El PSOE planea legalizar las manifestaciones espontáneas, los grafitis y las barricadas

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la comisión del Congreso que estudia la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP en 2015 —también llamada ley mordaza— una batería de enmiendas que introduce cambios significativos en la norma. El partido del Gobierno aboga por legalizar las manifestaciones que se produzcan de forma espontánea, aunque no se hayan comunicado previamente a la autoridad competente, dejar impune la “obstaculización de la vía pública” con barricadas y eliminar las sanciones a las “pintadas” o “grafitis” en bienes públicos y privados que se encuentren en la calle, según recogen las enmiendas presentadas por los socialistas a puerta cerrada y a las que ha tenido acceso El Confidencial.

Las iniciativas permiten conocer por fin la postura de Pedro Sánchez en torno a una ley que prometió derogar cuando estaba en la oposición y que ahora solo aspira a retocar parcialmente. Por ejemplo, las enmiendas no contemplan la supresión de las devoluciones en caliente, uno de los aspectos más controvertidos de la Ley de Seguridad Ciudadana y cuya eliminación se convirtió en uno de los ejes programáticos del PSOE en las generales de 2015 y 2016. En este momento, el Grupo Socialista rechaza su derogación y únicamente apuesta por “una reflexión que debe realizarse en el marco de la reforma del régimen de extranjería en España”, sin fijar plazos. Lo cierto es que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha utilizado la aplicación de esta medida para contener la inmigración ilegal en Ceuta y Melilla.

Permite protestas como las anti-Vox

Con todo, el grueso de las enmiendas defendidas por el PSOE afecta de lleno a varios de los artículos que introdujo el PP para endurecer y actualizar la ley que estaba en vigor desde 1992 para combatir la inseguridad ciudadana y los desórdenes públicos por la vía administrativa. Una de las novedades que ha llevado el Ejecutivo a la Cámara Baja es la introducción de un cuarto apartado en el artículo 23 de la norma, referente a las “reuniones y manifestaciones”, que establece que “no constituirá ilícito administrativo la celebración en lugares de tránsito público de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta, siempre que no perturben la seguridad ciudadana, o lo hagan de manera poco relevante”.

En la práctica, la medida supone eliminar el requisito de que las manifestaciones tienen que ser comunicadas con antelación a las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno correspondientes, como establece el artículo 21.2 de la Constitución, aunque la aprobación no sea preceptiva para que la protesta pueda celebrarse. El Grupo Socialista justifica esta enmienda en la necesidad de “prever un supuesto que se produce en algunas ocasiones, como es la celebración de reuniones o manifestaciones, en muchos casos espontáneamente, derivadas de una situación que la sociedad o un sector de la misma considera trascendente y no admite demora”.

Ese sería el caso, por ejemplo, de las protestas que se produjeron el pasado lunes y este martes en varias ciudades andaluzas como reacción a los resultados que cosechó Vox en las elecciones autonómicas del domingo. Con la norma actual, los promotores de esas movilizaciones podrían haber sido sancionados por una infracción de carácter leve, que conlleva multa de entre 100 y 600 euros. En cambio, con el apartado que propone el PSOE, ese tipo de manifestaciones no serían perseguibles. Solo cuando se produjera una alteración “relevante” de la “seguridad ciudadana”.

Deja impune los obstáculos en la vía pública

El Grupo Socialista también ha promovido una enmienda para eliminar del apartado tercero del artículo 36 una frase que implica castigar como infracción grave, perseguida con multa de entre 601 y 30.000 euros, la “obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos”, es decir, barricadas improvisadas para dificultar la circulación de personas y vehículos. Esta fue una de las medidas que introdujo el PP con respecto a la ley de 1992. La impulsó a petición de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, que se quejaban de que los grupos radicales colocaban barreras para limitar los movimientos de sus agentes. La enmienda número 10 del Grupo Socialista apuesta por suprimir el castigo a esa modalidad de protesta.

Otra de las enmiendas de la formación de Pedro Sánchez a que ha tenido acceso El Confidencial implica que deje de considerarse infracción leve el “deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles en la vía pública”, como estipula la norma desde 2015. Como admite el PSOE, esa redacción se refiere implícitamente a las “pintadas” o “grafitis” que se realizan en la calle. Lo que el partido propone es que solo sean perseguibles cuando ocasionen daños de carácter grave, como por ejemplo, cuando se efectúen “sobre monumentos o bienes especialmente protegidos”. En el resto de casos quedarían impunes. Lo mismo ocurriría con los “daños” ocasionados en “bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles en la vía pública”. Con el nuevo texto, solo se perseguirían cuando el deterioro pueda ser considerado de carácter grave.

Coincidencias con el PP

En otros puntos, el PSOE ha apostado por mantener e incluso reforzar la redacción promovida por el PP. Así ocurre por ejemplo con su enmienda para incluir la “tenencia” de “armas prohibidas” y “explosivos en general” entre las conductas sancionables por infracción muy grave, multadas con entre 30.001 y 600.000 euros. El articulado actual persigue la “fabricación”, “reparación”, “almacenamiento” y “adquisición”, entre otras actividades, pero no contempla la “tenencia”. En cuanto a las armas, la ley se refiere únicamente en estos momentos a las “armas reglamentarias” y los “explosivos catalogados”. El Grupo Socialista pide que se amplíe el espectro del material perseguible.

En el mismo sentido, el PSOE defiende que la Ley de Seguridad Ciudadana siga sancionando como infracción grave “el traslado de personas para facilitar a estas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”, es decir, las llamadas 'cundas', otras las novedades introducidas en 2015. “Este tipo de transporte presenta varios elementos que lo hacen relevante para la seguridad pública: en primer lugar, se realizan en vehículos con unas condiciones de seguridad muy deficientes; en segundo lugar, su finalidad es trasladar a los adictos a zonas donde se están cometiendo actos delictivos, como el tráfico de sustancias estupefacientes, y en tercer lugar, su actividad tiene por finalidad permitir a estas personas el acceso a sustancias que están deteriorando su salud y, con carácter general, la salud pública”, justifican los socialistas.

La redacción de las enmiendas no es definitiva. El grupo parlamentario del Gobierno deberá negociarlas ahora con el resto de formaciones para conseguir un apoyo mayoritario. Lo que no va a apoyar el PSOE es la derogación de las devoluciones en caliente, a pesar de que era uno de los pilares de su oposición al Ejecutivo de Rajoy. En una de sus enmiendas, la número 24, se opone a suprimir la disposición final segunda de la Ley de Seguridad Ciudadana que da cobertura a la entrega automática en frontera. Los socialistas consideran en la actualidad que la modificación de ese punto “requiere una reflexión que debe realizarse en el marco de la reforma del régimen de extranjería en España”, sin fijar una fecha concreta para esa supuesta reflexión. Grande-Marlaska ha defendido la utilidad de esta medida y las Fuerzas de Seguridad del Estado la han seguido empleando para responder a las entradas ilegales en las vallas de Ceuta y Melilla.