El Gobierno flaquea y no tiene garantías sobre qué decidirá Puigdemont con la amnistía

¿El pulgar de Carles Puigdemont apuntará hacia arriba o hacia abajo? ¿Dirá que sí a la amnistía aunque el Gobierno no ceda a su exigencia de que los delitos de terrorismo y de alta traición se incluyan en la ley? A día de hoy, en la Moncloa no lo saben. En solo una semana, han pasado del disgusto por su decisión de tumbar el texto en el pleno del Congreso al convencimiento de que la ley "va a salir". Quieren creer que al final Junts la aprobará, pero carecen de garantías.

Entretanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado al aire una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como gesto a Puigdemont, para conseguir que las investigaciones judiciales contra él no duren eternamente. En el ánimo del jefe del Ejecutivo está convencerles y ya se "está trabajando" en esta modificación, aunque aún no se ha definido su alcance.

Pero la propuesta no seduce a Junts, ERC censura que haya que "entretenerse" ahora con este cambio para persuadir a Puigdemont y Podemos sugiere que no la votaría porque no está de acuerdo con una reducción de los tiempos de instrucción. Fuentes gubernamentales reconocen que no tienen ninguna certeza de que este cambio pueda "contentar" a la formación independentista y admiten incluso que lo que plantean es complicado. Porque, explican, hay que buscar un "equilibrio" entre que los jueces y los fiscales dispongan de todo el margen necesario para investigar y que los posibles acusados no se pasen años y años bajo la lupa de la Justicia.

No está ni siquiera claro que se haga, pero, al parecer, es la única solución que el Ejecutivo contempla para conseguir el voto afirmativo de Junts a la amnistía, atar su apoyo y dar así estabilidad parlamentaria a la legislatura. Las fuentes consultadas señalan que no se está pensando en otras modificaciones legales.

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Las relaciones con Junts son algo más frías, pero el canal habitual, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con su secretario general, Jordi Turull, sigue totalmente abierto. El problema es que en privado los negociadores del expresident no dan ni un solo paso atrás en sus pretensiones. Tienen dudas de si Puigdemont, personas de su entorno, de la organización Tsumami Democràtic o de los comités de defensa de la república, en diversas causas que siguen en periodo de instrucción, serán amnistiados. Y por eso reclaman que el terrorismo o la alta traición no se queden fuera y que la ley sea integral y de aplicación inmediata.

Pero Sánchez no se mueve de que el texto actual no se cambia para aceptar estas peticiones. Aunque hay un margen de tiempo para negociar —el rechazo de Junts a la ley devuelve el dictamen a la Comisión de Justicia— hasta el día 21 de febrero y es factible incluso que se pueda ampliar 15 días más, la cuestión es que los socialistas piensan que transigir con lo que pide Puigdemont haría que la ley pueda ser declarada inconstitucional. El PSOE se abre a explorar otras opciones, como la oferta de la LECrim. A nada más.

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La confianza de los socialistas es que el expresidente ceda por la presión que ejerzan el resto de personas que pueden beneficiarse de la amnistía y dirija el pulgar hacia arriba. Y que tal vez no ha medido el rechazo que ha podido generar en el mundo independentista y, en general, en Cataluña su negativa a respaldar la ley tal como está.

Que Junts se encuentra inmerso en un proceso de meditación lo avala el hecho de que han optado por no hacer declaraciones públicas. Tras unos primeros días de presión pública, tras votar en contra del texto, han optado por el apagón. "No comentaremos nada en público", aseguran desde el partido. "Fase discreta".

Sánchez ha aprovechado para llenar ese silencio con mensajes en positivo y la defensa de la tesis política de que "el independentismo catalán no es terrorismo". El Gobierno se agarra también a que continúan las conversaciones sobre los próximos presupuestos con todos los partidos políticos y a que la negociación en serio con Junts sobre el nuevo dictamen de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia aún no ha comenzado.

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Pero si la solución ya es de por sí compleja, por la dificultad de conciliar la postura de la Moncloa y de Junts, la decisión de la junta de fiscales del Tribunal Supremo, que avala la acusación de terrorismo contra Carles Puigdemont, acabó ayer por enredar aún más la situación. Fuentes del Gobierno asumen que la postura de los fiscales "lo pone más difícil", aunque avisan de que la partida no se ha acabado y que el dictamen final depende de la Fiscalía General.

El ánimo en el PSOE y en la Moncloa es susceptible de variar a lo largo de estas semanas, conforme haya aproximaciones a Junts o los independentistas hagan también algún gesto de distensión. Pero en estos momentos los socialistas no saben a ciencia cierta qué pasará, por dónde saldrá Puigdemont, a pesar de que la lógica invita a pensar que transigirá. Y que si no se puede salvar él, al menos que lo haga el resto.