PSOE y Podemos discrepan sobre el ingreso mínimo y defenderán sus propias enmiendas

Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de coalición no han logrado ponerse de acuerdo para enmendar la ley estrella del denominado 'escudo social', la referente al ingreso mínimo vital. Después de ponerse de acuerdo para desbloquear la tramitación de la ley, tras acumular 33 prórrogas y cuando se cumplía un año de la aprobación del decreto, socialistas y morados no han logrado consensuar las enmiendas para "mejorar" el acceso a este subsidio.

Primero se negociaron en el seno del Gobierno y posteriormente entre los grupos parlamentarios, pero con el mismo resultado. Finalmente, los morados han presentado su propia batería de enmiendas con modificaciones de calado sobre requisitos y beneficiarios, mientras que los socialistas ha registrado las suyas propias, de carácter más técnico. Ahora se deberán negociar con el resto de los grupos parlamentarios en el Congreso en el seno de la ponencia y la comisión para su aprobación.

Una ley que nació con deficiencias

El acceso al ingreso mínimo vital se ha demostrado deficiente e, incluso, se ha reconocido desde el Ejecutivo que no ha alcanzado las previsiones iniciales. Las discrepancias entre los socios sobre las modificaciones en la ley ya habían rechazado su tramitación, pero la pasada semana los morados dieron un golpe en la mesa aireando sus discrepancias tras meses de negociaciones "discretas". Si bien se mantiene el optimismo desde ambas partes sobre la posibilidad de acabar transaccionando, lo cierto es que las posiciones siguen distantes.

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Para Unidas Podemos, es prioritario que se utilicen como referente para acceder a este subsidio los ingresos del último trimestre y no los del último año "para cubrir situaciones de pobreza sobrevenida, ya que muchas familias han tenido ingresos en el último año, pero llevan varios meses sin cobrar, algo que, hasta ahora, provoca el no cumplimiento de los requisitos para la obtención". Una reducción en los meses de referencia que rechazan desde el PSOE.

Los morados ha criticado como inaceptable que la ley promovida desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en colaboración con la vicepresidencia segunda que dirigía Pablo Iglesias, "solamente esté llegando a una cuarta parte de los hogares inicialmente previstos por el Gobierno, ya que se trata de una cifra claramente insuficiente".

Lo que pide Podemos

El grueso de la batería de enmiendas presentadas por Unidas Podemos busca ampliar los supuestos de vulneración para los potenciales beneficiarios. Entre otras, incluir automáticamente en el ingreso mínimo vital a las personas beneficiarias de una prestación de rentas de inserción autonómica y proporcionar un "tratamiento más justo" a determinados colectivos como las personas menores de 30 años, las personas que comparten vivienda por una situación de pobreza sobrevenida o las personas con discapacidad.

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Bajo la premisa de que "no podemos permitirnos como Gobierno progresista que funcione mal", desde el grupo confederal ya presentaron enmiendas en esta línea el pasado mes de febrero, cuando también propusieron la inclusión de nuevos colectivos vulnerables, como españoles emigrados retornados, solicitantes de protección internacional o menores que viven en hogares en situación irregular.

Más allá de las discrepancias entre los socios, el desbloqueo de la ley del ingreso mínimo vital pone fin a una anomalía parlamentaria, ya que cuando se aprobó el decreto se hizo por procedimiento de urgencia. Una treta parlamentaria para la oposición, e incluso para grupos del bloque de la investidura, que han criticado que se abuse de los reales decretos leyes. Decretos que, al no contar de antemano con el consenso de los grupos, se acaban tramitando mediante proyectos de ley por procedimiento urgente para posteriormente negociar enmiendas. Sin embargo, en no pocos casos se van prorrogando los plazos para ello desde la Mesa del Congreso, paralizando así las tramitaciones. Este caso concreto, ha sumado más de 30, lo que traducido a escala temporal supone alrededor de un año.

En el caso del ingreso mínimo vital, el Gobierno ha llegado a autoenmendarse a base de nuevos decretos. Los grupos lo enmendaron y, sin llegarse a debatir, llegó al Congreso la modificación realizada por el Ejecutivo con otro decreto.