Suiza se niega a cooperar con el juez de Tsunami y no localizará a Marta Rovira

La Oficina Federal de Justicia de Suiza, dependiente del Ministerio de Justicia suizo, ha decidido dejar en suspenso la comisión rogatoria que cursó el pasado noviembre el juez instructor del caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, al advertir un posible "carácter político" de las conductas investigadas. Las autoridades del país helvético cuestionan la existencia de indicios de terrorismo y no ven relación evidente entre la líder de ERC, Marta Rovira —cuya localización se reclamaba—, y los actos de la plataforma. También precisan que tiene dudas sobre si el procedimiento se verá afectado por la ley de amnistía. Suiza ya se negó en su día a entregar a Rovira al Supremo que la reclamaba por rebelión alegando motivos similares. "Lo hemos examinado con gran atención", dice el escrito.

"Antes de continuar con la tramitación de su demanda y verificar si esta tiene un carácter político que nos impida ejecutarla según la legislación suiza, necesitaríamos información ampliada", indica la respuesta de dos folios y redactada en francés. "Nos gustaría saber la implicación precisa de la señora Rovira en las manifestaciones, y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos", dice la respuesta de Suiza adelantada por El País y la cadena Ser, y a la que ha tenido acceso El Confidencial. "Su pertenencia a dicha plataforma no está clara", agrega para acabar preguntando al juez sobre las "posibles consecuencias" de la ley de amnistía.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que ha recibido esta respuesta pasadas las once y media de este martes, libró la solicitud el pasado noviembre y reclamaba "datos que permitieran la localización" de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tras su imputación por posibles delitos de terrorismo en la causa de Tsunami. En la resolución, García-Castellón destacaba el "uso de artefactos, sustancias y armas" por parte de Tsunami e incide en la necesidad de investigar su financiación, solicitando también datos sobre "tarjetas de crédito", "transferencias recibidas" y "movimientos" de una cuenta bancaria de este país.

Matagalls

El juez considera que Rovira utilizaba "con alta probabilidad" el alias Matagalls para llevar a cabo una labor de coordinación en la plataforma y solicita a la policía de Suiza que proceda a su localización. Según advierte, la secretaria general de ERC "pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami". García-Castellón recogía para ello algunas de las conversaciones que mantuvo con otros de los investigados y apunta a que utilizaron cuentas de Suiza para financiar la plataforma. Como avanzó El Confidencial, un banquero de origen italiano afincado en este país, Nicola Foglia, presuntamente inyectó dinero en Tsunami para contribuir económicamente al asalto al aeropuerto.

TE PUEDE INTERESAR

Un diputado de ERC en el Parlament se refugia en Suiza ante la presión judicial por Tsunami

Marcos Lamelas. Barcelona

Foglia era vicedirector del banco helvético Banca della Svizzera Italiana (BSI), una entidad del cantón del Tesino que fue disuelta en 2015 por las autoridades de este país por su implicación en el blanqueo de capitales de una red de corrupción internacional que movió cantidades multimillonarias.

García-Castellón trata ahora de profundizar en esta línea de investigación e insistía en solicitar a Suiza toda la información bancaria disponible sobre una cuenta del banco CIM Banque Privée: "Tarjetas de crédito, productos financieros suscritos y resto de productos bancarios asociados a la codificación bancaria"; "información sobre titulares, personas autorizadas y vinculaciones"; "movimientos de la cuenta desde su creación hasta el mes de junio del año 2020"; "información SWIFT sobre las transferencias recibidas y emitidas"; "destinatarios de cheques emitidos y recibidos"; "préstamos suscritos con vinculación a la cuenta", y "seguros que pudiese haber asociados a la cuenta".

La sospecha del juez se centra en que el propio Foglia afirmó a otro de los investigados que iba a donar 6.000 francos suizos a Tsunami: "Atendiendo estos hechos, resulta necesario solicitar a las autoridades de Suiza la información en relación con la cuenta bancaria". Respecto a este punto, Suiza duda de la "proporcionalidad" de la medida y reclama saber por qué se solicitan datos hasta junio de 2020, cuando las principales protestas tuvieron lugar en octubre de 2019. Recuerda que el principio de proporcionalidad es "esencial" en el terreno judicial.