EN EL CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno aprueba el ingreso mínimo de entre 460 y 1.000 € para 850.000 hogares

La medida incorpora incentivos al empleo, de tal forma que sus beneficiarios podrán realizar trabajos temporales o por cuenta propia sin perder la prestación

Foto: El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con los ministros María Jesús Montero y José Luis Escrivá, este 29 de mayo. (EFE)
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con los ministros María Jesús Montero y José Luis Escrivá, este 29 de mayo. (EFE)

El Gobierno ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital (IMV). Alrededor de 850.000 hogares —unos 2,3 millones de personas— se beneficiarán de esta medida, que supondrá un subsidio que irá desde el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo, unos 460 euros al mes (461,5 €, en concreto) en 12 pagas, a algo menos del salario mínimo interprofesional, mil euros (1.015 €) también en 12 pagas. Una medida estrella que estaba incluida en el acuerdo programático de la coalición, pero que se ha acelerado a raíz de las consecuencias económicas de la pandemia, y que desde el Gobierno se ha calificado como "el mayor avance en los derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia" en 2006.

[Consulte aquí en PDF el detalle del IMV]

"Un paso de gigante" en la lucha contra la desigualdad, según lo ha calificado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. "Un día histórico para nuestra democracia", ha celebrado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, recalcando que "hoy nace un nuevo derecho social en España". El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha referido al ingreso mínimo como "el instrumento más potente que existe para la redistribución de la renta", aunque ha puesto el acento en que su éxito reside en que sirva a sus beneficiarios para salir del umbral de la pobreza a través de estrategias de inclusión social.

El Gobierno aprueba el ingreso mínimo de entre 460 y 1.000 € para 850.000 hogares

Para su percepción se ha fijado un umbral por tipo de hogar, que dependerá del número de miembros, así como un complemento adicional de cien euros para los hogares monaparentales. El ingreso cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para cada tipo de hogar. Además de analizar las rentas, se realizará también lo que se denomina "test de riqueza". De este modo, cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual. Con ello, se pretende asegurar el acceso a personas realmente vulnerables y no solo a personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez.

El decreto aprobado hoy hace compatible este ingreso con las rentas mínimas de inserción que ya existen en diferentes comunidades autónomas, de forma que la renta mínima estatal fijará un suelo común que podrán complementar las administraciones autonómicas. La medida incorpora incentivos al empleo, de tal forma que sus beneficiarios podrán realizar trabajos temporales o por cuenta propia, sin dejar de cobrar la prestación hasta alcanzar un determinado nivel de ingresos. De esta manera, mientras no se supere el umbral establecido, la prestación es compatible con ingresos laborales, pero también de otro tipo.

Escrivá: "Cualquier hogar que cumpla las condiciones tendrá derecho a la prestación en los términos establecidos"

Desde el Ejecutivo defienden que la compatibilidad con los ingresos salariales va a evitar las denominadas “trampas de la pobreza” que se producen cuando las prestaciones sociales son incompatibles con el empleo. En esos casos, argumentan, "muchas personas se ven en el dilema de tener que elegir entre un trabajo precario y una ayuda social, muchas veces insuficientes". Además de reforzar el denominado "escudo social" para capear la crisis económica sobrevenida tras la pandemia por el coronavirus, los promotores del ingreso mínimo aducen que tendrá efectos positivos sobre la economía al suponer un estímulo al consumo.

La prestación se podrá solicitar a través de la Seguridad Social, pero se está estudiando la posibilidad que también pueda realizarse a través de los ayuntamientos, en base a convenios, así como desde entidades del tercer sector. Se podrá solicitar desde el 15 de junio y, en caso de otorgarse, se cobrará con caracter retroactivo desde el 1 de junio. Se contará con una partida estima de 3.000 millones para financiar el ingreso mínimo vital, aunque como ha aclarado Escrivá se trata de un derecho subjetivo y una prestación no contributiva, por lo que "cualquier hogar que cumpla las condiciones tendrá derecho a la prestación en los términos establecidos".

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