El Gobierno de coalición prorrogará el escudo social hasta el 31 de octubre
La decisión supone enterrar el decreto que había perfilado el anterior titular de Transportes para paralizar los desahucios de forma indefinida hasta que se aprobase la ley de vivienda
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El Gobierno de coalición ha acordado prorrogar el escudo social hasta el próximo 31 de octubre, tras un trabajo "conjunto y coordinado" entre todos los ministerios implicados en el despliegue de estas medidas de protección a la ciudadanía, que incluye la moratoria de los desahucios sin alternativa habitacional, los cortes de suministros y de contratos de alquiler. La decisión supone enterrar el decreto antidesahucios que había perfilado el anterior titular del Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, para paralizar los desahucios de forma indefinida hasta que se aprobase la ley de vivienda. El texto planteado recogía "las líneas fundamentales del acuerdo en materia de desahucios que se incluirán en la futura ley de vivienda" y preveía dar un mes a los servicios sociales para informar sobre la vulnerabilidad de las familias en proceso de lanzamiento y ofrecer soluciones habitacionales si el propietario era persona física y tres meses si era jurídica.
Según han explicado a Europa Press fuentes gubernamentales, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2021 que expiraban el 9 de agosto.
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Las últimas conversaciones llevadas a cabo entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Ione Belarra, y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños, han concluido con el consenso para prorrogar dicho decreto.
Entre estas medidas, se encuentra la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.
También figuran la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos, las medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad y económicas en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
A ello se suma la prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, así como las medidas urgentes dentro de este ámbito; la flexibilización temporal del uso del fondo de educación y promoción de las cooperativas con la finalidad de paliar los efectos de la pandemia; las medidas especiales de orden jurisdiccional contencioso-administrativo y la compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería con el desempeño de su actividad realizada para la gestión de la situación de crisis sanitaria.
Recientemente, Belarra planteó mediante una carta a diferentes ministerios proceder con "urgencia" a la prórroga de estas medidas, dado que la pandemia y sus efectos socioeconómicos aún no han desaparecido. Específicamente se dirigió a los departamentos de Presidencia, Justicia, Igualdad, Consumo, Transportes, Trabajo, Sanidad, Transición Ecológica, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
UP pidió extenderlo hasta final del año
Desde Unidas Podemos habían planteado que el escudo social se prolongara hasta final de año, al considerar que era "indispensable" mantener estas medidas para así "garantizar una adecuada protección para el mayor número posible de ciudadanos". Sobre todo porque "siguen siendo necesarias en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia", exponían fuentes de esta formación.
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La ministra de Derechos Sociales explicó en esa misiva que se estaba produciendo un incremento de los índices acumulados de incidencia y contagio del covid-19, por lo que la pandemia "está lejos de desaparecer".
"Esta situación, sin duda, va a afectar muy negativamente a la campaña de turismo de verano, en especial respecto a la actividad generada por la llegada de turistas extranjeros, con el consiguiente impacto de índole económico y laboral que ya sabemos", relataba la titular de Derechos Sociales.
El último decreto se aprobó en mayo
El pasado mayo, el Consejo de Ministros aprobó la ampliación hasta el 9 de agosto de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el alquiler sea un gran tenedor o entidad pública.
Asimismo, se prorrogó la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables de su vivienda habitual, en los casos ya previstos por la actual normativa.
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Además, el pasado 8 de junio se aprobó un real decreto que permite a las comunidades autónomas utilizar los recursos del Plan de Vivienda para pagar a los propietarios la compensación por la paralización en determinados supuestos de los desahucios y de los lanzamientos de inquilinos de vivienda en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia.
El mencionado decreto antidesahucios que paralizaba los lanzamientos por motivos sociales y sanitarios daba derecho a una compensación a los propietarios si los servicios sociales no habían podido encontrar una alternativa para las personas vulnerables y cuando se produjese una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler.
El Gobierno de coalición ha acordado prorrogar el escudo social hasta el próximo 31 de octubre, tras un trabajo "conjunto y coordinado" entre todos los ministerios implicados en el despliegue de estas medidas de protección a la ciudadanía, que incluye la moratoria de los desahucios sin alternativa habitacional, los cortes de suministros y de contratos de alquiler. La decisión supone enterrar el decreto antidesahucios que había perfilado el anterior titular del Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, para paralizar los desahucios de forma indefinida hasta que se aprobase la ley de vivienda. El texto planteado recogía "las líneas fundamentales del acuerdo en materia de desahucios que se incluirán en la futura ley de vivienda" y preveía dar un mes a los servicios sociales para informar sobre la vulnerabilidad de las familias en proceso de lanzamiento y ofrecer soluciones habitacionales si el propietario era persona física y tres meses si era jurídica.