Bruselas fuerza al Gobierno a dar prioridad a las regiones pobres en el Perte del automóvil

Los proyecto industriales de los territorios españoles más pobres en términos de renta per cápita tendrán la opción de sumar más ayudas para los proyectos de transformación del sector del automóvil porque podrán añadir incentivos regionales capaces de financiar inversiones en capital fijo y bienes de equipo a las de investigación y desarrollo y reducciones de emisiones de efecto invernadero. Bruselas dio luz verde esta semana al plan estratégico (Perte) presentado por el Gobierno para la electrificación de la industria del motor en España, dotado con 3.000 millones de euros de ayudas comunitarias con cargo a los fondos europeos de reconstrucción Next Generation. El régimen acordado en materia de competencia y ayudas de Estado marca el camino, además, para los Perte que vendrán en los próximos meses: salud, agroalimentario, aeroespacial o de transición energética.

Las compañías del sector del automóvil apostaban por introducir la inversión en capital fijo (capex) en la negociación. La esperanza de la industria era que la UE fijase un marco temporal de ayudas de Estado similar a la ventana que se abrió para salvar empresas castigadas por la pandemia. Sin embargo, la fórmula elegida finalmente ha sido encuadrar los fondos en el marco habitual de ayudas del Estado y en el reglamento de excepcionalidades. Concretamente, las normas que sirven de colchón son las directrices de la Comisión de 2014 sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía y el marco de ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación, también de 2014. Este paraguas permite a los Estados miembros conceder ayudas para la investigación industrial, el desarrollo experimental, los estudios de viabilidad y la innovación organizativa y de procesos.

Volkswagen baraja ubicar su gigafactoría en España fuera de Cataluña, en Extremadura o la Comunidad Valenciana

El régimen de ayudas notificado por el Gobierno se complementa con ayudas regionales y medidas de ayuda a la formación, que serán aplicadas por España de conformidad con el reglamento general de exención por categorías, según la comunicación de la vicepresidenta ejecutiva de la CE, Margrethe Vestager. De esta forma, ayudas a la puesta en marcha de una gigafactoría, por ejemplo, podrán ser mayores en cantidad e intensidad en territorios susceptibles de recibir incentivos regionales, según la interpretación que hacen consultoras que están trabajando con los fabricantes de automóvil y sus proveedores en la conformación de las alianzas empresariales. El Gobierno ha pedido a los aspirantes a las ayudas que integren sus proyectos en las cadenas de valor para justificar la percepción de ayudas. Esto implica que cada compañía debe formar parte de un grupo liderado por una empresa tractora y con presencia en, al menos, dos autonomías, aunque después el proyecto que presente a la convocatoria sea individual.

Actualmente, hay cuatro autonomías excluidas del acceso a los incentivos regionales: País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid y Cataluña. A estos territorios se suman Valencia capital, Zaragoza capital y una parte de Baleares. ¿Quiere decir esto que quedan excluidas para albergar una infraestructura nueva como puede ser, por ejemplo, la gigafactoría que SEAT-Volkswagen proyecta en España? No necesariamente, porque la marca podrá sufragar parte de la inversión con cargo a fondos europeos de innovación y eficiencia energética cerca de sus fábricas de Martorell (Barcelona) y Pamplona, donde ya ha anunciado que ensamblará 100% eléctricos a partir de 2025. Pero la planta de fabricación de baterías de la enseña alemana tiene la opción de sumar muchas más ayudas públicas en las vecinas Aragón (excepto Zaragoza) y la Comunidad Valenciana (excepto Valencia), que están dentro del mapa vigente de incentivos regionales.

La intensidad de ayudas en capex puede ser todavía mayor en Extremadura, con reservas de litio (necesario para las baterías). De hecho, la ubicación de la gigafactoría de baterías en España fue uno de los asuntos que se trataron esta semana en Wolfsburgo, sede central de Volkswagen, en el marco de la llamada ronda de planificación. Cataluña no está entre las opciones preferidas. Sagunto (Valencia) e incluso Extremadura están de momento mejor consideradas, según publicó 'La Vanguardia'. La posibilidad de beneficiarse de mayores subvenciones para su puesta en marcha puede explicar estas dudas.

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También Castilla y León y Galicia, que albergan factorías de Renault y Stellantis, respectivamente, podrán combinar subvenciones a la innovación y la protección del medio ambiente con ayudas para inversión en capital fijo o bienes de equipo dentro de sus planes de transición productiva hacia el coche electrificado, según un primer análisis de la resolución de la Comisión Europea por parte de la consultora AVS Consulting, que trabaja en una de las alianzas de fabricantes de componentes para el automóvil.

Otra fuente conocedora de las negociaciones pone en valor los logros del acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y el Gobierno, que ha permitido elevar las cuantías máximas de inversión subvencionable por componente de cada proyecto. Los Next Generation cuentan con cuatro objetivos fundamentales o componentes: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Además, se han elevado también los porcentajes de la intensidad de las ayudas vinculadas a la transición energética o la investigación y desarrollo industrial. "Las grandes empresas ya sabían que era muy difícil que la UE diese luz verde a financiar con fondos europeos obra civil o maquinaria no disruptiva", señala. "Pero habrá proyectos que pueden obtener más de 100 millones a fondo perdido", añade.

Con esa arquitectura, el sector trabaja ahora en optimizar sus proyectos y alianzas con el fin de acceder a los 3.000 millones de euros en subvenciones para cofinanciar sus inversiones. La previsión del sector es que el Ministerio de Industria publique la semana que viene la orden de bases y en una o dos semanas la convocatoria, con un plazo de dos o tres meses para presentar propuestas. Con ese cronograma no será, al menos, hasta bien entrado el segundo trimestre del año cuando puedan comenzar a fluir los fondos comunitarios y ejecutarse las inversiones.