El CGPJ aprueba con una amplia mayoría el informe crítico con la ley de vivienda
El pleno respalda el contradictamen que considera la norma inconstitucional e incide en la violación de las competencias autonómicas
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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves con 15 votos frente a seis el contrainforme crítico con al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El documento, todo un revolcón para la norma pactada por los dos partidos de la coalición de Gobierno, incide en que regular esta materia "corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en dicha materia".
Esta nueva propuesta de informe llegó tras el rechazo a un primer borrador que avalaba en su casi totalidad la ley pactada por el PSOE y Unidas Podemos y se limitaba a reseñar la necesidad de mayor concreción en algunos puntos. Por 15 votos a seis, el pleno rechazó el pasado 14 de enero esta propuesta y designó en su lugar a dos nuevos ponentes: los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.
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Los vocales defienden que el anteproyecto supone “un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias”. Para los ponentes, limita y dificulta que las comunidades puedan “desarrollar una política propia en dicha materia incluyendo el fomento y promoción de la construcción de viviendas, que es, en buena medida, el tipo de actuaciones públicas mediante las que se concreta aquella política”.
Para reforzar esta idea, el análisis repasa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y concluye que, en materia de vivienda, "el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo del derecho del artículo 47 de la Constitución española corresponde a cada una de las comunidades autónomas". Según argumenta, el proyecto "podrá ser, por lo tanto, una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda, su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, 'la ley de vivienda' o 'del derecho a la vivienda". El mensaje es claro: "Han de respetar las competencias autonómicas".
El "farragoso" control del alquiler
Las advertencias del CGPJ no son vinculantes para el Gobierno, pero, con ese razonamiento sobre las competencias como telón de fondo, el órgano de gobierno de los jueces destaca también que el anteproyecto analizado introduce una serie de modificaciones de la normativa civil arrendaticia, sustantiva y procesal que “generalizan con vocación de ser indefinidas las soluciones con las que se trató de paliar coyunturalmente las consecuencias de la pandemia”, principalmente en lo que afecta al alquiler.
Entre esas modificaciones, los vocales elevan el tono contra las bautizadas como “medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda”. "Siendo tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido", critica. "En todo caso, las competencias autonómicas a la hora de establecer el índice de alquileres y las zonas de mercado residencial tensionado, presupuestos básicos de las medidas contenidas en el anteproyecto, condicionarán decisivamente la aplicación de la norma estatal".
El dardo a Moncloa
El rechazo a la primera propuesta de informe hace apenas 10 días no sentó bien en el Gobierno. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya apuntaron entonces a este diario que consideraban que el órgano de gobierno de los jueces se había extralimitado en su valoración sobre la norma diseñada por la coalición gubernamental. Frente a este enfado, la nueva propuesta de informe del CGPJ incluye ahora un contundente recordatorio sobre cuáles son sus funciones.
"El alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe, en este caso, el Gobierno de la Nación, aspecto sobre el que carece de toda capacidad de disposición, sino de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente", advierten los ponentes.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves con 15 votos frente a seis el contrainforme crítico con al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El documento, todo un revolcón para la norma pactada por los dos partidos de la coalición de Gobierno, incide en que regular esta materia "corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en dicha materia".