Las secuelas de un año completo de pandemia económica

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a ‘crisis relámpago’ del coronavirus fue tan rápida que en apenas un mes destruyó un millón de empleos y dejó a otros tres millones de trabajadores en ERTE. Pero lo que parecía una caída efímera se ha convertido en un año completo de crisis económica. Previsiblemente España cerrará el primer trimestre del año, cuando se cumple un año completo de crisis, con una nueva contracción del PIB como consecuencia de la tercera ola. Los datos publicados correspondientes a enero y febrero apuntan a una caída en el entorno del 1%. Aunque en marzo están mejorando las cifras, las restricciones se prolongarán hasta las puertas del verano, lo que retrasará todavía más la recuperación.

Después de un año completo de crisis, las secuelas económicas son numerosas y se aprecian en todos los indicadores, aunque con un impacto es heterogéneo. El gran drama que deja la crisis, al margen del problema sanitario, es el aumento de la pobreza y la desigualdad. Las estadísticas no reflejan aún la realidad que se vive en ‘colas del hambre’ pero lo harán en los próximos meses. Los perdedores de la crisis son los trabajadores de la economía sumergida, que se han quedado sin ingresos del trabajo y no cuentan con ningún tipo de protección social.

Las estadísticas oficiales muestran que el número de trabajadores efectivos en España se ha desplomado en algo más de 1,3 millones de personas desde el estallido de la crisis. Sin embargo, casi la totalidad están cubiertos por prestaciones públicas: 910.000 están en ERTE y unos 400.000 cuentan con una prestación por desempleo. La red de protección tejida por el Gobierno ha funcionado para los trabajadores que estaban dentro del sistema.

Este análisis se confirma con otra estadística paralela elaborada por CaixaBank Research que mide la desigualdad a partir de las nóminas y la protección del desempleo. Según estos datos, la desigualdad de mercado ha crecido de forma notable, con un aumento de 2,35 puntos (medida con el índice de Gini). Sin embargo, la red pública de protección ha compensado este incremento con una reducción de 5,11 puntos de la desigualdad. El resultado final es que el índice de Gini (medido entre trabajadores que tenían nómina hace un año) se ha incrementado en 0,8 puntos a pesar de la grave crisis que han sufrido algunos trabajadores. Las prestaciones públicas no han podido corregir todo el aumento de la desigualdad, porque cubren un porcentaje inferior al salario que ha perdido el trabajador despedido o enviado a un ERTE, pero el papel equilibrador del sector público en esta crisis ha sido notable.

La economía sumergida está en el foco del aumento de la pobreza que todavía no recogen las estadísticas

Este leve incremento de la desigualdad registrada en las nóminas no es consistente con la realidad. Sólo Cáritas ha salido al auxilio de medio millón de personas en el último año porque han perdido sus ingresos. Todas estas familias que no aparecen en las estadísticas son el resultado de la grave crisis de la economía sumergida.

Algunos de los sectores más precarios, como son la hostelería, el ocio o el comercio han sido también los más golpeados por la crisis, de modo que muchos de sus trabajadores perdieron todos sus ingresos de la noche a la mañana, sin contar con ningún tipo de indemnización ni protección social. Como agravante, el ingreso mínimo vital sigue teniendo serios problemas de implementación, de modo que no ha servido para evitar el aumento de la pobreza.

En los próximos meses empezarán a publicarse estadísticas concretas sobre desigualdad que reflejarán el aumento de la pobreza. Se trata de uno de los grandes retos que el país tiene que combatir por dos vías: la mejora de los sistemas de protección social y la lucha contra la economía sumergida.

Al drama de la pobreza hay que sumarle el de las empresas que echan el cierre por las pérdidas acumuladas. Desde el estallido de la crisis se han dado de baja 111.000 empresas en el registro de la Seguridad Social, lo que supone que se han cerrado 7 de cada 100 empresas. Y eso que la moratoria concursal está evitando que miles de empresas morosas entren en causa de disolución, ya que los acreedores no tienen potestad para iniciar un concurso en una empresa que incumpla pagos.

En estos meses las empresas han sobrevivido gracias a su buena situación patrimonial previa a la crisis y a los préstamos que han recibido, en gran medida garantizados por el ICO. Eso significa que han soportado las pérdidas con sus recursos propios, actuales o futuros, lo que agrava el riesgo de quiebras y minimiza su capacidad de inversión cuando se levanten las restricciones. Está por ver cómo se canalizan las ayudas públicas recién aprobadas y si sirven para aliviar la difícil situación de muchas pymes y autónomos.

Para comprender la magnitud de la crisis sobre las cuentas de las empresas nada mejor que recurrir a los datos de rentas empresariales y del capital que publica el INE. En el acumulado de 2020 el beneficio bruto del capital (antes de los gastos operativos, pero después del pago de salarios) se desplomó en más de 68.000 millones de euros. Aunque toda esta cifra no va a pérdidas, porque las empresas pudieron reducir muchos costes intermedios, sí da muestra de la magnitud de la crisis.

Tal caída de los ingresos está provocando pérdidas de decenas de miles de millones de euros en el tejido productivo, en especial en los sectores más afectados por las restricciones. Las rentas empresariales y del capital apenas han recuperado un 46% de todo lo perdido durante la crisis. Esto es, los beneficios están más cerca de los mínimos de la crisis que de los niveles previos a la pandemia. Las empresas todavía tienen un largo camino por delante para recuperar las ventas que perdieron durante la crisis y muchas se quedarán en el proceso.

En esta crisis los ingresos empresariales han caído mucho más rápido que los salarios

Una de las grandes diferencias de esta crisis con las anteriores es precisamente cómo las empresas han optado por soportar los costes salariales, incluso aunque ello suponga incurrir en pérdidas. Dos circunstancias clave explican esta decisión. La primera es que el tejido empresarial llegó a la crisis en una situación financiera muy favorable, con recursos para asumir pérdidas. El segundo es que esta crisis siempre se ha percibido como temporal, de modo que las empresas han evitado descapitalizarse.

El resultado es que en los cuatro trimestres de la crisis los beneficios empresariales y del capital han caído más del doble que la masa salarial: un 14,2% frente al 6,4% de las rentas salariales. Se trata de un hecho sin precedentes en España, ya que en crisis anteriores las empresas destruían empleo masivamente para compensar la caída de la facturación. En la crisis de Lehman Brothers (2008-2009) la masa salarial cayó un 3% y los beneficios del capital, un 1%. Y en la crisis del euro (2010-2012), los salarios cayeron un 14% y los beneficios un 7%. En esta ocasión se ha invertido la tendencia y los ingresos de las empresas se han deteriorado más rápido que los de los trabajadores.

Las empresas utilizaron el recurso de los ERTE para descargar sus costes salariales durante el gran confinamiento. En esas semanas llegaron a acumularse casi 3,5 millones de trabajadores con el contrato suspendido. Tras la reapertura, las empresas recuperaron rápidamente sus plantillas, con la excepción de la hostelería y el turismo. Esto permitió un fuerte crecimiento de la masa salarial, hasta el punto de que a final de año ya había recuperado el 83% de la caída.

Cuando la ciencia consiga vencer al virus, los grandes países se encontrarán con el mayor volumen de deuda pública de la época contemporánea. Actualmente hay un gran consenso entre los economistas de la necesidad de mantener los estímulos fiscales mientras dure la crisis para evitar un colapso económico. Sin embargo, esta ‘generosidad’ hoy supondrá que la deuda pública de España escalará hasta el 120% del PIB.

La herencia condicionará la política fiscal durante una década. Una década que, además, será en la que empiece a jubilarse la generación del ‘baby boom’, de modo que será muy difícil poder recortar el gasto público.

Históricamente las dos vías para reducir la deuda pública han sido los impagos y la inflación. Los impagos parecen imposibles hoy, pero no deben ser descartados, en especial si los bancos centrales optan por hacer quitas de deuda a los estados. La segunda es el gran anhelo de los bancos centrales en los últimos años, ya que no han sido capaces de reactivar los precios.

Recientemente han recuperado la esperanza gracias al inesperado repunte de los precios de los bienes intermedios y las materias primas industriales. Este incremento responde principalmente a dos factores. El primero es el problema de oferta, ya que tanto la producción como los transportes siguen sufriendo disrupciones como consecuencia de la pandemia que rompen las cadenas globales de valor. El segundo es el repunte de la demanda gracias a la aceleración de la recuperación, especialmente en los países anglosajones. El resultado es que se han producido tensiones entre la demanda creciente y la oferta todavía afectada por las restricciones que han empujado a los precios.

Para las autoridades económicas este repunte de los precios es visto como una buena noticia, ya que contribuirá a elevar el PIB nominal de los países y, por tanto, a reducir la ratio de deuda pública. Los bancos centrales ya han anunciado que tolerarán inflaciones que superen levemente el 2%, algo que era impensable hasta ahora. Sin embargo, cuestión diferente es que puedan conseguir llevar hasta ahí la subida de precios, ya que los factores coyunturales que tiran ahora de la inflación desaparecerán cuando se normalice la oferta.

El repunte de la demanda es la mejor noticia de los últimos meses en esta coyuntura de recaída por los rebrotes del virus. En España el consumo ha recuperado más del 80% del desplome experimentado durante el gran confinamiento. Aunque los datos de enero y febrero fueron negativos, el consumo con tarjetas de crédito en el inicio de marzo ha vuelto a crecer, en tasa interanual. Esto es, está por encima del registrado hace justo un año.

Esta es la gran esperanza para lograr una fuerte recuperación económica una vez se levanten las restricciones a la actividad. Lo que muestran estos datos es que los hogares tienen la voluntad de volver a gastar cuando puedan hacerlo con seguridad. Y además cuentan con un colchón de ahorro de 40.000 millones de euros del que pueden tirar para darse algún capricho. Si vuelve el consumo, la salida de la crisis será rápida.