Sánchez trata de sofocar el 'incendio' por los remanentes municipales y promete negociar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este miércoles la disposición del Ejecutivo de negociar de nuevo con los ayuntamientos el real decreto sobre los remanentes municipales, si bien ha asegurado que el actual es un "gran acuerdo".

Tras su despacho con el rey Felipe VI en el palacio de Marivent y en rueda de prensa, Sánchez ha asegurado que su Gabinete tiene la "máxima disponibilidad" y "la mano tendida" con todas las instituciones y, "singularmente, con los ayuntamientos", para negociar y dialogar.

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Iván Gil

Ha recordado que el decreto aprobado con la FEMP y validado en el Consejo de Ministros sobre el superávit municipal tiene su origen en una ley aprobada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que impedía incurrir en déficit público a las corporaciones municipales y usar sus remanentes y que el decreto aprobado permitirá el uso de 5.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica.

No obstante, ha añadido, "siempre estamos dispuestos a dialogar" con las fuerzas sociales, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos.

"Siempre hemos tenido voluntad de acuerdo con todas las instituciones -ha continuado- y, singularmente, con los ayuntamientos. Siempre hemos tenido la mano tendida y con los que vamos a seguir negociando".

Sánchez ha precisado que el acuerdo actual permite el uso de 5.000 millones de los superávit, contempla un fondo de compensación para los ayuntamientos que tienen dificultades financieras y otro fondo, de 400 millones, para compensar "el agujero" en las arcas municipales por el no uso del transporte durante el período del confinamiento.

A pesar de ser un "gran acuerdo", el presidente del Gobierno ha indicado que están dispuestos a negociar con las corporaciones y con los grupos parlamentarios para aprobar el acuerdo en el Congreso.

Ha asegurado tener un "compromiso firme" con estas instituciones, "olvidadas durante mucho tiempo" y a las que quiere dar un "papel protagonista" en la recuperación económica y social futura.

Montero defiende el acuerdo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tildó de "histórico" el acuerdo de la FEMP con el Gobierno por el que se distribuirán 5.000 millones entre los ayuntamientos que hayan transferido al Estado sus remanentes, y atribuyó a una "estrategia de desgaste" la reacción del PP.

En declaraciones a los periodistas en Rota (Cádiz), Montero considera que la campaña auspiciada por el PP contra dicho acuerdo se debe a una "estrategia de desgaste que perjudica el municipalismo". Subrayó que "esta es la primera vez que el Gobierno pone una solución sobre la mesa para el uso de remanentes, que está limitado constitucionalmente y por la ley orgánica de estabilidad".

"Los ayuntamientos no puede incurrir en déficit y lo que hemos hecho es plantearles que no estén sujetos a la regla de gasto y la posibilidad de recibir 5.400 millones de euros en dos años, a cambio de ceder esos remanentes al Estado con préstamos de diez años o superiores. No puedo entender esas críticas cuando estamos consiguiendo evitar un límite institucional haciendo que el Gobierno se quede con el déficit de los ayuntamientos e inyectamos más de 5.000 millones para programas de ayuda a domicilio, o de agenda urbana de los ayuntamientos", aseguró Montero.

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EFE

El PP lo compara con un "corralito"

El vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), que "rectifique" el decreto sobre los remanentes municipales, que considera "discriminatorio" y "un chantaje", además de "una suerte de corralito de fondos públicos".

González Terol, que ha intervenido en Santander en una reunión con responsables de corporaciones locales del PP para abordar este tema, ha afirmado que ese decreto "solo se puede calificar como un chantaje". El PP, según ha recalcado, no lo apoya porque "no responde" a las peticiones de las entidades locales, "excluye" al mundo rural, "hipoteca" las inversiones de futuro de las entidades locales "y destruye la autonomía municipal".