Operación Marta Rovira: ERC busca aupar a su líder fugada en las próximas autonómicas

Un objetivo y ocho meses para ejecutarlo. La reforma de la sedición que negocia ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez tiene como meta principal la promoción política de la huida Marta Rovira. Fuentes cercanas al partido independentista aseguran que Esquerra quiere que la prescripción máxima del delito sea de cinco años con el objetivo de presentar a su secretaria general como candidata en las próximas elecciones autonómicas en un puesto de primera fila. Rovira, que huyó a Suiza en 2017, quedaría libre de responsabilidad penal en julio de 2023, calculan. Con esa amenaza borrada, no solo podrá regresar y eludir la cárcel, sino también concurrir en los comicios como complemento de Pere Aragonès.

La situación de Rovira es distinta a la de Carles Puigdemont. En el momento en el que se produjeron los hechos, no tenía cargo alguno en el Govern, aunque sí en el partido y en el Parlament, donde era diputada. No manejó, por ello, prepuestos ni dio órdenes para que las consejerías destinaran dinero público a la organización del 1-O. Está acusada exclusivamente por sedición sin que la amenace del segundo delito que sí pesa contra el expresident: la malversación. Por ello, desde Junts, la medida no se ve con buenos ojos y la crítica permanente es la de que, en la práctica, solo saldría beneficiada la republicana.

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Esquerra es consciente de que el delito de malversación por el que fue condenado su líder Oriol Junqueras le aleja, de momento, de un regreso a la política. Ve más factible promocionar a Rovira, fugada a Suiza en los inicios del recorrido judicial sobre el 1-O, indican fuentes jurídicas consultadas. Además, la secretaria general cuenta con la plena confianza del presidente que se reserva para sí mismo la dirección organizativa del partido, alejado, de momento, del desempeño de cargos públicos. Las autonómicas aún no tienen fecha y convocarlas depende por completo de ERC, que preside en solitario la Generalitat tras romper con sus socios.

La formación es consciente de las dificultades de su plan. Para empezar, se requeriría que la pena máxima por sedición no superara los cinco años. Los plazos de prescripción de un delito varían según las penas que le corresponden y se ajustan a la pena máxima que se otorgue al ilícito. Una vez transcurrido el periodo en cuestión, se acaba la responsabilidad penal fijada por ley.

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Las fuentes consultadas aseguran que, en el caso de Rovira, la fecha desde la que debe comenzar a contarse el plazo es la retirada por parte del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de la orden internacional de detención dictada en un inicio en su contra. El magistrado la desactivó en julio de 2018, de forma que los cinco años deseados por ERC acaban en 2023. Fuera de la negociación con el Gobierno, que el Ejecutivo niega que se esté produciendo, la defensa de la huida lleva meses analizando las posibilidades de la prescripción, ya que, al margen de las aspiraciones políticas de Rovira, su deseo urgente es regresar a Cataluña.

La de Esquerra lleva fuera de España desde que, en marzo de 2018, escapara de España coincidiendo con su citación por parte del Tribunal Supremo. Sus compañeros de partido y los de Junts que sí acudieron a la comparecencia del TS fueron enviados a prisión provisional. No saldrían de la cárcel hasta que el Gobierno les concedió el indulto. El antecedente de otras fugadas que han vuelto, como Meritxell Serret o Anna Gabriel, ha servido de acicate a Rovira, pero su situación es completamente diferente. Mientras las dos primeros estaban investigadas por desobediencia, que no lleva aparejada penas de prisión, la secretaria general de ERC lo está por sedición.

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Junqueras no se vería beneficiado porque, aunque se le restarían años de la pena indultada, se le condenó en concurso medial con una malversación agravada. El Código Penal establece que las condenas impuestas de este modo establecen que la pena debe ser superior a la fijada para el delito más grave de los dos impuestos. Si la sedición baja, el más grave sería la malversación. La pena para esta es de cuatro a ocho años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación, y se incrementa aún más si la cantidad malversada ha superado los 250.000 euros.

Desproporción de penas

Respecto al descenso de la pena por este delito, las fuentes consultadas aseguran que se ha descartado introducir un subtipo más leve que sirva para regular alzamientos públicos en los que el uso de la fuerza que indica el artículo no se traduzca en un empleo de las armas. La idea que se baraja es la de disminuir la cuantía de las penas del tipo completo y combinarlas para casos de mayor gravedad con la rebelión, que precisa de un uso de la violencia. Distinguir entre ambos supuestos es uno de los problemas con los que se está encontrando el Gobierno.

Otra de las dificultades es la proporción con otros delitos como el atentado contra la autoridad o los desórdenes públicos que, si la sedición baja a un máximo de cinco años, se castigarían con condenas similares. El principio de proporcionalidad de penas obliga a que la gravedad de la pena impuesta se imponga en función "de la entidad de la lesión jurídica perpetrada". Desde el terreno jurídico ya se ha avisado de que una bajada excesiva puede crear situaciones en las que cosas como la agresión de un paciente a un doctor por no ser atendido a tiempo, penada ahora mismo con hasta seis años, sea comparable en condena a la sedición, un alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.