baraja retocar el texto para limitar sanciones

El Gobierno recula y no retirará de la ley mordaza las multas por fotografiar a policías

El Grupo Socialista descarta ahora eliminar las multas por tomar imágenes y datos de agentes de las Fuerzas de Seguridad y únicamente modificará el texto para evitar sanciones "desproporcionadas"

Foto: Protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana. (EFE)
Protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana. (EFE)

El Gobierno ha renunciado a eliminar uno de los artículos más controvertidos de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP en 2015. Ninguna de las enmiendas que acaba de presentar el Grupo Parlamentario Socialista en la comisión del Congreso que estudia la reforma de esa ley plantea que se suprima el apartado que contempla sanciones por “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”, una de las novedades que introdujo en la norma el Gobierno de Mariano Rajoy.

En concreto, la ley especifica en su artículo 36.13 que la toma de fotografías o datos de los agentes supondrá una sanción de carácter grave castigada con una multa económica de entre 601 y 30.000 euros, recurrible por la vía administrativa. Fue uno de los puntos que alentaron que la norma fuera bautizada en la calle por los movimientos más contestastarios con el sobrenombre de ley mordaza, con el argumento de que limitaba la denuncia de comportamientos policiales abusivos. El propio Pedro Sánchez firmó en 2015 un recurso contra ley ante el Tribunal Constitucional que censuraba expresamente ese artículo y posteriormente convirtió la derogación de la norma en uno de los ejes programáticos de su campaña en las dos últimas generales.

Sin embargo, como ha desvelado este diario, ahora que está en el Gobierno el PSOE aboga únicamente por realizar algunas modificaciones parciales del texto. Por ejemplo, propone legalizar las manifestaciones espontáneas”, la colocación de “obstáculos” o barricadas en la vía pública y la realización de “pintadas” o “grafitis”. Por contra, no se plantea por el momento retocar artículos tan polémicos como la disposición final segunda que ampara las devoluciones en caliente, otra de sus promesas electorales.

La captación no autorizada de datos e imágenes de policías también se mantendrá en la ley, han adelantado a El Confidencial fuentes del Grupo Socialista. Lo que sí está entre sus prioridades es retocar la redacción del artículo para que solo se aplique a situaciones especialmente graves. Para ello, la formación tomará como referencia la instrucción que remitió la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior el pasado octubre a todos los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado para matizar que “la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes” no es suficiente para que sea una infracción grave.

La instrucción añade que, en todos los casos en los que se aplique ese punto de la Ley de Seguridad Ciudadana, los policías y guardias civiles deberán especificar en las actas o denuncias “con el mayor detalle que sea posible el peligro o riesgo generado y los medios que lo hayan provocado”. La secretaria de Estado de Seguridad explicó en el Congreso que el objetivo de la instrucción es evitar que se produzcan “diferencias de criterio” que den lugar a “desproporcionalidades y situaciones extremas” que ni garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos ni la necesaria protección de los agentes. Esa será la referencia que utilizará el Grupo Parlamentario Socialista para modificar ese punto de la ley.

Cualquier medida que restrinja la aplicación de la norma se encontrará enfrente a los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que en 2015 presionaron al PP para que incluyera esa sanción en la Ley de Seguridad Ciudadana y ya han expresado su rechazo a la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad. Las cuatro organizaciones más representativas de la Policía —SUP, CEP, UFP y SPP— aseguran en un comunicado conjunto que esa orden “somete” a los agentes “a un entorno de mayor riesgo” ante “intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución por el ejercicio de sus funciones”.

Los sindicatos recuerdan que la ley recogió “una demanda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de apabullante consenso: proteger mejor a nuestros compañeros frente a un uso indebido, por particulares, de sus imágenes con un fin que pusiera en riesgo su seguridad y la de su familia”. “La imagen de un policía de servicio tomada mediante un dispositivo de grabación constituye un dato de carácter personal, según la pacífica interpretación de órganos judiciales. Y su inclusión en redes sociales o soportes de internet de cualquier tipo supone, además, un tratamiento no autorizado”, terminan.

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