El otoño dinamita las previsiones del Gobierno y expone las debilidades de España

Este miércoles, distintos miembros del equipo económico del Gobierno se apresuraron a celebrar a través de sus respectivas cuentas de Twitter el dinamismo que sigue mostrando el mercado laboral español, según los datos provisionales de noviembre de la Seguridad Social. “Los datos a 15 de noviembre siguen reflejando el buen tono de la actividad”, escribió el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García.

La evolución del empleo se ha convertido en los últimos meses en la gran baza del Ejecutivo español para mantener en pie el relato de la solidez de la recuperación económica. Pero esta representa una realidad cada vez más disonante bajo el manto de desilusión que el otoño ha vertido sobre la economía nacional.

Ese mismo miércoles, el Panel de previsiones elaborado por Funcas registraba un recorte de las estimaciones de crecimiento del PIB español en 2021 hasta el 4,8%, desde el 6,2% en que se situaba dos meses antes. En paralelo, los analistas del banco británico Barclays, advertían de que las vulnerabilidades de las que adolece la economía española no se disiparán a corto plazo y que, por ende, no será hasta el tercer trimestre de 2023 cuando el país recupere los niveles de producción previos a la crisis. Y Moody’s, por su parte, subrayaba una vez más las debilidades fiscales del país, que podrían lastrar sus perspectivas a medio plazo.

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Todos estos mensajes suponen simplemente la continuación de una tendencia que se ha hecho evidente desde los primeros compases del otoño. Hasta ese momento, España lideraba las listas de crecimiento esperado entre los países desarrollados en 2021. Aunque la primera mitad del año había conllevado más dificultades de las estimadas inicialmente, la idea de que la economía nacional, especialmente penalizada por la pandemia, despegaría con fuerza una vez que el proceso de vacunación favorecía la normalización de las actividades, se mantenía en pie: el crecimiento que no se hubiera materializado en los primeros meses del año simplemente aguardaba para hacerse efectivo a lo largo del segundo semestre.

Esta idea permitía a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mantener en pie los pronósticos emitidos en marzo, cuando el Gobierno auguró un crecimiento del PIB nacional del 6,5%. Aquellos números fueron entendidos entonces como un ejercicio de optimismo, pero alcanzable. Y esa era la lectura que seguía imperando hace tan solo dos meses, cuando el Gobierno volvió a apoyar sobre ellos, con el aval de la AIReF, el proyecto de presupuestos de 2022.

Desde entonces, sin embargo, las suposiciones macroeconómicas del Ejecutivo se han visto sometidas un bombardeo de contrariedades que, pese a la insistencia del equipo de Calviño, las han convertido en poco menos que una quimera.

La revisión por el INE del PIB del segundo trimestre marcó un punto de inflexión

Sin duda, el sobresalto más decisivo se produjo pocos días después de la presentación del plan presupuestario, cuando el INE realizó una sorprendente —por su magnitud— revisión a la baja del crecimiento del segundo trimestre, hasta el 1,1%, desde el 2,8% estimado en primera instancia. Y los datos del tercer trimestre (un crecimiento del 2%), conocidos un mes después, representaron una decepción adicional, al no reflejar en las dimensiones estimadas la aceleración de la actividad durante el verano.

Desde entonces, la corrección de sus propios números ha sido una obligación para gran parte de las casas de análisis. De hecho, el propio Panel de Funcas justifica su fuerte recorte de estimaciones, en gran medida, en estos datos. “Ambos resultados están muy por debajo de las expectativas, que anticipaban que España sería uno de los principales motores del crecimiento de la UE”, señala en su nota. Recientemente, la Comisión Europea relegó a España de la primera posición en sus estimaciones de crecimiento para 2021 al decimoséptimo lugar.

Una aparente desavenencia entre la evolución del empleo y las cifras del PIB justifica cierta sensación entre el equipo económico del Gobierno —y entre diversos economistas— de que el INE puede estar fallando a la hora de captar la intensidad del crecimiento y que posteriormente podríamos asistir a nuevas revisiones que muestren una senda de recuperación más robusta.

Vulnerabilidades persistentes

Pero con independencia de esto, cada vez más expertos observan cabos sueltos en el relato que sustentaba los discursos más optimistas de hace apenas unos meses y que ahora justificarían que España se mantenga a la zaga de los países de su entorno. “Identificamos tres causas principales de debilidad: i) la débil dinámica del consumo, ya que la renta bruta disponible ha sufrido un golpe significativo a lo largo de 2020-2021, y aún no se ha recuperado; ii) el estancamiento del sector de la construcción cerca de su mínimo de 2020, ya que la incertidumbre limitó la inversión y la demanda, y iii) la recuperación del turismo en verano fue parcial, ya que persistió cierto grado de restricciones en el marco de una propensión limitada por viajar”, observan los analistas de Barclays en un informe en el que sitúan su pronóstico de crecimiento del PIB español en 2021 en apenas el 4,3%.

Si cualquier retraso de la recuperación representa una mala noticia, lo peor para la economía española es que los actuales obstáculos ya no son vistos tanto como un bache temporal que se corregirá con un repunte de mayor intensidad en los trimestres posteriores, sino las huellas de unas vulnerabilidades que llevará tiempo corregir.

“Consideramos poco probable que estas vulnerabilidades se disipen por completo a corto plazo. Aunque el exceso de ahorro sigue siendo elevado, lo que respalda la recuperación del consumo, el aumento de los casos de COVID-19 y la actual crisis energética —a la que España está más expuesta— hacen dudar de que vaya a producirse una gran aceleración del consumo a corto plazo. La inversión en construcción, que a medio plazo se beneficiará de las importantes inversiones procedentes del instrumento de recuperación Next Generation EU (NGEU) (unos 16.000 millones de euros, equivalente a un 1,3% del PIB), se enfrenta actualmente a un rápido aumento de los costes, al endurecimiento de las condiciones crediticias y a posibles restricciones legislativas (por ejemplo, un límite a los alquileres). Por último, las exportaciones de viajes —que constituyen un 16% del total de las exportaciones españolas— seguirán probablemente rezagadas ante la prolongación de las restricciones del COVID-19, mientras que los expertos en turismo no esperan que se vuelva a la normalidad hasta 2023”.

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Así, no solo quedan en entredicho los números del Gobierno para 2021, sino que cada vez parecen menos factibles los augurios para 2022, cuando el equipo de Calviño augura una tasa de crecimiento del 7%.

Esta misma semana, se publicó la encuesta de previsiones económicas que realiza Bloomberg entre más de 30 casas de análisis internacionales. Las cifras reflejan la expectativa de que el crecimiento intertrimestral de España en los próximos trimestres se vaya desacelerando progresivamente hasta tasas de apenas el 0,8% a finales de 2022, resultando en un crecimiento anual esperado del 5,8%, una cifra que no experimenta ningún repunte desde el mes anterior pese a que las expectativas para 2021 caen siete décimas.

Además de a cuestiones estructurales, la economía española se enfrenta hoy y en el futuro inmediato a una serie de dificultades coyunturales que amenazan con refrenar aún más la recuperación: el auge de los precios energéticos y la consecuente inflación, que al impactar de forma más aguda en España amenaza la competitividad de la economía nacional; las dificultades de las cadenas de suministros globales, con una incidencia especialmente reseñable en industrias clave para el país, como la de automoción, y los rebrotes del coronavirus en Europa, que suponen otra piedra en el camino de la normalización de la actividad turística.

Los rebrotes del covid en Europa agudizan los riesgos de desaceleración

El Banco de España, que ya ha adelantado que en diciembre realizará un ajuste contundente en sus estimaciones, lleva meses alertando de la presencia de notables amenazas en el camino de la recuperación. Y muchas de ellas se han empezado a materializar de manera preocupante en las últimas semanas, siendo el confinamiento decretado este viernes por Austria uno de los avisos más obvios.

El retraso de España en la recuperación le pone en una situación especialmente crítica ante la tesitura de que Europa empiece a promover un retorno a la ortodoxia financiera que obligue a los países más endeudados —como es el caso español— a adentrarse por la senda de una consolidación fiscal más o menos rápida. A estas cuestiones se referían los analistas de Moody’s en un informe publicado esta semana, en el que señalaban a España como uno de los países de la región más vulnerables a esta situación.

“Aunque España registró fuertes mejoras en sus métricas fiscales generales antes de la pandemia, estas fueron impulsadas en gran medida por su buena posición cíclica durante estos años y una disminución en los pagos de intereses más que por medidas fiscales estructurales. Por lo tanto, volver a un déficit más bajo podría resultar un desafío”, advierten en la agencia de calificación, donde también consideran que el país es uno de los más expuestos —por el envejecimiento de la población y por el apoyo relativamente limitado al Gobierno— a presiones sociales en favor de mayor gasto público en servicios sociales. El Panel de Funcas estima que a cierre de 2022 el déficit público de España se situará en el 5,7%, siete décimas más de lo que contempla el Ejecutivo en su plan presupuestario.

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En estas circunstancias, España también tendrá que vigilar de cerca la evolución de la política monetaria del BCE. Aunque se espera que el banco central mantenga una postura acomodaticia, indispensable para que el país pueda financiarse a los costes históricamente bajos que rigen actualmente, una recuperación económica más evidente en buena parte de la región junto a las presiones inflacionarias actuales han llevado al banco central a anticipar el fin el próximo marzo del programa extraordinario de compra de deuda puesto en marcha ante la crisis del coronavirus y en el mercado se abren paso los pronósticos de que la institución que preside Christine Lagarde podría elevar los tipos de interés el próximo año.

Esto se ha reflejado ya en un incremento de la prima de riesgo española por encima de los 70 puntos básicos, frente a los 55 puntos que llegó a marcar a inicios de año, registrando sus niveles más elevados en los últimos 12 meses. Así, firmas como Capital Economics, que hasta ahora mantenían la idea de que el BCE mantendría firmemente anclados los diferenciales de deuda de los países periféricos europeos, ahora prevé un sensible incremento durante 2022. “Creemos que el banco querrá restablecer un grado de disciplina de mercado en los soberanos y, por lo tanto, estará más dispuesto a tolerar algún aumento en los diferenciales periféricos, especialmente si está impulsado por factores específicos del país”, sostiene la firma, que augura que la prima de riesgo española podría escalar el próximo año hasta el entorno de los 125 puntos básicos.

Las bazas españolas

Frente a estas amenazas, la economía española también cuenta con bazas para infundir un nuevo aliento a la recuperación. Una pasaría por un alivio próximo de dificultades temporales como el encarecimiento de la energía y los rebrotes del coronavirus, que infundan nueva confianza a los agentes económicos, revitalizando la inversión y, sobre todo, la liberación del ahorro acumulado durante la crisis.

La otra está relacionada con la recepción de los fondos del programa de recuperación europeo Next Generation, que se espera que no solo supongan un impulso de corto plazo, sino una palanca que contribuya a incrementar el crecimiento potencial de la economía nacional. Sobre este punto, sin embargo, persisten evidentes recelos entre los expertos, que señalan a Italia y España como los países en los que el despliegue de este dinero podría enfrentar mayores dificultades.

“En primer lugar, es probable que las ineficiencias en la Administración pública limiten la capacidad de los gobiernos para absorber cantidades muy grandes en un periodo de tiempo tan corto y para utilizar estos fondos de manera eficaz para implementar reformas estructurales. En segundo lugar, creemos que será difícil para los gobiernos mantener el impulso político en torno a las reformas económicas estructurales”, señalan los analistas de la agencia de calificación.