La rebaja de penas por corrupción abre a Sánchez otro frente de desgaste electoral

La reforma de la malversación amenaza con producir una cascada de revisiones de condenas a corruptos en plena precampaña de las municipales y autonómicas. Antes incluso de que hayan transcurrido los 20 días estipulados desde la aprobación de la norma para su entrada en vigor, el juez instructor del caso Acuamed ya ha solicitado a la Fiscalía que analice las penas que tenía previsto reclamar atendiendo a los cambios en este delito. Un escenario que anticipa un aluvión de peticiones en la misma línea durante las próximas semanas y las consiguientes posibles reducciones a las puertas de los comicios de mayo. Se trata, precisamente, de lo que temían la mayoría de barones del PSOE por el evidente riesgo de desgaste en las urnas. Una posibilidad que tampoco descartaba un ministro socialista tras aprobarse la ley, asumiendo que en este caso se generaría un "daño a la imagen del Gobierno" con consecuencias electorales imprevisibles.

El desgaste por la revisión de condenas a agresores sexuales, con base en la ley del solo sí es sí, se señaló primero por los barones, se reconoció después en el grupo parlamentario y, finalmente, se ha asumido también en Ferraz. La presión para que se corrija este texto va en aumento desde las federaciones, mientras que los dirigentes territoriales ya han puesto las espadas en alto por los efectos que pueda tener la reforma de la malversación. En este caso, por el daño de que se responsabilice a su partido de pactar con ERC una modificación que acabe beneficiando a corruptos.

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La voz de alerta no se limitó solo a los barones más críticos. El candidato madrileño Juan Lobato, afín a Ferraz, advertía la pasada semana en una entrevista con Servimedia de que el Gobierno deberá corregir “errores” y asumir “responsabilidades” si la reforma del delito de malversación acaba provocando la excarcelación de corruptos, aunque este martes ha tratado de ceñirse el argumentario del Ejecutivo y reivindicar que "los corruptos, ni un día menos de condena por llevarse dinero público". El también afín a la dirección, el castellanoleonés Luis Tudanca, fue otro de los que se manifestaron en contra de la modificación.

Como en el caso de la ley del solo sí es sí con los agresores sexuales, el Gobierno se aferra a una disposición transitoria que acompañó la reforma, para limitar la retroactividad. Con esta medida y la inclusión de tres tipos de malversación en el Código Penal, para rebajar la horquilla de penas solo en las actuaciones en que se dé al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado, se fueron aplacando las voces de alerta dentro del partido. Sin embargo, la amenaza de que se abra igualmente la puerta a la revisión de sentencias ha quedado patente este martes con la primera petición de un juez. Una amenaza para la lucha contra la corrupción y para los intereses electorales de los socialistas, que suman otro posible frente de desgaste tras la polémica por la ley de Irene Montero.

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Fuentes del Ejecutivo insistían tras conocerse el auto que "ningún ladrón va a salir de la cárcel". Estas mismas fuentes hacen más hincapié en la "no despenalización" del delito y en sus diferentes tipos que en la posibilidad de que se produzcan rebajas de condenas en los casos sin lucro personal. Eso sí, nadie en el Gobierno se atreve a ser contundente negando que vayan a producirse reducciones de penas. "No se deberían producir rebajas", indicaban este martes en la Moncloa, utilizando el condicional y sin poner la mano en el fuego.

El manual de comunicación del Gobierno para afrontar esta amenaza vuelve a ser el mismo que el utilizado con la ley del solo sí es sí. El mensaje es que el espíritu de la norma en ningún caso es tolerante con la corrupción, sino "todo lo contrario". "Este Gobierno, tolerancia cero contra la corrupción", subrayaba la portavoz, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "La reforma del Código Penal va dirigida a no despenalizar ningún tipo de malversación", añadía.

Alejar el foco electoral de la clave nacional

Haya o no un goteo de revisiones de sentencias, en Ferraz ya admitían antes del lunes el efecto desmovilizador en sus votantes de la reforma en el Código Penal del delito de malversación y la supresión del de sedición, para sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados. "Evidentemente, son menos movilizadores que las medidas sociales", resumían fuentes de la dirección, aun señalando su carácter coyuntural. Un bache por el que explican su retroceso en las últimas encuestas. Su lectura, con todo, es optimista, al asegurar que "nosotros todavía tenemos mucho margen" de movilización del electorado progresista frente al conservador, que consideran "hipermovilizado".

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El problema añadido de la revisión de sentencias para la campaña diseñada por Ferraz es que se ponga el foco en asuntos nacionales, al margen de la evolución económica y de las medidas sociales del Ejecutivo, en lugar de la gestión en los territorios. El acuerdo implícito entre los barones y Sánchez pasa por dotar de independencia a los candidatos para las autonómicas y ceñirse a un "papel de acompañamiento y colaboración con los territorios que lo soliciten". Esto es, dar vía libre a los territorios, después de que los barones hayan comenzado a distanciarse y prediseñado sus propias campañas, anteponiendo su gestión a la del Gobierno de coalición. Su marca personal por encima de las siglas, que pretenden dejar por regla general en un segundo plano.

La intención de alejar el foco de la clave nacional se basa en que, según los trackings territoriales del PSOE, todos sus presidentes autonómicos salen reforzados de esta legislatura. Para preservar su poder territorial, se busca una campaña muy centrada en la gestión de sus presidentes autonómicos y su propio liderazgo. Algo reclamado por los barones y otorgado por Ferraz, que además tampoco organizará una convención autonómica para lanzar la campaña, ante el rechazo de los territorios. Desde la dirección, se reconoce que los barones prefieren celebrar sus propias convenciones en sus comunidades autónomas, en lugar de una conjunta dirigida por Ferraz. No habrá, por tanto, foto conjunta con Sánchez, como ya vienen rechazando desde los últimos meses.