Bruselas pone el foco en las reformas que comprometen el futuro de jóvenes y niños
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Subida de impuestos y pensiones

Bruselas pone el foco en las reformas que comprometen el futuro de jóvenes y niños

España tendrá que informar a la Comisión de cómo afectará la reforma de pensiones y la subida de impuestos a los que hoy son los grupos sociales más desfavorecidos, jóvenes y niños

Foto: El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. (EFE/Riccardo Antimiani)
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. (EFE/Riccardo Antimiani)
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El Gobierno y la Comisión Europea han acordado la metodología para que el Gobierno rinda cuentas sobre las inversiones y las reformas comprometidas en el marco del plan de recuperación. Bruselas quiere garantizar el cumplimiento de los hitos para liberar los fondos, pero en esta ocasión va más lejos: no solo quiere asegurar la aprobación de las leyes, sino conocer cuál será su impacto económico y social. Como ha dicho en innumerables ocasiones la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta vez no es como las anteriores, no bastará con justificar la ejecución del gasto, sino que habrá que demostrar el cumplimiento de los objetivos que se persiguen.

El objetivo principal de todo este proceso es garantizar la transformación del modelo productivo para conseguir la transición ecológica y digital. Pero para Bruselas también es clave cumplir otros objetivos secundarios con estos fondos. Uno de los que preocupan es la situación de los grupos sociales más vulnerables que, de acuerdo con las estadísticas, son los jóvenes y las familias con niños, que sufren las tasas de pobreza más elevadas.

Foto: El Comisario de Economía, Paolo Gentiloni. (Reuters/Pool/Francois Badias)

La Comisión Europea ha exigido a España que detalle el impacto de dos de las reformas más importantes, las de pensiones y fiscal, en estos grupos de edad. Así se recoge en el documento firmado esta semana entre el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Bruselas quiere cerciorarse de que las medidas actuales que apruebe el Gobierno no hipotecan el futuro de los más jóvenes durante las próximas décadas.

En el caso de la reforma de las pensiones, la Comisión Europea ha aceptado que el Gobierno derogue el factor de sostenibilidad introducido en el año 2013 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trataba de una herramienta que introducía una penalización en el cálculo de la pensión inicial de los trabajadores (cuando se jubilan) creciente a medida que aumente la esperanza de vida. Pero, a cambio, reclama la puesta en marcha de otro factor compensatorio para los jóvenes que el Gobierno ha bautizado como mecanismo de equidad intergeneracional.

España se ha comprometido con Bruselas a justificar que este mecanismo garantiza la equidad entre generaciones. Esto es, que no caerá sobre los que hoy tienen menos de 40 años todo el coste de las pensiones de la generación del ‘baby boom’. España se ha comprometido a remitir a la Comisión Europea un “informe que demuestre que la equidad intergeneracional está garantizada”.

España tiene que demostrar que la "equidad intergeneracional está garantizada"

El Ministerio de la Seguridad Social ya está negociando con los agentes sociales el diseño de este mecanismo de equidad: Sin embargo, las conversaciones están aún lejos de fructificar. Su propuesta pone como prioridad elevar las cotizaciones de los trabajadores durante los próximos 10 años para destinarlas al ahorro en la ‘hucha de las pensiones’. Estos recursos permitirían financiar una parte del gasto en las pensiones de la generación del ‘baby boom’ a partir del año 2032. Sin embargo, la propuesta de cuotas del Gobierno, del 0,6% de la base de cotización, permitiría recaudar unos 25.000 millones de euros, una cifra que, a día de hoy, apenas cubre dos meses y medio del gasto en pensiones contributivas.

Estas cotizaciones extraordinarias supondrían un esfuerzo adicional para todos los trabajadores, no solo los de la generación del ‘baby boom’, por lo que es difícil que esto pueda garantizar la equidad intergeneracional. El Gobierno ha planteado en su propuesta una segunda palanca de acción en el caso de que la primera sea insuficiente para contener el déficit, la reducción del gasto en pensiones por valor de hasta el 0,4% del PIB. En términos actuales, cuatro décimas del PIB equivalen a unos 6.000 millones.

En 2032, la mayor parte de los jubilados no serán de la generación del ‘baby boom’, ¿ellos también soportarán una reducción de la pensión?

Este instrumento sí podría contribuir a la equidad intergeneracional, aunque el Gobierno no ha presentado aún la letra pequeña: en qué consistiría exactamente la limitación del gasto. Por ejemplo, en 2032, la mayor parte de los jubilados no serán de la generación del ‘baby boom’, ¿ellos también tendrán que soportar una reducción de la pensión?

Los impuestos a las familias

Otra de las grandes reformas comprometidas por el Gobierno es la subida de impuestos para acercar la recaudación de España a la media europea. El Ejecutivo se ha comprometido a tocar una serie de tributos, entre los que destacan el peaje de las autovías, al diésel, la presión fiscal sobre la riqueza, el impuesto de matriculación, etc.

La Comisión Europea ve con buenos ojos que España vaya a elevar la presión fiscal, de hecho, lleva años pidiendo que se aborden algunos de los beneficios fiscales que aplica el país, como es el caso de la cantidad de bienes y servicios que tributan por el IVA reducido. Sin embargo, quiere conocer en detalle cómo afectará a los diferentes grupos sociales la subida de impuestos, ya que la mayoría rascarán directamente el bolsillo de las clases medias y bajas.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

La Comisión Europea ha reclamado a España, y así está recogido en el acuerdo, que tiene que elaborar un “análisis del impacto distributivo” de la subida de impuestos “con atención particular en las familias con hijos”. Este es el gran foco de pobreza que tiene España actualmente y Bruselas no quiere que ninguna medida pueda perjudicar más sus rentas. De hecho, continuamente ha recomendado a España que oriente sus políticas fiscales para ayudar a las familias.

En el componente de la reforma de pensiones hay otro punto polémico: la ampliación de los años que se utilizan para el cálculo de la pensión inicial cuando un trabajador se jubila. En el año 2022, España llegará a la cota de los 25 años para el cálculo de la pensión y finalizará el despliegue de esta parte de la reforma del año 2011. El Gobierno propuso inicialmente a Bruselas seguir elevando este periodo hasta llegar a 35 años. Como habitualmente los trabajadores van ganando poder adquisitivo con la edad, utilizar más años para el cálculo de la pensión supone, 'de facto', una reducción de la misma.

El documento apunta que se "extenderá el periodo de cómputo para la pensión"

La propuesta fue rechazada de plano por Unidas Podemos, sindicatos y una buena parte de la sociedad, por lo que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, decidió retirarla. Sin embargo, en el documento técnico acordado esta semana con Bruselas sí se incorpora esta medida como uno de los compromisos de España para garantizar la sostenibilidad del sistema. En concreto, apunta que se “extenderá el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”. Una sorpresa que nadie esperaba en este documento.

Otra de las reformas importantes que España tiene por delante es la del mercado laboral. Mientras en el seno del Gobierno parece que se han calmado las tensiones y hay compromiso en 'derogar' la reforma laboral, los compromisos con Bruselas son muy diferentes. En ningún momento se apunta a la derogación de ningún texto legislativo actual, sino a diferentes modificaciones.

Lo que sí apunta claramente es que la reforma laboral deberá garantizar el “equilibrio entre las necesidades de flexibilidad y de seguridad en el mercado laboral”. Y para conseguirlo, el Gobierno deberá “respetar el diálogo social”, en el que están representadas las posiciones de las empresas y de los trabajadores.

El Gobierno y la Comisión Europea han acordado la metodología para que el Gobierno rinda cuentas sobre las inversiones y las reformas comprometidas en el marco del plan de recuperación. Bruselas quiere garantizar el cumplimiento de los hitos para liberar los fondos, pero en esta ocasión va más lejos: no solo quiere asegurar la aprobación de las leyes, sino conocer cuál será su impacto económico y social. Como ha dicho en innumerables ocasiones la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta vez no es como las anteriores, no bastará con justificar la ejecución del gasto, sino que habrá que demostrar el cumplimiento de los objetivos que se persiguen.

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