Un pago de 1.000€ vincula a Puigdemont con Assange en plena reactivación de la pista rusa

Una transferencia de 1.025 euros descubierta ahora conecta a Carles Puigdemont con Julian Assange, pieza clave en la campaña de propaganda y fake news del 1-O y acusado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos de actuar al servicio de Rusia. Un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado recientemente al caso Voloh revela que el responsable de las finanzas de Puigdemont, el empresario y publicista Jaume Cabaní, envió dinero desde Alemania a un antiguo abogado del fundador de Wikileaks, Geoffrey Robertson.

El pago se produjo el 2 de diciembre de 2017, cinco semanas después de que el líder de Junts per Catalunya saliera de España en el maletero de un coche por miedo a ser detenido tras proclamar la declaración unilateral de independencia (DUI). Según el documento policial, al que ha tenido acceso El Confidencial, los fondos salieron de una cuenta abierta por Cabaní en el banco germano N26 y llegaron a un depósito de Robertson en Países Bajos en la entidad ABN Amro. Un portavoz de Assange asegura a este diario que Robertson dejó de ser letrado de Assange en 2011, mucho antes de la transferencia, y que este pago no guarda ninguna relación con su cliente.

En cualquier caso, el motivo del trasvase de los fondos no figura en la documentación analizada por la Guardia Civil. No consta que Robertson haya formado parte en ningún momento del equipo de abogados de Puigdemont. Tampoco hay evidencias de que el político gerundense afrontara o pusiera en marcha en esa época algún procedimiento judicial en Países Bajos o Reino Unido en materia de derechos humanos, la especialidad del antiguo letrado de Assange.

La entrega de los 1.025 euros se produjo en plena campaña de internacionalización del procés, en la que el activista australiano jugó un papel decisivo. Assange comenzó a difundir contenido en las redes sociales sobre el referéndum ilegal en agosto de 2017 y contribuyó a amplificar los mensajes de los promotores de la consulta contra el Gobierno, las Fuerzas de Seguridad y los jueces españoles.

El 9 de noviembre de 2017, uno de los principales estrategas del 1-O, el empresario de la comunicación vinculado a ERC Oriol Soler, fue fotografiado entrando en la embajada de Ecuador en Londres para reunirse en secreto con Assange, que en aquel momento permanecía encerrado en la delegación diplomática para evitar su extradición a Estados Unidos. La imagen de Soler entrando en la embajada fue portada de El País y aportó otro sentido al apoyo que había recibido al plebiscito independentista por parte de Assange.

El instructor del caso Voloh, el juez Joaquín Aguirre, mencionó en un auto de 2020 el viaje de Soler a Londres como uno de los primeros indicios que apuntaban que se había producido una injerencia de Rusia en el desafío soberanista para tratar de desestabilizar la Unión Europea desde dentro. La transferencia detectada por la Guardia Civil supone un movimiento de dinero relativamente menor, pero establece un nuevo vínculo entre la cúpula del independentismo y una de las personalidades occidentales más alineadas con los intereses del Kremlin en los últimos años.

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El hallazgo se produce, además, en plena reactivación de las pesquisas sobre la conexión Barcelona-Moscú y el debate sobre los efectos que una hipotética imputación por delitos de alta traición tendría en la aplicación de la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con el propio Puigdemont.

Assange ha sido colaborador estrella durante años de un programa de Russia Today, la cadena de televisión del Kremlin vetada por la Unión Europea por la difusión de propaganda y fake news sobre la invasión de Ucrania. El diario británico The Guardian contó en 2018 que el Gobierno ruso trazó un plan para sacar al australiano de la embajada de Ecuador en Londres y trasladarlo en secreto a Rusia u otro país de su esfera. Sin embargo, el diario británico reconoció posteriormente que la información no era cierta y se retractó.

En la actualidad, el creador de Wikileaks ha agotado casi todas las instancias judiciales de Reino Unido para evitar su entrega a Washington.