El déficit público escaló hasta el 11% en 2020, el más elevado desde el año 2009

El déficit público escaló en algo más de 87.500 millones de euros en 2020 como consecuencia de la crisis del coronavirus y el coste de las medidas adoptadas para frenar la caída del PIB. Como consecuencia, el déficit ascendió al 10,97% del PIB, de modo que supone el dato más elevado desde el año 2009, el de la crisis de Lehman Brothers. El dato final de déficit mejora las perspectivas del Gobierno, que en octubre comunicó a la Comisión Europea que el déficit sería del 11,3% del PIB, y también mejora ampliamente las estimaciones de la mayoría de entidades privadas de análisis, que eran más pesimistas que el Gobierno.

Un factor diferencial de la escalada del déficit ha sido la inclusión en el perímetro de las administraciones públicas de la Sareb, conocido como el banco malo, resultado de la reestructuración financiera posterior a la crisis de 2008. Esta inclusión de las cuentas de la Sareb en el Estado supuso un aumento del déficit de casi un punto del PIB, unos 10.000 millones de euros. En total, el déficit sin ayudas financieras fue del 10,1% del PIB, según los datos de la IGAE publicados este lunes. Las cuentas públicas de 2020 muestran con claridad el impacto de la crisis sobre las cuentas públicas, tanto por la caída de los ingresos como por el aumento de los gastos públicos por la batería de medidas aprobadas por el Gobierno como parte del 'escudo social'.

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El déficit total al cierre del año alcanzó los 113.172 millones de euros, lo que supone multiplicar por 3,2 veces el déficit de 2019, justo antes del estallido de la pandemia. El principal factor que explica este fuerte crecimiento de la necesidad de financiación fue el aumento del gasto público, que creció en algo más de 53.000 millones de euros, de los cuales, el 85% son gastos relacionados con la pandemia. Eso significa que sí existe un aumento del gasto estructural como consecuencia de algunas medidas de carácter permanente, como es el ingreso mínimo vital. Es importante señalar que las exoneraciones en las cotizaciones sociales incorporadas a los ERTE y al cese de actividad se han contabilizado como subvenciones, esto es, como un gasto público en ayudas, de modo que ha contribuido a mejorar los datos de ingresos públicos y a elevar las cifras de gasto.

El grueso de los gastos para asumir los costes de la pandemia y las políticas contracíclicas ha sido soportado por el Estado con transferencias extraordinarias a otras administraciones públicas, en especial a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social. En total, Hacienda ha calculado que el Estado soportó el 70% del 'gasto covid'. Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este dato del déficit es "el reflejo claro de que este Gobierno se ha comprometido con los ciudadanos y las empresas". Las principales partidas de incremento del gasto público fueron: ERTE y otras prestaciones sociales, por valor de 21.500 millones; gastos sanitarios, 8.300 millones y las exoneraciones de cuotas, 7.800 millones.

En total, el déficit de la administración central ascendió al 7,5% del PIB, esto es, algo más del 70% del déficit público total excluidas las ayudas financieras. En términos absolutos supone unos números rojos de casi 67.700 millones de euros. Este resultado fue consecuencia de un aumento de los gastos de 46.000 millones de euros y un desplome de los ingresos de 21.700 millones de euros.

Los ingresos totales de la administración central sufrieron un descenso del 5%, una situación extraordinaria para España si se tiene en cuenta que en crisis anteriores la recaudación se hundía durante las recesiones. En esta ocasión los ingresos tributarios del Estado se redujeron un 8,8%. El mayor descenso, en términos porcentuales, se registró con el impuesto de sociedades, que sufrió un desplome del 33%, aunque casi diez puntos de esta caída son consecuencia de mayores devoluciones realizadas en 2020 por la liquidación de los pagos a cuenta de 2018 y la sentencia del Tribunal Constitucional del RDL de 2016 que reintrodujo el tipo mínimo en los pagos fraccionados.

La caída del consumo impactó en el IVA y los impuestos especiales con una caída de la recaudación del 12%. Sin embargo, los ingresos con el IRPF volvieron a subir en el año 2020, con un crecimiento del 1,2%. Este aumento es consecuencia del incremento del salario de los funcionarios y las pensiones, así como de la protección a trabajadores con los ERTE, que también están sujetos a retención.

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Las comunidades autónomas cerraron el año con un déficit del 0,2%, menos de la mitad que el del año anterior. El motivo de esta mejora fue el aumento de la financiación que recibieron las regiones, tanto en términos de entregas a cuenta del sistema de financiación, como las transferencias extraordinarias de los fondos covid. En total, ingresaron 115.600 millones de euros procedentes del Estado, la cifra más elevada, lo que explica que pudieran aumentar el gasto y rebajar el déficit al mismo tiempo. De hecho, nueve comunidades terminaron el año con superávit: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Destacan especialmente los datos de País Vasco y Navarra, con un déficit público del 1,1% y 0,9% respectivamente. Estas CCAA, como no forman parte del régimen común, no contaron con el mismo apoyo extraordinario ofrecido del Estado.

La Seguridad Social terminó el año con un déficit del 2,6%, siete décimas más que en 2019. El dato más positivo fue el de las cotizaciones a la Seguridad Social, que se incrementaron un 0,9%. Es importante destacar un aspecto señalado ya anteriormente: las exenciones de cotizaciones no se computaron como menores ingresos, sino como mayor gasto. Por su parte, los gastos aumentaron en 37.200 millones de euros, principalmente como consecuencia de las nuevas prestaciones covid y del aumento de las pensiones.

Por último, las corporaciones locales volvieron a cerrar otro ejercicio con superávit, y ya van nueve años consecutivos. En concreto, el saldo positivo ascendió al 0,26% del PIB, el dato más bajo de estos nueve años. Eso significa que las corporaciones locales sumaron casi 3.000 millones más a sus remanentes, lo que muestra que, aunque el Gobierno suspendió las reglas fiscales, los ayuntamientos tuvieron poca capacidad de gasto. La partida que cayó con más intensidad fue la de inversiones (formación bruta de capital fijo), que sufrió un desplome del 16%. Este descenso se vio compensado con un incremento de las subvenciones del 29%, que se destinó a aumentar las ayudas a empresas y familias.