El PP crea un grupo de trabajo para vigilar los fondos europeos y detectar irregularidades

La desconfianza que el PP mantiene sobre el plan de reactivación económica por el que el Gobierno repartirá los fondos europeos ha hecho que el primer partido de la oposición se organice para fiscalizar cada movimiento de la Moncloa. Los populares plantearán una ofensiva parlamentaria desde el Congreso con un grupo de trabajo específico que se dedicará a revisar cada operación, subvención y adjudicación derivadas de los 140.000 millones asignados a España.

Como los fondos se han estructurado a través de los distintos ministerios, el planteamiento de los populares es una especie de comisión propia con los portavoces parlamentarios de cada área, que irán dando cuenta del avance de la ejecución en sus respectivos terrenos. La idea es que hagan saltar las alarmas si detectan alguna irregularidad y que el partido analice en profundidad las adjudicaciones más importantes. Fuentes del grupo que lidera Cuca Gamarra aseguran además que “habrá un goteo continuo de peticiones de información al Gobierno, a los ministerios y preguntas parlamentarias”.

El PP no apoyará el plan, pero se volcará en el control al Ejecutivo para visualizar aún más su labor de oposición y, especialmente, la alternativa que propone. Pablo Casado defendió desde el primer momento la creación de una autoridad independiente similar a la de otros países europeos para gestionar el dinero de Europa, e incluso lo registró a través de una proposición de ley para debatirlo en el Congreso. Pero el Gobierno lo rechazó de plano. Como explicó el líder popular en una entrevista con este diario, su formación pretende fiscalizar cada movimiento y, si llega al Gobierno, revertirá las reformas aprobadas por Sánchez “sin consenso, sin debate parlamentario y sin votación”.

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Los populares están convencidos de que el plan del Ejecutivo de PSOE y Podemos acabará en "redes clientelares" y dan por hecho que será un fracaso para el futuro económico. Tras un intenso debate interno sobre cómo articular la fiscalización, el partido ha decidido que el peso del trabajo (coordinado por la vicesecretaria sectorial y responsable de Economía en la formación, Elvira Rodríguez) lo lleve el grupo en el Congreso. La coordinación con Génova y los responsables de Hacienda de las distintas CCAA (consejeros en el caso de los gobiernos y portavoces en la oposición) será continua también.

Técnicos del partido han preparado procedimientos homogéneos para todos los portavoces de área implicados, que permitan coordinar el trabajo de control. Están ultimando una base de datos que les servirá para compartir información y en la que irán actualizando las cifras más relevantes. Desde los créditos presupuestarios iniciales a la situación de ejecución de los proyectos o el avance en la parte que les toca a las comunidades autónomas. “La idea es ir introduciendo toda la información con la que vayamos contando. Cada portavoz seguirá las adjudicaciones de su área y lo que se publique”.

La idea es mantener reuniones mensuales donde se compartan los resultados. Es un sistema nuevo para el propio PP, que da por hecho que irá ajustando según vayan pasando las semanas. Pero la declaración de intenciones es evidente: denunciar cualquier irregularidad y analizar todos los condicionantes de cada convocatoria de subvenciones, convencidos de que el Gobierno se ha equivocado en su planteamiento, dejando fuera a la oposición y centralizando todo en el gabinete del presidente.

El propio Casado ahondaba en esa idea en la entrevista publicada ayer en este periódico: “Estoy completamente exonerado de responsabilidad con un plan sin consensos y no me siento vinculado con lo que él acuerda. Es decir, que si el plan acuerda con Europa un sablazo fiscal, cuando lleguemos al Gobierno reequilibraremos ese sablazo fiscal, y eso deben saberlo también las empresas que están haciendo romería al despacho de Iván Redondo”.

Además del grupo de trabajo en el Congreso, el PP valora otras posibilidades de control para más adelante. En un principio, Casado habló de la posibilidad de crear un comité de expertos en el que podrían estar exministros, exsecretarios de Estado y expertos en política europea, digitalización o energía, entre otras materias. Una especie de consejo asesor donde debatirían internamente los proyectos concretos más visibles.

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Pero, en este momento, el plan de oposición que coordina Elvira Rodríguez con varios diputados da la misma importancia de fiscalización a esos grandes proyectos que a las convocatorias de subvenciones o los consorcios. Y muy especialmente al ritmo de ejecución del Gobierno. Ahí ven realmente el problema de mayor dimensión, insisten fuentes parlamentarias, como ya ha advertido el Banco de España: el alto riesgo de inejecución que será lo que determine si el Gobierno cubre o no los objetivos.

El PP centrará su labor de oposición de los próximos meses en este control de los fondos europeos a los que Pedro Sánchez fía la recuperación tras la crisis del coronavirus y su estabilidad en la Moncloa. Los populares insisten en que la legislatura está agotada, que el cambio de ciclo empezó el 4 de mayo y terminará en las próximas elecciones generales.