El TSJ de Madrid valora investigar si la Fiscalía violó derechos del novio de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se inclina por abrir una investigación contra fiscales de esta comunidad por un posible delito de revelación de secretos respecto al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Desde la Fiscalía General del Estado defienden que su querella debería ser archivada de plano, pero fuentes jurídicas apuntan a que el tribunal considera que su derecho de defensa pudo verse afectado por las filtraciones.

La polémica parte de las comunicaciones que la defensa de González Amador mantuvo con la Fiscalía en el marco de la investigación que se sigue contra él por dos delitos tributarios. Su abogado envió el 2 de febrero una propuesta de conformidad al Ministerio Público en la que su cliente reconocía los hechos, aceptaba ocho meses de cárcel y se comprometía a pagar 525.000 euros, mostrando así su voluntad de alcanzar un pacto que le permitiera reducir su hipotética condena.

11 días después, el 13 de febrero, el fiscal encargado del caso, Julián Salto, interpuso su denuncia contra González Amador y otras cuatro personas por el supuesto fraude contra Hacienda, pero sin descartar el pacto. El Juzgado de Instrucción Decano de Madrid registró esta denuncia en marzo y Salto se la remitió por correo electrónico al abogado de la pareja de Díaz Ayuso. Según afirman desde la Fiscalía, ese último mensaje se envió “para facilitarle el derecho de defensa”, asegurándole en el mismo que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituía un obstáculo para cerrar un acuerdo.

Desde el entorno de Díaz Ayuso se agarraron a ese último correo para asegurar que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo, pero el Ministerio Público emitió una polémica nota de prensa en el que detallaban las mencionadas comunicaciones para desmentirlo. "El único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado", advertían en la misma.

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Tanto esta nota de prensa como la filtración de documentos y correos electrónicos del abogado de González Amador han dado lugar a dos querellas: por un lado, la pareja de Díaz Ayuso interpuso una ante el TSJM contra Salto y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Por otro, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpuso otra por los mismos hechos que recayó en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid.

El titular de este juzgado, Jaime Serret, apreció indicios de delito y el pasado abril elevó una exposición razonada al TSJM por la condición de aforados de Rodríguez y Salto, lo que le impedía abrir a él una investigación contra ellos. Su informe señalaba que la Fiscalía aportó datos que no habían sido revelados hasta entonces y facilitó una detallada cronología sobre las negociaciones a través de su nota de prensa.

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Las fuentes consultadas apuntan que en el TSJM se inclinan ahora por seguir la misma línea y consideran que también debería abrirse una investigación al respecto. En su querella, el ICAM apuntaba a un posible delito de revelación de información por funcionario en ejercicio de sus funciones, señalando a su vez que ahora deberá aclararse “su autoría mediata o inmediata”.

La posibilidad de que acabe en el Supremo

La apertura de una investigación implicaría contradecir a la Junta de Fiscales de Sala, que el pasado 24 de abril concluyó que tanto la denuncia de la ICAM como la querella que ha interpuesto González Amador deberían ser archivadas sin practicar ninguna diligencia. La mayoría de este órgano, que está compuesto por los miembros de mayor rango de carrera, se centra en que "no hay delito ni existen indicios", lo que ya les ha llevado a apartar a la fiscal que inicialmente se hizo cargo de la querella del novio de Díaz Ayuso, María de la O Silva. A diferencia de sus superiores, ella sí consideraba que deberían practicarse un mínimo de diligencias antes de archivarse el caso.

El 24 de abril, Silva defendió ante la Junta que deberían revisarse las comunicaciones entre la fiscal jefe de Madrid, el fiscal de delitos económicos y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para aclarar el modo en que se gestionó la publicación de la polémica nota de prensa, pero su propuesta fue rechazada. En su lugar, el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, se hará ahora cargo del caso para defender la tesis mayoritaria de que la querella de González Amador debe ser archivada.

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Si el TSJM rechaza esta tesis y abre una investigación, las mismas fuentes apuntan a la posibilidad de que termine por elevar el caso al Supremo. García Ortiz asumió el 16 de abril "la responsabilidad última de esa nota de prensa" y avisó de que no iba a tolerar que ningún otro fiscal tuviera que "soportar las consecuencias". Dada su condición de aforado, solo el Supremo puede investigarle, por lo que queda por ver si el TSJM sigue la misma línea que la fiscal María de la O Silva y considera que sus comunicaciones deben ser revisadas.