Dos acusaciones se adelantan a la Fiscalía para arrinconar a Puigdemont en el Supremo

El debate sobre si el Tribunal Supremo debe o no abrir una causa a Carles Puigdemont ha provocado un cisma en la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidió este miércoles que les dejen "trabajar en paz", pero a falta de conocer su informe definitivo, dos acusaciones se han adelantado al Ministerio Público para mostrarse a favor de que el alto tribunal investigue al expresident por terrorismo. Si la Fiscalía finalmente alega que no existen indicios suficientes, el apoyo de estas acusaciones facilitará que el Supremo mantenga abierto un posible procedimiento.

"Existe indiciaria responsabilidad penal en un diputado en el Parlamento catalán, Ruben Wagensberg, y un europarlamentario, Carles Puigdemont", sostiene la Asociación Dignidad y Justicia en el escrito que remitió al tribunal el pasado 1 de febrero. "Venimos a personarnos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y a mostrarnos parte en las presentes actuaciones en nombre de mis mandantes como perjudicados, al presentar lesiones derivadas de los actos de terrorismo", añade el que envió un día después el abogado que representa a dos policías que resultaron heridos durante los disturbios de Tsunami Democràtic.

Ambas acusaciones solicitan al Supremo que les tenga por personadas si finalmente decide abrir una causa y lanzan un claro mensaje: diga lo que diga la Fiscalía, el tribunal puede contar con ellos para investigar a Puigdemont. El hecho de que la representación de los policías haya dado este paso también resulta relevante, por tratarse de una acusación particular, lo que les otorga un estatus especial de víctimas que puede ayudar a dar continuidad al procedimiento pese al hipotético rechazo del Ministerio Público.

Las dos acusaciones tendrán que esperar ahora a que la Fiscalía presente su informe definitivo y la Sala de lo Penal del Supremo decida si abre una investigación, tras lo que llegaría el momento de designar un magistrado instructor y resolver sus peticiones. Las otras dos acusaciones que también están personadas contra Tsunami en la Audiencia Nacional —Vox y Societat Civil Catalana— aún no han presentado ningún escrito ante el Supremo.

Los policías heridos y la amnistía

El magistrado Manuel García-Castellón confirmó la personación de los dos policías como acusación particular en la Audiencia Nacional el pasado 24 de enero: "Los agentes de policía lesionados sufrieron daños muy graves, lesiones físicas producidas por un fuerte golpe en la parte superior del casco reglamentario provocado por un objeto contundente arrojado por uno de los participantes en las manifestaciones y altercados", advertía.

Al final de su resolución, el magistrado abría además una vía para no amnistiar a Puigdemont y el resto de investigados de Tsunami por estas lesiones. La clave radicaba en la siguiente advertencia: "No puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en (...) el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y del que podrían ser partícipes los investigados".

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Esta referencia al artículo 2 del CEDH choca con la última enmienda que el PSOE, Junts per Catalunya y ERC han pactado para modificar la ley de amnistía. El cambio se centra en los delitos de terrorismo y deja fuera del perdón aquellos que, "de forma manifiesta y con intención directa", causaran "violaciones graves de derechos humanos" como los que recogen los artículos 2 —derecho a la vida— y 3 —prohibición de torturas— del CEDH. Al sugerir que las protestas de Tsunami encajan con ese mismo artículo que no se puede amnistiar, García-Castellón abrió una grieta en el blindaje a Puigdemont.

La última palabra respecto al expresident la tendrá el Supremo, pero las dos acusaciones ya han movido ficha para tratar de trasladar esa misma tesis que alcanzó el magistrado de la Audiencia Nacional: "Se solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo tenga por comparecida y personada a esta parte en las presentes actuaciones como acusación para el ejercicio de las acciones penales y civiles que correspondan como perjudicados", sostiene el abogado de los policías.