Reforma fiscal en España: la necesidad de distinguir lo esencial de lo urgente

Para cualquiera que haya tratado en los últimos años la situación del sistema fiscal en España, la creación de una comisión de expertos con el propósito de abordar la reforma integral del modelo de tributación nacional no puede representar otra cosa que una noticia bienvenida. Desde hace años, los académicos se vienen pronunciando de forma casi unánime sobre la necesidad de actualizar y perfeccionar un sistema aquejado de evidentes fallas a las que cabe atribuir buena parte de los desequilibrios fiscales estructurales que aquejan al país.

A ineficiencias tan fundamentales se ha respondido de forma recurrente a través de parches, medidas y contramedidas, que no han contribuido sino a agravar las distorsiones del sistema, al tiempo que se convertía el ámbito fiscal en terreno de batalla de las más simplistas —y perniciosas— luchas políticas: los impuestos tratados como la representación del bien o del mal, según desde qué lado del espectro político se plantearan, suponen uno de los más lacerantes reflejos de la vulgaridad que ha impregnado en los últimos años el debate político.

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Frente a esto, la puesta en marcha de un comité conformado por una amplia lista de expertos de elevada reputación y conocedores en profundidad de la materia se presenta como una oportunidad de enmienda. La ocasión de plantear una reforma exhaustiva que consiga que las distintas piezas del sistema acaben encajando, para así dotar a España de los recursos necesarios con los que afrontar con garantías las políticas de gasto público que se estimen convenientes sin engordar de forma continuada unas cifras de déficit que colocan el país en situación de vulnerabilidad, como ya ha quedado en evidencia en la presente crisis.

Encontrar las fórmulas y los plazos para corregir ese diferencial debe representar el objetivo de la comisión anunciada por la ministra de Hacienda

Si sobre las políticas exactas a aplicar se pueden admitir recetas muy diferenciadas, el punto de partida difícilmente discutible es que España cuenta desde hace años con una persistente brecha frente al resto de la eurozona en términos de presión fiscal, que, como señala Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de Fedea, suele oscilar entre los cinco y los ocho puntos porcentuales, y que explica en gran medida el déficit estructural al que se enfrentan las administraciones públicas españolas.

Encontrar las fórmulas y los plazos idóneos para corregir ese diferencial debe representar el gran objetivo de la comisión anunciada este lunes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un objetivo que, por su ambición, requerirá el replanteamiento integral de todas las figuras fiscales, en un proceso que va mucho más allá de la simple decisión sobre la subida o bajada de los tipos impositivos.

De hecho, como observa Carmen López, consultora del área de Finanzas Públicas de AFI, esta reforma no tiene por qué traducirse en una subida nominal de los impuestos más generales, sino que puede tomar la forma de cambios en numerosas cuestiones, como las estructuras de gravamen, las bonificaciones y exenciones fiscales o figuras como el sistema de módulos. Cambios que requieren un análisis en profundidad que difícilmente puede encajar con las premuras que suelen presidir el debate político.

Opinión

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Por eso, puede resultar chocante que, en el mismo momento en que se anuncia la puesta en marcha de tan ambicioso proyecto, la ministra Montero anticipe su pretensión de que el mismo avale una subida de impuestos tales como el de sociedades, patrimonio o sucesiones a incluir ya en los Presupuestos de 2022, cuya tramitación debería iniciarse en apenas unos meses. Y resulta contradictorio entremezclar esa pretendida voluntad de abordar en profundidad y sobre la base de criterios expertos la reforma del sistema fiscal nacional con el objetivo de sacar adelante una serie de medidas que desde su planteamiento inicial han estado rodeadas de cierto tufo electoralista y que comprenden tributos cuya mera existencia ha sido ampliamente discutida, como es el caso de patrimonio.

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No cabe duda de que la crisis del coronavirus ha creado unas necesidades de recursos adicionales ante las que el Gobierno debe tomar medidas. Y, como subraya López, la recuperación económica que se espera que ya en 2022 esté encauzada, apuntalada por los flujos de fondos que deben llegar desde Europa, debería hacer más factibles planes que pasen por un endurecimiento de las políticas fiscales.

El propio FMI urgía recientemente a Europa a plantearse una subida de impuestos para conseguir los recursos necesarios para sufragar las políticas de reactivación económica apropiadas para dejar atrás la crisis y no volver a quedar rezagada frente a China o Estados Unidos. Y planteamientos recientes como el realizado por la propia Administración estadounidense en pos de un impuesto mínimo global a las empresas pueden allanar el camino a este tipo de políticas, sin temor a desencadenar una salida de capitales que sería contraproducente.

Un recargo temporal sobre IRPF y sociedades podría cubrir las necesidades de la crisis

Pero si de lo que se trata es de obtener de forma urgente y con políticas unilaterales los recursos para cubrir las necesidades generadas por la pandemia, tal vez sería pertinente promover una serie de recargos extraordinarios y temporales, hasta que fuera factible alcanzar cierto equilibrio en las finanzas públicas. Así lo defiende Onrubia, que señala el IRPF o el impuesto de sociedades como las figuras a través de las que se podría articular este pago extraordinario, por sus mayores posibilidades para ajustarse a la capacidad de pago de cada contribuyente, de modo que sean quienes menos hayan salido perjudicados por la actual coyuntura (o incluso los que hayan podido salir beneficiados) los que asuman una parte mayor del recargo.

Mientras tanto, la reforma integral y estructural del sistema podría seguir estudiándose, sin someterse al corsé de las necesidades más apremiantes, para dibujar un modelo tributario en España más adaptado a las necesidades de la economía nacional. Un modelo que, obvio es, solo será útil si es adoptado por los responsables de implementar las políticas fiscales; no son pocos los casos en los que programas de reforma planteados por comisiones semejantes acaban cayendo en saco roto, sepultados por las conveniencias que dicta el momento político.

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En este sentido, Onrubia lanza una advertencia: "No se puede hacer una reforma fiscal de una mitad de la sociedad sobre la otra mitad. Es necesario que cualquier reforma fiscal cuente con suficiente consenso político y social. Si no, estaremos dificultando su aceptabilidad y condenándonos a la inestabilidad, a que cualquier cambio de gobierno traiga consigo nuevas reformas y parches sobre el sistema".