El Gobierno defiende ahora que su reforma cierra la vía electoral a los líderes del 'procés'

A un día de que entre en vigor la reforma del Código Penal para favorecer a los condenados por el procés, el Gobierno cambia su argumentario para defender que las penas de inhabilitación incluso podrían ser mayores y cerrarles la puerta para presentarse a las elecciones. Según apuntaba esta mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en TVE, el Código Penal ahora establece penas de inhabilitación tanto para los desórdenes públicos agravados como para la malversación, de tal manera que, "sumando esas dos penas, suma la posibilidad de que haya 14 años de inhabilitación". Eso sí, no ha censurado la estrategia de los líderes independentistas catalanes condenados en el Supremo por su papel en el desafío secesionista, que, como adelantaba ayer El Confidencial, preparan ya sus escritos para solicitar su absolución ante el alto tribunal tras la supresión del delito de sedición pactada con ERC.

El titular de la Presidencia ha tratado de este modo de despejar la responsabilidad del Ejecutivo tras la reforma, endureciendo el discurso sobre los beneficios a los independentistas, y trasladarla a la interpretación que hagan los tribunales. Concretamente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al ser el competente. Según subrayó Bolaños en la entrevista recogida por Europa Press, es a quien le corresponde interpretar si procede reducir la pena respecto al Código Penal anterior en materia de inhabilitación o si, por el contrario, corresponde la aplicación de la disposición transitoria —que busca limitar la retroactividad— manteniendo los 13 años que están dentro del umbral de las penas que se han establecido. A partir de ahí, ha señalado el ministro que las partes defenderán a sus clientes y los jueces deberán aplicar la ley.

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Este párrafo incluido en la exposición de motivos de la reforma a la que aludía Bolaños para actuar de seguro, que solamente recalca la voluntad del legislador, es a la que se aferra el Ejecutivo para negar que vayan a producirse rebajas de penas a condenados por corrupción. Se refleja así que si se adopta esta interpretación para cerrar la vía electoral a los condenados del procés, será igual para los condenados por corrupción, cuyos abogados soliciten reducción de penas con base en la reforma de la malversación.

Los abogados de los condenados no lo ven así y entienden que la malversación, al estar vinculada a la sedición, también decaería por estar vinculada al delito de sedición que ahora desaparecerá del Código Penal. La estrategia de los abogados de los líderes del procés pasa por presentar escritos de manera individual, pero apelando a los mismos argumentos para conformar un frente jurídico común ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que preside el juez Manuel Marchena. Las principales condenas dictadas en 2019 fueron por el delito de sedición en concurso medial con la malversación de fondos públicos. Es decir, el uso del dinero de la Generalitat para financiar el 1-O y el desafío soberanista.

En el caso de que esa vía no prosperase, las mismas fuentes consultadas por este diario plantean de manera alternativa pedir que se les aplique el nuevo artículo 433 del Código Penal. En este caso, tienen la mirada puesta en la pena de inhabilitación impuesta en la sentencia de 2019. Según sus cálculos, tras la reforma del Código Penal se quedaría con una inhabilitación y una multa menor. Alguno de los abogados consultados ya tiene el escrito redactado a falta de las últimas revisiones.

Su previsión es que el Tribunal Supremo les dará traslado en los próximos días atendiendo a la reforma. En ese momento, las partes, tanto la Fiscalía como los abogados, tienen que presentar sus informes. Será entonces cuando eleven sus escritos. Las fuentes jurídicas consultadas no conciben la aplicación de los desórdenes públicos porque a su juicio atentaría contra el principio absolutorio y los obligaría a elaborar una defensa distinta por la que se realizó el juicio.

Ve "lógico" que pidan su absolución

A lo que no se ha opuesto el ministro de Presidencia es la estrategia de los líderes independentistas para solicitar su absolución ante el alto tribunal tras la supresión del delito de sedición. Es más, el ministro Bolaños ve "lógico" que los abogados de los condenados por el procés pidan su absolución cuando este jueves entre en vigor la reforma del Código Penal. Así lo ha manifestado en la mencionada entrevista, asegurando, además, que estas peticiones se corresponden con el funcionamiento "absolutamente normal" después de una reforma del Código Penal por la que se ha modificado la tipificación de los hechos que ocurrieron en el año 2017 en Cataluña.

Bolaños ha recalcado que le corresponde ahora a la Sala Segunda revisar la condena de inhabilitación porque la de prisión ya fue indultada. "Ahora son unos hechos y tipología diferentes y, por tanto, lo que procede es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pueda revisar la condena de inhabilitación porque la condena de prisión ya fue indultada", ha apuntado el ministro.