Las grietas del 'escudo social': cubrió el 60% de la caída de ingresos de las familias

Esta crisis del coronavirus ha sido diferente por muchos motivos. El primero, por las propias características de la recesión, que vino provocada por el cierre decretado por las administraciones públicas. Y el segundo, por la estrategia fiscal adoptada por todos los países desarrollados: poner en marcha esquemas de protección de rentas para evitar el impacto sobre las cuentas de hogares y empresas. En España se puso en marcha el ‘escudo social’ que centraba el grueso de los esfuerzos en proteger las rentas de los trabajadores con los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), las prestaciones de desempleo extraordinarias y el cese de actividad de los autónomos.

Estas políticas consiguieron mitigar el impacto de la crisis sobre la economía de los hogares, pero no del todo. A lo largo del año los hogares sufrieron un desplome de sus ingresos del trabajo de algo más de 50.000 millones de euros. Esta cifra se divide en dos: 31.000 millones perdidos en salarios y otros 20.500 millones perdidos de rentas mixtas de los autónomos. La suma de ambas cifras asciende a 51.600 millones perdidos en 2020 procedentes de rentas del trabajo.

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Este descenso se compensó con la protección social, que generó casi 30.000 millones de euros de ingresos adicionales para las familias a lo largo del año, hasta los 245.000 millones de euros. De esta forma, el ‘escudo social’ salvó el 60% de la caída de las rentas del trabajo. Este dato es en términos agregados, ya que es evidente que las prestaciones públicas no cubren por igual a todos los trabajadores. El porcentaje de rentas protegidas es superior entre los trabajadores con menos ingresos, ya que la renta mínima fue de casi 600 euros y la más elevada de algo menos de 1.500 euros mensuales. También hay que tener en cuenta que la renta salarial agregada se vio compensada con algunos aumentos de salarios, en especial de los trabajadores públicos y de los protegidos por convenio.

Hay otro factor que en España es muy relevante y que explica la dificultad del Estado para proteger las rentas más bajas: la economía sumergida. Los que trabajan sin contrato perdieron todos sus ingresos al inicio de la crisis, ya que no tienen ni indemnización por despido ni prestación de desempleo. A mitad de año el Gobierno aprobó el ingreso mínimo vital para ayudar a estas familias sin ningún tipo de prestación, pero el retraso en su puesta en marcha y los problemas de implementación provocaron que apenas llegara a los hogares.

El resultado es que las rentas del trabajo netas de transferencias sociales se redujeron en casi 22.000 millones de euros a lo largo del año. A la espera de conocer los datos del resto de países de Europa, todo apunta a que tal descenso fue uno de los más acusados de toda la eurozona. De hecho, los datos hasta el tercer trimestre de 2020 muestran cómo en el grueso de los países desarrollados la renta disponible de los hogares se ha mantenido inmune a la crisis gracias a las prestaciones sociales y al mejor comportamiento del mercado laboral, algo que siempre penaliza a España. Estas ‘grietas’ del ‘escudo social’ se percibirán en las estadísticas de desigualdad que se publicarán en los próximos meses.

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En cualquier caso, el esfuerzo del sector público por proteger a las familias provocó que las prestaciones sociales supusieran el 33% de la renta disponible de los hogares. Se trata de la mayor cuantía de toda la serie histórica, tanto en términos absolutos como en porcentaje de la renta. Este es el resultado del peso creciente de las prestaciones sociales dentro de la economía, consecuencia del envejecimiento de la población. Cada vez hay más pensionistas y, además, la pensión media no deja de crecer y en los próximos años lo hará con más intensidad. La consecuencia es que el peso de las rentas públicas sobre los ingresos de los hogares seguirá creciendo cuando empiece a jubilarse la generación del ‘baby boom’, en la segunda mitad de la década actual.

Además de las transferencias sociales a las familias, las administraciones también apuntalaron su oferta de servicios públicos, lo que supone una transferencia de renta a los hogares en especie. Esta categoría está marcada fundamentalmente por el aumento del gasto en sanidad, desde la compra de material médico hasta el incremento de personal sanitario. En total, las transferencias sociales crecieron un 6,5% a lo largo del año, lo que en términos absolutos son 9.900 millones de euros.

Estas transferencias en especie contribuyeron decisivamente a amortiguar la caída de rentas de los hogares. Aunque no supusiera un aumento directo de sus recursos monetarios, se trata de un aumento de renta que, además, tiene impacto en el déficit público. En 2021 las transferencias en especie del sistema sanitario seguirán siendo elevadas, ya que la pandemia está lejos de ser controlada y, además, porque el gasto en vacunas supondrá un importante coste para las cuentas públicas.

La crisis también provocó un fuerte descenso de las rentas del capital de los hogares que tienen ahorro invertido. En concreto, perdieron algo más de 9.000 millones de euros por esta vía. Este impacto se centra en las familias con patrimonio, de forma que afectó principalmente a las rentas altas. Entre los factores que influyeron en la caída de rentas del patrimonio se encuentran la reducción de distribución de dividendos, caída de los intereses de la renta fija o disminución de la rentabilidad de los activos inmobiliarios.