Así planeó la huida Marta Rovira: lo intentó el miércoles pero el Pleno se lo impidió

Marta Rovira no tomó precipitadamente —horas antes de su cita judicial en el Tribunal Supremo— la decisión de huir de España. La providencia del juez Pablo Llarena en la que la citaba junto a otros cinco acusados para revisar su libertad con fianza desató sus temores de ingresar en la cárcel y provocó que se decidiera por abandonar el territorio nacional. Nada se lo impedía ya que era la única de los que debían comparecer el viernes a la que no se había retirado el pasaporte. Un testigo asegura a El Confidencial que la secretaria general de ERC fue vista el miércoles en la zona internacional del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, poco después de que el magistrado anunciara su decisión de procesarla y emplazarla en el Supremo.

La líder de Esquerra se encontraba aquel día en una cafetería situada en el área de embarque, es decir, fuera del acceso de los visitantes de la terminal aérea que carecen de billetes. La acompañaba, según la descripción ofrecida por la fuente mencionada, un hombre de cabello castaño. No obstante, algo frustró su intención de viajar ese día. La jornada fue intensa y los acontecimientos se precipitaron y acabaron con el anuncio de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, convocaba un pleno de urgencia 24 horas después, el jueves, para tratar de investir al tercer candidato propuesto desde las elecciones del 21-D, Jordi Turull.

Durante la mañana del jueves, día en que debía celebrarse la investidura, fuentes de su partido llegaron a informar que no asistiría e iba a ser sustituida por su compañero Sergi Sabrià. El motivo que se dio entonces fue que debía emprender el camino hacia Madrid, donde el juez la esperaba al día siguiente a primera hora. En aquel momento su ausencia injustificada hubiera restado un voto a la exigua mayoría independentista.

Durante su primera cita en el Tribunal Supremo el abogado de la dirigente de ERC ya desveló ante el juez que quería abandonar la política

No obstante, a una hora del inicio del Pleno, a las cuatro de la tarde, se incorporó a la reunión de urgencia que convocó ERC en una sala del Parlament. Siguió después todo el desarrollo de la sesión, sentada tras el candidato con chaleco negro y camisa blanca. Lazo amarillo y chapa con el rostro de Junqueras en la solapa, conversó en varias ocasiones con Turull. Al término anunció, junto a Dolors Bassa y Carme Forcadell, que renunciaba al escaño por recomendación de sus abogados.

No era la primera vez que lo hacía. Durante su primera cita en Supremo el abogado de la dirigente de ERC ya desveló ante el juez que quería abandonar la política y que no lo había hecho para no descabezar el partido tras el ingreso en prisión de Junqueras. Aquel día, el 19 de febrero, experimentó lo que es enfrentarse a una vistilla de medidas cautelares. En aquel momento la Fiscalía no pedía su encarcelamiento aunque sí lo hizo la acusación popular, Vox. El juez la dejó libre con una fianza de 100.000 euros y la obligación de comparecer cada 15 días. No le prohibió abandonar el territorio español.

Dejar la política

Durante aquella declaración, cuyo audio avanzó El Confidencial, insistió en varias ocasiones que sus acciones como diputada estaban amparadas en la inviolabilidad parlamentaria y negó cualquier responsabilidad en la organización del referéndum. Los informes de la Guardia Civil que maneja el juez decían, sin embargo lo contrario. Rovira no quiso arriesgarse una segunda vez. Minutos antes de las diez y media anunciaba en una carta que se marchaba al exilio. "Es duro, pero es la única manera que tengo de recuperar mi voz política", decía la misiva que también apuntaba que la acompaña su hija Inés. "El exilio me permitirá hacerle de madre, se lo merece", afirmaba.

Su decisión tuvo un papel clave en el destino de sus cinco compañeros que sí acudieron. Sirvió para fortalecer los argumentos de la Fiscalía para reclamar prisión incondicional para Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell. También el juez reflejó el hecho en el auto en el que decretó los encarcelamientos provisionales. Los cinco fueron enviados a Estremera y Alcalá Meco con escasas posibilidades de salir en libertad hasta la celebración del juicio y la sentencia.