La ofensiva del PP por el uso de los fondos obliga a Moncloa a detallar el reparto

Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia son, por este orden, las comunidades más beneficiadas por los fondos europeos de recuperación. Se trata de las seis regiones con mayor población y cuatro de ellas están gobernadas por el PP, que en los últimos días ha puesto en el disparadero la distribución del dinero a través de una ofensiva judicial para denunciar la supuesta discrecionalidad del Gobierno. El reparto entre las autonomías en 2021 ascendió a 11.246 millones de euros, casi la mitad de todo lo presupuestado. De ellos, Andalucía fue la que más percibió, con 1.915 millones de euros, seguida de Cataluña, con 1.578. En tercer lugar, se sitúa Madrid, con 1.213. La Comunidad Valenciana, el único de estos seis territorios en manos de los socialistas, obtuvo 1.054, Castilla y León, 742 y Galicia, 681.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en impulsar un recurso que cuestiona el destino de una partida de nueve millones de euros —el 0,08% del total de los fondos— a administraciones autonómicas en subvenciones para el desempleo. Varios barones populares anunciaron que seguirían sus pasos. El último en sumarse fue el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Antes de ello, el líder del partido, Pablo Casado, había introducido el marco de la corrupción para voltearlo con el reparto de los fondos europeos. En una entrevista televisiva, tildó el sistema de “clientelar" advirtiendo de que "puede llevar a la corrupción”.

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Desde Moncloa, aseguran en privado que el nivel de preocupación de la Comisión Europea es "cero". El Ejecutivo ha remitido documentación y ofrecido ya explicaciones por escrito, además de mantener conversaciones con las instituciones europeas. Su conclusión es que "no tienen ninguna preocupación". Argumentan que existen controles y auditorías establecidas en el propio fondo de recuperación, compartidos por todos los países, con sistemas de fiscalización elevados. Una monitorización que las instituciones comunitarias realizan en tiempo real a través de un sistema informático que cuenta con un plan antifraude y que evalúa posibles conflictos de interés. "No solo no hay ninguna duda de la Comisión, sino que confían plenamente en España", concluyen estas fuentes del Gobierno. En público, desde el Ejecutivo han cargado las tintas contra los populares, a quienes acusan de intentar promover una campaña de "boicot" para sembrar dudas sobre el plan de recuperación.

Si a nivel judicial y de supervisión de la UE no hay preocupación, sí se reconoce el daño comunicativo, porque aunque las denuncias de los populares se archiven pueden "prender" en la opinión pública sembrando dudas de su legalidad. La partida en la que los populares han puesto el foco es de apenas nueve millones y está destinada a un plan de inserción laboral de jóvenes. Se trata de proyectos piloto del SEPE que se han destinado a iniciativas en País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana. Ninguna gobernada por el PP. Con todo, están pendientes de repartir en este mismo plan otros 11 millones para otra serie de comunidades autónomas.

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Los principales criterios de reparto se centraron en que las comunidades beneficiadas presentasen experiencias relevantes en inserción laboral de jóvenes, que demostrasen capacidad de ejecución y que se distribuyesen en mercados de trabajo diversos. Así, Extremadura se centró más en el sector agrario, País Vasco en el industrial, Valencia en el turístico y Navarra en la inserción laboral en zonas rurales despobladas.

Estos fondos, como los que se han distribuido hasta ahora, se aprobaron en las conferencias sectoriales correspondientes a través de convocatorias abiertas con la evaluación de las propuestas de un comité técnico. Ninguna comunidad autónoma puso reparos, según llaman la atención fuentes gubernamentales. "Se ha seguido el procedimiento habitual", zanjan estas mismas fuentes, que ponen el foco de sus preocupaciones respecto a los fondos en que se logre la mayor ejecución e impacto posible. Su convicción, que compartirían las instituciones europeas, es que "las cosas se están haciendo bien".

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Pedro Sánchez ha apostado a los fondos de recuperación una salida "justa" de la crisis social y económica derivada del coronavirus y, por tanto, en ello descansa la principal baza para su reelección. El cuestionamiento que se está haciendo por parte de los populares ha generado frustración en Moncloa por el ruido generado en un tema con el que pretenden marcar agenda. "Quien pone zancadillas a los fondos europeos se los pone a su país y a los españoles. Estos fondos son buenos y Pablo Casado tendrá que reconocerlo tarde o temprano", arremetía la portavoz del Gobierno este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "A pesar de su boicot, estos fondos se desplegarán", concluía.

La recepción de los fondos europeos está asociada al cumplimiento de los hitos comprometidos en el plan de recuperación y es por ello que desde el Gobierno hacen hincapié en que si se están realizando estas transferencias "es porque cumplimos". Tras el primer examen de la Comisión Europea, España recibió una evaluación positiva y, fruto de ello, se recibieron a finales de diciembre 10.000 millones de euros. En total, durante 2021, los fondos ascendieron a 19.000 millones y en 2022 los desembolsos previstos son de 18.000. Los hitos y objetivos del segundo semestre de 2021 tienen asociado un pago de 12.000 millones de euros, que se solicitarán en los próximos meses. La perspectiva pasa por concentrar el 80% de las transferencias en el trienio 2021-2023. La siguiente fase se centrará en préstamos sin intereses, que el Ejecutivo también solicitará.

La ofensiva judicial de los populares está obligando al Gobierno a concretar la letra pequeña del reparto de los fondos UE. Durante las próximas semanas y meses, está previsto dar cuenta desde los Perte a las ejecuciones más pequeñas y los resultados de la cogobernanza con las administraciones territoriales. Para el Ejecutivo, el papel de las diferentes CCAA es clave en la ejecución de los fondos. Mientras los socialistas se afanan en disipar dudas sobre la distribución del dinero, no logran centrar su discurso en los beneficios de los fondos y la "recuperación económica justa". Un marco en el que pretendían profundizar coincidiendo con la campaña de las próximas elecciones en Castilla y León.