Las comunidades del PP refuerzan la ofensiva legal por el reparto de fondos UE

El PP refuerza la ofensiva legal montada por sus comunidades autónomas y ayuntamientos contra el Gobierno de la nación por el reparto de los fondos europeos. Después de que Madrid haya acudido a los tribunales y Galicia y Castilla y Léon hayan enviado un requerimiento oficial al Consejo de Ministros, Andalucía y Murcia dejan claro que también emprenderán la vía judicial por el agravio frente a las comunidades socialistas. También los ayuntamientos del PP, como anunció este periódico, impugnarán en los tribunales “la falta de transparencia” y el “sectarismo” del reparto de fondos europeos.

El presidente del PP, Pablo Casado, se alineó con las comunidades de su partido que han emprendido un frente judicial por este reparto “a dedo” y consideró lo que está ocurriendo “un escándalo”. “Es que, además, lamentablemente se veía venir. Lo que está pasando es que el Gobierno ha decidido repartir a dedo los fondos europeos. Por cierto, con un real decreto que apoyó Vox, no sabemos por qué, para repartir 140.000 millones a dedo”, aseguró Casado en una entrevista en Antena 3. El PP planteó que fuera una agencia independiente la que se encargara de la administración de estos fondos para evitar criterios políticos, según defendieron en su momento y como sí ha hecho Italia o Grecia. Casado advirtió, además, de que ese reparto "clientelar" puede "devenir en prácticas irregulares". El "problema es que está siendo ineficaz" ese reparto de fondos porque Pedro Sánchez "no ha conseguido ejecutar más que 100 millones de euros de 24.000 en todo el año 2021", sostuvo.

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La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, acusó a Madrid de poner en cuestión a la Unión Europea tras su recurso ante el Tribunal Supremo por el reparto "arbitrario" de los fondos europeos. "Quien cuestiona al Gobierno de España en el despliegue de estos fondos está cuestionando a la Unión Europea", señaló la portavoz del Ejecutivo en una entrevista en Telecinco en la que defendió la "transparencia" con la que el Gobierno ha gestionado el reparto.

Aviso de Andalucía

Poco después de que Casado bendijera el frente judicial abierto por Madrid, secundando por Galicia, al que a media tarde de este jueves se le ha añadido Castilla y León y emprendido también por los alcaldes del PP, desde Andalucía se sumaron a la ofensiva. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, aseguró que su Gobierno está analizando el reparto de todos los fondos y aseguró que ya se llevaron una primera “decepción” porque el presidente, Pedro Sánchez, les anunció en una Conferencia de Presidentes que la gestión territorializada de los fondos UE llegaría al 50% del dinero procedente de Bruselas y que esa cifra finalmente ha quedado en un 33%. La “segunda decepción”, dijo Moreno, ha llegado con el reparto de esos fondos.

“Quiero advertir al Gobierno de España que Andalucía no va a permitir ningún menoscabo de recursos y no descartamos las vías judiciales para la defensa de los intereses de Andalucía y los andaluces. Nosotros tenemos una obligación como representantes de ocho millones de andaluces que es defender hasta el último céntimo de euro que nos corresponde”, sostuvo el presidente de Andalucía, que garantizó “máxima lealtad, pero una determinación implacable” para reivindicar ese dinero. A su juicio, “no se están haciendo bien las cosas con los fondos”. “No hay transparencia, no hay información directa y no hay cogobernanza con las comunidades, eso nos lleva a que no podamos aprovechar al cien por cien estos fondos”, advirtió el líder del PP andaluz.

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El Gobierno andaluz no especificó que exactamente va a recurrir a los tribunales. En el caso de Madrid, como avanzó este periódico, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz y que el pasado 19 de octubre otorgó a las comunidades de Valencia, Extremadura, Navarra y País Vasco nueve millones de euros para “financiar nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad”. El escrito apunta a que no han existido “criterios objetivos” en el reparto y que con un mecanismo de concesión directa se beneficia a comunidades gobernadas por el PSOE y PNV.

Fuentes del Gobierno de Murcia también avanzaron a El Confidencial que van “a emprender todas las acciones” a su alcance “para exigir un reparto justo e igualitario”, así como para que “se anulen aquellos que se hayan hecho de forma arbitraria”. Ya en noviembre de 2020, el presidente murciano, Fernando López Miras, pidió por carta a la presidenta de la Comisión Europea “que controlasen al Gobierno y garantizase un reparto justo e igualitario de los fondos europeos para todas las regiones”.

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El consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, advirtió en la misma línea que Moreno que irán a los tribunales y sostuvo que no son apreciaciones sino “hechos y agravios”. “El Gobierno otorgó a dedo 110 millones de euros de ayudas europeas contra la pobreza y dejó fuera a los barrios más pobres de Andalucía. Andalucía ha recibido 29,8 millones de ayudas europeos de I+D+i para las universidades y, sin embargo, Cataluña recibió 82, ¿por qué? No hay explicación”, subrayó Bendodo. En el caso de fondos por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para el desarrollo de los barrios más pobres, el Gobierno señaló que Andalucía no había concurrido formalmente al reparto ni solicitado estas cantidades.

El Gobierno andaluz ya recurrió a los tribunales contra el Ministerio de Hacienda por el impago del IVA del mes trece del año 2017, “537 millones de euros que debe el Gobierno de España a todos los andaluces y que, por cierto, todavía no nos lo han pagado”, recordó Bendodo. El presidente andaluz también se dirigió por carta a la ministra de Economía, Nadia Calviño, denunciando “el oscurantismo” con los fondos europeos. Fuentes de la Consejería de Hacienda en Andalucía explicaron que es una decisión política la de acudir a los tribunales y que el reparto de los fondos Next Generation los articula cada ministerio con las respectivas consejerías de las comunidades según la naturaleza de esas ayudas.

CyL envía un requerimiento previo

La Junta de Castilla y León ha anunciado también que ha enviado un requerimiento previo a la vía judicial para exigir al Gobierno un reparto homogéneo de los fondos, que fueron repartidos por parte del Ejecutivo central "a cuatro comunidades autónomas".

Así lo ha avanzado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien ha insistido en que la Comunidad "siempre" apuesta por la vía del diálogo antes de acudir al Tribunal Supremo, como ya ocurrió con la reclamación de los 182 millones procedentes de la liquidación del IVA.

Fernández Carriedo ha recordado que en octubre la Junta ya se dirigió al Gobierno central para pedir que rectificara el reparto de estos fondos de la UE vinculados a las Políticas Activas de Empleo y, posteriormente, las Cortes aprobaron una Proposición No de Ley sin el respaldo de PSOE y Podemos para insistir en esta exigencia.

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Tras estos primeros pasos y dada la falta de respuesta por parte del Gobierno central el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado esta mañana autorizar la presentación de un requerimiento al Gobierno para que retire este reparto y ofrezca un trato "igual y homogéneo" a todas las autonomías.

"No existe motivo por el que se nos excluya, pedimos la retirada de esa decisión, convocar Conferencia Sectorial de Empleo y recursos homogéneos para todas las Comunidades", ha defendido Fernández Carriedo, tras lo que ha confiado en que "el gobierno rectifique y cese el trato de discriminación".

"Ofrecemos al Gobierno la opción de poder rectificar sin necesidad de ir a la vía judicial", ha concluido el portavoz de la Junta pese a que la Comunidad de Madrid ha decidido ya acudir al Tribunal Supremo.