La Comisión Europea evaluará el reparto español de fondos a principios de febrero

¿Es coherente con la gobernanza de los fondos europeos de recuperación que el Gobierno español haya publicado una convocatoria de nueve millones de euros para apoyar políticas de emprendimiento y empleo en cuatro comunidades autónomas que él ha elegido, excluyendo de la convocatoria al resto? La Comisión Europea dirimirá a principios de febrero si el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, cumplió los procedimientos en la concesión de estas ayudas a Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana y País Vasco. El pasado 28 de diciembre, los eurodiputados Dolors Montserrat, Isabel Benjumea y Juan Ignacio Zoido registraron una batería de preguntas a este organismo en que alertaban de la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez en el reparto. En su escrito, ponían el acento en que las regiones receptoras de esas ayudas están gobernadas por el PSOE o sus socios de gobierno.

Ahora, la Comisión tendrá que contestar sobre este asunto que en España ya está en los tribunales después de que la Comunidad de Madrid presentase un recurso ante el Tribunal Supremo la semana pasada. Como adelantó este diario, los servicios jurídicos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trasladaron al tribunal que la asignación de estos fondos había sido “arbitraria”. “Aunque el preámbulo del RD 902/2021 alude al interés público para justificar esa distribución, no es razón suficiente esa invocación genérica cuando, como se ha dicho anteriormente, se utiliza un procedimiento de concesión excepcional (directa) que requiere un plus de motivación en su utilización que, en el caso de autos, brilla por su ausencia”, argumentan desde la Puerta del Sol. A este recurso ante lo contencioso administrativo se sumará el que tiene previsto registrar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras expirar el plazo del requerimiento que envió al Consejo de Ministros y no recibir respuesta. Se dará un plazo por si desde Madrid contestan hoy y no hay constancia oficial hasta dentro de unos días, pero si no se revierte la partida de nueve millones, como se pidió desde Galicia, se emprenderán acciones judiciales. En idéntica situación se encuentra Castilla y León. Además, más de un centenar de ayuntamientos del PP están dispuestos a sumarse a la cruzada ante lo que consideran un reparto “injusto”.

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La respuesta desde Bruselas servirá para calibrar el alcance de un debate que se ha visto enfangado por la campaña electoral del 13-F y que desde la Moncloa y el PSOE intentan desviar a una cuestión de “deslealtad” por parte del PP para con nuestro país. El presidente del Gobierno ha asegurado que no se debe hacer “una guerra partidista”, pero lo cierto es que más allá del plano declarativo el Ejecutivo no ha justificado a las comunidades del PP el porqué la vicepresidenta segunda concedió esas partidas de forma directa. Los dirigentes populares además puntualizan que se intenta “mezclar todo” y apuntan a que no se está hablando de los fondos Next Generation sino de los fondos europeos de empleo que ha habido cada año. "Solo pedimos lo que nos corresponde", apostillan.

Los comisarios también han sido interpelados sobre el “incumplimiento” del Gobierno español durante la elaboración del plan nacional de recuperación, que entienden desde el grupo popular europeo que “se ha vuelto a repetir” en la elaboración y planificación de convocatorias y ayudas. Como ejemplo, subrayan la “incoherencia” de que se haya publicado una convocatoria de 110 millones de euros para luchar contra la desigualdad en nueve comunidades excluyendo al resto.

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En virtud de las respuestas que el comisario del ramo traslade al PP, los eurodiputados acudirán a la Comisión de Control de los fondos del Parlamento Europeo, que cada dos meses revisa el cumplimiento de los objetivos acordados con los países. Precisamente otra de las quejas de la oposición que deberá evaluar Bruselas es el retraso en la ejecución. ¿Es coherente con las prioridades del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que el Gobierno español solo haya ejecutado 73 de los 1.707 millones de euros presupuestados para el sector turístico, siendo este uno de los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia? En el equipo de Dolors Montserrat, confían en que la rigurosidad de las instituciones europeas, frente a lo que ocurre en el Congreso de los Diputados con las consultas al Ejecutivo, aporte luz. “Aquí pueden ser más o menos explícitos, pero responden de forma seria”. La guerra entre el Gobierno y el PP ya está servida, pese a que desde regiones socialistas reconocen “estar muy vigilantes” con la asignación de las ayudas. Más allá de los colores políticos, los presidentes autonómicos siempre han defendido que sería mejor que ellos pudieran decidir en qué se invierte y no actuar como meras delegaciones del Gobierno.