El Gobierno debate si subir el salario mínimo a principios de 2022 o a lo largo del año

El calendario para la subida del salario mínimo interprofesional vuelve a visibilizar diferentes posiciones dentro del Ejecutivo. El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, apuesta por decretar un nuevo incremento en el mes de enero, coincidiendo con la entrada en vigor de los presupuestos del próximo año. Los otros ministerios económicos son más reacios y dejan la puerta abierta a que pueda concretarse a lo largo de 2022.

La última subida se acordó a finales de septiembre con efectos retroactivos para entrar en vigor el día 1 de ese mismo mes. Un aumento hasta los 965 euros que se acordó solo con los sindicatos y de forma excepcional después de mantener congelado el SMI por la situación económica derivada de la pandemia.

El Gobierno todavía no ha entrado en el debate de fondo y los agentes sociales tampoco han sido convocados para abordar la negociación. La previsión de Trabajo es hacerlo en diciembre. La ruptura del diálogo social en la reforma de las pensiones ha revertido una dinámica de acuerdos y, aunque el Ejecutivo solo está obligado por ley a realizar una consulta previa entre las organizaciones sindicales y patronales más representativas, de llevarse a cabo sin el concurso de los empresarios, tensionaría todavía más la relación. Máxime, al decretarse dos subidas en un periodo de tiempo tan corto. La negociación arrancaría además justo después de que se cierre la mesa de negociación sobre la reforma laboral, en la que siguen alejadas las posturas del Gobierno y las de los agentes sociales.

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La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya reclamó a los sindicatos que "no se minimice" la revalorización del SMI. Coincidiendo con su intervención en el congreso de CCOO, cifró el salario mínimo en 1.125 euros por 12 pagas, en lugar de en 965 por 14, porque se trata del "indicador que se utiliza en las comparaciones internacionales". El debate no es gratuito, porque el objetivo del Gobierno pasa por situar el SMI en el 60% del sueldo medio al final de la legislatura, en consonancia con las recomendaciones de la Carta Social Europea.

El acuerdo con los sindicatos el pasado mes de septiembre incluyó el compromiso de revisar el SMI en 2022 y 2023, pero sin fijar plazos. Lo habitual es que las actualizaciones se produzcan en enero, coincidiendo con los nuevos presupuestos, aunque en esta ocasión supondría que se concatenasen dos subidas seguidas en un plazo de solo cuatro meses.

El acuerdo de gobierno recoge asimismo como elementos a tener en cuenta para determinar el incremento del SMI el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. De seguirse la misma línea que hasta ahora, en 2022 correspondería una subida de 32 euros, acercándolo a los 1.000 euros en 14 pagas.

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Las horquillas marcadas por la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional se sitúan en una subida de entre 24 y 40 euros. Al final de la legislatura, se busca situarlo en 1.027 euros. Esta senda comenzó en 2019 con el primer incremento, de un 22,3%, hasta los 900 euros. En 2020 y 2021, se fijó en 950, y en septiembre se subió otros 15 euros. En total, el SMI suma 229 euros más desde 2019, un 31%.

El pulso por la anterior subida, en el que finalmente se impuso Díaz, todavía es muy reciente y la actual crisis por la reforma laboral ha puesto de manifiesto que más allá de las políticas hay una disputa entre los socios por las banderas. Cuando la legislatura ha llegado a su ecuador, los dos actores de la coalición comienzan a marcar perfil propio de cara al horizonte electoral de 2023. Yolanda Díaz será la competidora en el espacio progresista y aspira a seducir con su perfil más transversal al electorado socialista. Durante los próximos meses, el Ejecutivo tiene entre sus prioridades desplegar un paquete de leyes sociales que fijen el mensaje de la 'recuperación justa'. Una serie de banderas que el socio minoritario de la coalición se resiste a no capitalizar y que desde Moncloa tampoco están dispuestos a regalar cuando la gestión comienza a impregnarse de cálculos electorales.