Ayuso recurre ante el Supremo un reparto "arbitrario" de los fondos europeos
La CAM ha presentado un recurso ante el alto tribunal por un reparto de subvenciones directas del Ministerio de Trabajo a País Vasco, Navarra, Extremadura y Valencia
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La Comunidad de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por un reparto "arbitrario" de los fondos europeos a cargo del Ministerio de Trabajo. Así lo ha detallado este miércoles el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha detallado que la cartera de Yolanda Díaz entregó subvenciones a dedo adicionales a País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana por nueve millones de euros.
Este recurso, el primero que se ha presentado contra el Ejecutivo por los fondos de recuperación tras la pandemia, se produce después de que el PP alertase en diversas ocasiones de que el reparto de los fondos de recuperación esconde una discrecionalidad manifiesta para regar de millones a las administraciones gobernadas por el PSOE. Como ha informado El Confidencial, la convocatoria para proyectos de turismo sostenible en administraciones locales ya alimentó las sospechas, habida cuenta de que en seis de las nueve comunidades gestionadas por los socialistas no hubo un solo ayuntamiento popular beneficiado.
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Lasquetty ha detallado que el caso denunciado remite al Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre. El consejero ha explicado que el pasado verano se acordó en la conferencia sectorial de este ámbito un reparto para todas las comunidades autónomas con el mismo procedimiento que otros ministerios, pero meses después comprobaron que las cuatro regiones recibieron, además del montante inicial, otros nueve millones por la vía de la subvención directa "al margen del cauce y de los criterios establecidos". "Estamos seguros de que nos darán la razón", ha insistido el dirigente popular sobre el recurso.
Competencia regional
Fuentes regionales sostienen que la concesión de estos nueve millones de euros se ha hecho a espaldas de la conferencia sectorial y supone una vulneración del reparto competencial establecido en materia de empleo, como es el caso. "A todo ello se suma que en ningún momento se ha aclarado por qué motivo se han quedado fuera del reparto y de forma discriminatoria el resto de administraciones regionales", han especificado en la Comunidad de Madrid. Lasquetty, en segundo término, ha asegurado que envió un escrito a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha.
El recurso elevado por el Gobierno de Díaz Ayuso basa su reclamación en que el real decreto "carece de cualquier motivación o justificación acerca del carácter nacional o supraautonómico de las actuaciones que financia", ya que se trata de proyectos concretos de estas cuatro comunidades y sin ninguna relación entre sí. En su escrito, además, la consejería de Hacienda traslada al alto tribunal que la financiación remite a planes de fomento del empleo, que son de competencia autonómica y, por tanto, deben ser gestionados por los Ejecutivos regionales salvo en contadas excepciones.
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Lasquetty ha señalado, en segundo término, que la Comunidad de Madrid ha recibido hasta el pasado 31 de diciembre un total de 994,6 millones de los fondos europeos, lo que supone poco más del 10 por ciento del total previsto. El consejero ha añadido que más de la mitad han sido transferidos en los últimos dos meses del año.
La Comunidad de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por un reparto "arbitrario" de los fondos europeos a cargo del Ministerio de Trabajo. Así lo ha detallado este miércoles el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha detallado que la cartera de Yolanda Díaz entregó subvenciones a dedo adicionales a País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana por nueve millones de euros.