La gran rebelión: 138 alcaldes del PP acuerdan impugnar el reparto de los fondos europeos

Al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer que recurría ante el Tribunal Supremo (TS) el reparto “arbitrario” de los fondos europeos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, 138 alcaldes del PP que gobiernan municipios de más de 25.000 habitantes se reunían de forma telemática para acordar una batería de iniciativas administrativas y judiciales contra la “falta de transparencia” y el "sectarismo" del Gobierno central a la hora de distribuir unas partidas económicas que las administraciones locales consideran fundamentales para impulsar la recuperación pospandemia.

Este periódico ha informado de un reparto desigual de los fondos en dos partidas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En el departamento que preside Reyes Maroto, señalan que la distribución fue pactada en una reunión sectorial con las autonomías, "por unanimidad" y "sin discrepancias", pero el PP incide en el hecho de que los ayuntamientos populares situados en regiones socialistas son los peor parados.

En el encuentro de alcaldes del PP, presidido por el vicesecretario de Política Local de Génova, Antonio González Terol, se conjuraron para llevar ante la Justicia “la constatación clara de que se está produciendo un reparto desigual de los fondos” de la UE. El vicepresidente primero de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, explicó en conversación con El Confidencial que se fijaron una serie de líneas de actuación ante el “maltrato endémico” que sufren los consistorios por parte del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos (UP) y que se vuelve “sectario” en el caso del estudio y adjudicación de los fondos Next Generation.

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García Urbano señaló que, al igual que lo anunciado por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, las administraciones locales que “se sientan perjudicadas van a interponer recursos administrativos o contenciosos en los tribunales”, por lo que se prevé un tsunami judicial cuyo impacto en la distribución del dinero dependerá en la celeridad de las resoluciones y las posibles medidas cautelares que se puedan adoptar. La decisión que adopte el Supremo tras la iniciativa impulsada por el Gobierno de Ayuso podría marcar el camino de las posteriores.

“Te dicen no, pero no hay una motivación”, se quejó el vicepresidente de la FEMP

El regidor esteponero defiende esta vía porque “no hay transparencia, ni explicación de criterios [de adjudicación], por lo que se genera una indefensión”. “Te dicen no, pero no hay una motivación”, se quejó, para sostener que ha quedado patente un “reparto desigual de esos fondos”. “Donde no se ha atendido a criterios objetivos, ni de población ni de territorio. Donde las resoluciones no son motivadas y, por tanto, a aquellos municipios a los que se les ha denegado, o se les ha entregado una cantidad muy inferior a la solicitada, no se les ha dado una explicación por escrito”.

El partido de Pablo Casado “está evaluando, y va a publicar unos cuadros, en los que se aprecia que la discriminación [de los ayuntamientos del PP] es clara”, y manifestó: “Vamos a poner sobre la mesa, al Gobierno de España y a la Unión Europea (UE), lo que está pasando. Quien tiene la responsabilidad [el Ejecutivo central] verá si rectifica, y quien tiene la potestad de controlar [la Administración continental] tomará cartas”.

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El dirigente popular, el alcalde de los municipios de más de 25.000 habitantes que obtuvo mejores resultados electorales en todo el país, explicó que en la reunión se reafirmó la postura expresada por la dirección de su partido y reiteran que sea “una agencia independiente” la que “evalúe los proyectos y los adjudique” para “tener la mayor transparencia y objetividad posible”. “Esto no ha sido así”, denunció, “sino que están siendo los respectivos ministerios los que deciden”.

García Urbano, por su posición en la Federación Española de Municipios y Provincias, declinó poner algún ejemplo de proyecto denegado en su localidad, pero “hay casos muy claros en Alicante o Zaragoza”. El alcalde de esta última ciudad, Jorge Azcón, se ha mostrado especialmente combativo a la hora de denunciar el proceder del Ejecutivo de Pedro Sánchez y sostuvo que el 70% de las partidas europeas ha ido a parar a las arcas de consistorios gobernados por el PSOE.

García Urbano habla de un “maltrato a los ayuntamientos que comienza a ser endémico”

Pero el regidor malagueño no circunscribe esta actitud a esta controversia y recuerda que “el cien por cien” de los ayuntamientos de España instó al Gobierno a inyectarles dinero para sobrellevar los gastos derivados del covid. “Todavía no ha transferido ni un solo euro”, se quejó. "En su día dio 16.000 millones a las comunidades autónomas, pero cero para los consistorios, que han sido los que han tenido que aumentar las labores de control, desinfección, suministro de material, etcétera". Fue “una reclamación de todos”, por lo que “no se puede decir que haya un sesgo ideológico”.

José María García Urbano concluye que el “maltrato a los ayuntamientos comienza a ser endémico”, aunque “en este caso, con la distribución de los fondos europeos, además es sectario”.