El informe de Suiza contrario al juez de Tsunami refleja que el Ministerio de Justicia lo recibió hace 54 días

El dictamen de las autoridades suizas contrario a las pretensiones del juez instructor del caso Tsunami Democràtic indica en un sello de entrada que el Ministerio de Justicia lo recibió el pasado 29 de diciembre, hace más de 50 días. Según el documento al que ha tenido acceso El Confidencial, las autoridades helvéticas remitieron a España su contestación el pasado 22 de diciembre a través de los canales habituales de comunicación jurídica internacional, que implican que los contactos se realicen entre los ministerios de los países implicados con la intervención de Eurojust. Pese a que el escrito refleja estas fechas, no fue remitido a la Audiencia Nacional hasta este martes al mediodía. Fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños aseguran que no constó de forma oficial la entrada del documento hasta la pasada semana, pese a lo que indica el sello.

La postura de Suiza es contraria a las tesis del juez, como lo fue también en su día a las del Tribunal Supremo. El dictamen, sin embargo, trasciende en un momento en el que ha quedado patente que las negociaciones con Junts para sacar adelante la ley de amnistía se encuentran atascadas. Este mismo martes, quedó oficializada la ampliación del plazo hasta el 7 de marzo para que la Comisión de Justicia pueda emitir un nuevo dictamen de la ley.

Desde el ministerio, achacan la discrepancia de fechas a la tramitación de este tipo de comisiones que se realiza a través del sistema Eurojust. La respuesta llegó —indican— a una sede ministerial situada en la calle de la Bolsa y, después de eso, tuvo que ser digitalizada. El director general de Cooperación Jurídica, David Segundo, no lo tuvo en su poder hasta semanas más tarde. Según estas fuentes, fue el 13 de febrero cuando el ministerio tomó conocimiento oficial de su contenido e inició el trámite de notificación a la Audiencia Nacional. En la sede del tribunal, el informe provocó un profundo malestar más allá de su contenido. El dictamen fue difundido por los medios de comunicación antes de que fuera notificado al instructor.

En resumen, Suiza deja en suspenso la comisión rogatoria en la que el juez reclamaba que se localizara a Marta Rovira y se investigara una cuenta en el banco helvético Banca della Svizzera Italiana (BSI) y alega dudas sobre si los hechos encajan en el delito de terrorismo. Advierte sobre el posible "carácter político" de las conductas investigadas y asegura que no ve relación evidente entre la líder de ERC y los disturbios promovidos por la plataforma. También quiere conocer el alcance sobre si el procedimiento se verá afectado por la ley de amnistía. Suiza ya transmitió hace años, después de su huida de España, que no entregaría a Rovira en ningún caso.

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Desde el Ejecutivo y sus socios, el contenido del escrito se recibió y difundió como una muestra de la debilidad del procedimiento y, con ella, de la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo, que pone en riesgo que pueda beneficiarse de la amnistía. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Pilar Alegría, se guardó de criticar al magistrado, pero incidió en su obligación de contestar y destacó que Suiza es una de las democracias "más consolidadas". Patxi López tuvo menos miramientos y no dudó en volver a cuestionar en público tanto la instrucción como la atribución de terrorismo a los investigados. "Desgraciadamente, en España sabemos muy bien el significado real del terrorismo y, bajo nuestro punto de vista, no apareció en el proceso", apuntó.

Sumar, Podemos y el PNV cargaron directamente contra el instructor, algo que se está convirtiendo en la tónica habitual de un tiempo a esta parte. Podemos indicó que la postura de Suiza es un nuevo "revés" para todos los magistrados que intentan "hacer política" mediante sus resoluciones judiciales, mientras que Gerardo Pisarello destacó que refleja el "ridículo" de quienes "pretendan equiparar formas de protesta legítimas finalmente a terrorismo".

Junts

El entorno de Junts sospecha, por su parte, que el Gobierno juega la baza de desactivar la relevancia del caso Tsunami en la fase más agónica de las negociaciones. La postura de Suiza ha venido a respaldar la tesis de la Moncloa, repetida en innumerables ocasiones, sobre la falta de indicios firmes de terrorismo, el delito que se ha convertido en la principal piedra en el zapato para cerrar un acuerdo y garantizar así la continuidad de la legislatura. "No creemos en las casualidades", indica una de las fuentes consultadas.

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Para algunas voces del partido de Puigdemont, la tardanza en la notificación resulta sospechosa y lleva a pensar que el dictamen ha visto la luz "cuando les venía bien". Con las dudas de Suiza, se difunde la sensación de que el caso Tsunami se está desinflando, una forma como otra cualquiera de tentar a Junts con la norma pese a los agujeros que presenta para el expresident de Cataluña que, con la actual redacción, no podrá beneficiarse del perdón de forma inmediata ni regresar a España.