cortes Generales, donde debían ser refrendados tanto por el Congreso como el Senado.

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Precisamente, acabar con el poder de veto del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ha sido una de las exigencias de Unidos Podemos para apoyar, esta vez sí, la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno. Una exigencia aceptada y acordada este miércoles, y que contaría con el apoyo de ERC, PDeCAT y PNV.