El CGPJ desactiva su luz verde inicial a la ley de vivienda del Gobierno

El Gobierno ha vuelto a toparse este viernes con el Consejo General del Poder Judicial. Los vocales, reunidos en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la ley de vivienda, han acordado rechazar la primera valoración positiva a la norma, elaborada por el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero. La mayoría de los miembros del órgano de gobierno de los jueces considera que la norma viola las competencias autonómicas.

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Agencias

Por 15 votos a seis el pleno ha rechazado la propuesta de Cuesta y ha designado nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas. La ponencia del exdiputado avalaba en su casi totalidad la ley pactada por el PSOE y Unidas Podemos y se limitaba a reseñar la necesidad de mayor concreción en algunos puntos y a advertir sobre la desigualdad que podría provocar la regulación de los precios del alquiler por parte de las comunidades autónomas.

Según fuentes presentes en la reunión consultadas por El Confidencial, la conclusión inicial de la mayoría del pleno es que se impone una nueva redacción de numerosos puntos de la ley. Uno de los vocales que ahora asumirá la ponencia, Lucas, ha reflejado su desavenencia en un escrito que ha recabado un apoyo mayoritario. Defiende que la vivienda es una materia que constitucionalmente debe gestionarse a nivel autonómico y no estatal.

Para Lucas la articulación del nuevo texto amenaza el "derecho de propiedad" y su encaje con las leyes autonómicas de vivienda "será problemática" en detrimento de la seguridad jurídica en tan sensible materia, indica el texto al que ha tenido acceso este diario. Se evidencia —dice— "una atracción artificiosa a la esfera estatal de la ordenación completa y agotadora de una materia que el artículo 148.1.3º de la Constitución dejó a disposición de las Comunidades Autónomas para, así, imponer un modelo de intensa intervención pública en la vivienda".

El pleno ha estimado estas alegaciones, convertidas en enmienda a la totalidad. Advierte el vocal que la propuesta de informe su compañero parte de una idea errónea que es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, "tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas".

El texto aprobado por el pleno añade que el punto de partida del informe debe ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, "que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales". Han votado a favor de las alegaciones el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Se han opuesto a estas alegaciones los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

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Existen así serias dudas entre los vocales de que el Estado tenga competencia para aprobar una ley con ese contenido. Esa conclusión de muchos de los miembros del Consejo afectará inevitablemente a múltiples aspectos de la ley y obliga, por ello, a reelaborar el informe. Las discrepancias afectan incluso al espíritu que presidió la propuesta del Gobierno de coalición, como el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo. "Es evidente que no se le va a dar ningún aval al Gobierno, sino todo lo contrario", indican.