Moncloa cree que el CGPJ "se extralimita" y no atenderá sus críticas sobre la Ley de Vivienda
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Nuevo enfrentamiento con el Consejo

Moncloa cree que el CGPJ "se extralimita" y no atenderá sus críticas sobre la Ley de Vivienda

Precisa que aunque el informe del Consejo es preceptivo no "es vinculante" y retrasa hasta febrero la aprobación del proyecto de ley de una de las normas más importantes de la legislatura

Foto: El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)

La decisión del Consejo General del Poder Judicial de elaborar un contrainforme crítico con la Ley por el Derecho a la Vivienda no ha sentado bien en Moncloa. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana apuntaron a última hora de este viernes que el órgano de gobierno de los jueces se ha extralimitado en su valoración sobre la norma diseñada por la coalición gubernamental. El departamento que dirige Raquel Sánchez ha precisado que, aunque el informe es preceptivo, se ha solicitado exclusivamente por la modificación de tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no sobre todo el texto, relativos a los desahucios. "Su opinión no es vinculante", recuerdan estas fuentes.

El Ejecutivo ha lamentado, además, el retraso que la decisión del Consejo supondrá para la tramitación de la norma. El CGPJ ha rechazado la ponencia favorable que había elaborado uno de sus vocales, el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, y encargado un nuevo estudio, sin duda crítico, que no estará listo hasta dentro de dos semanas. El nuevo criterio se someterá a votación el día 27. "Desde el Gobierno de España respetamos la decisión del CGPJ y lamentamos el retraso en la tramitación de una norma que garantiza derechos y que aporta soluciones a los importantes problemas habitacionales de muchos españoles", indican las fuentes consultadas.

Foto: El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. (EFE/Emilio Naranjo)

Para Transportes la aprobación de esta ley "pionera" es "urgente y necesaria", más aún contando con la complejidad que ya espera en su andadura parlamentaria. Moncloa recuerda que la ley "hará efectivo el derecho a acceder a una vivienda digna y asequible y consolidará el quinto pilar de nuestro Estado de Bienestar". Por ello, aceleró al máximo el arranque de esta fase de informes y solicitó su informe al Consejo el pasado 1 de diciembre por trámite de urgencia. "Queríamos que fuera emitido en un plazo de 15 días", dicen. El ministerio del PSOE realizó este trámite, además, con un mes de retraso, ya que la ley estaba lista a primeros de noviembre. El Gobierno aplaza ahora hasta febrero la aprobación del proyecto de ley de Vivienda para iniciar su tramitación parlamentaria.

Desde la aprobación del anteproyecto, las dudas sobre su inconstitucionalidad han sido permanentes. El CGPJ ha venido ahora a aportar argumentos jurídicos a aquellos a quienes les rechinaba el articulado. Ya fuera la patronal, que no se ahorró críticas, como la oposición que anunció recursos antes incluso de que el texto iniciara su tramitación parlamentaria, la norma ha levantado incluso antes de su nacimiento suspicacias permanentes. El primer varapalo ha venido del Consejo, uno de los órganos consultivos que se ocupan de revisar las leyes aunque sus conclusiones no son en ningún caso de obligado cumplimiento para Moncloa.

Foto: La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (i); el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE/Chema Moya)

La ley incluyó cesiones del Ejecutivo a sus socios morados que exigían mayor contundencia en algunos aspectos antes de dar su apoyo a las cuentas públicas. El tira y afloja se alargó un año y el producto final supone la implementación de un marco estatal para regular una materia que, de forma histórica, ha dependido de las comunidades autónomas. Precisamente este punto es el primero que no le encaja al Consejo que apunta que el articulado actual contradice la Constitución hasta el punto de dudar de la competencia del Gobierno para aprobar una ley con ese contenido.

Para mayor desgaste, la voz que ha liderado la oposición en el Consejo a través de la elaboración de un argumentario tremendamente crítico es la del vocal Enrique Lucas, propuesto para el PNV, formación fundamental para que el Ejecutivo saque adelante sus propuestas. La oposición a la primera revisión "complaciente" que había elaborado Cuesta no ha partido solamente de los vocales conservadores. Varios de la bancada progresistas han apoyado también su reelaboración. Las primeras conclusiones ya anticipan que la redacción final será muy dura y reclamará cambios en gran parte del texto legal.

"Intervencionismo estatal"

Para la mayoría del Consejo, la Ley de Vivienda peca de intervencionismo estatal y atenta contra las competencias autonómicas. Es —dice Lucas en su escrito— de una atracción artificiosa a la esfera estatal de una materia que el artículo 148.1.3º de la Constitución dejó a disposición de las Comunidades Autónomas para, así, "imponer un modelo de intensa intervención pública en la vivienda".

Advierte el vocal del PNV que la propuesta de informe su compañero parte de una idea errónea que es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, "tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas".

El texto aprobado por el pleno añade que el punto de partida del informe debe ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, "que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales".

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