El PP ya tumbó en el Constitucional otra ley de vivienda de la izquierda

Fue una ley de vivienda pionera que apenas estuvo dos meses en vigor y acabó con una pelea monumental entre los dos partidos de la izquierda en Andalucía, que entonces gobernaban en coalición, PSOE e IU. Las heridas nunca se cerraron y finalmente se precipitó el anticipo de las elecciones autonómicas. El PP, en el Gobierno de la nación, recurrió al Constitucional y ganó. El derecho a la propiedad privada y la invasión de competencias estatales vencieron al derecho a una vivienda digna. El alto tribunal así lo terminó de resolver años más tarde.

El Gobierno andaluz aprobó en 2013, por iniciativa de Izquierda Unida, que ocupaba entonces la Consejería de Fomento y Vivienda, la llamada Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Se denominó 'ley antidesahucios' y contemplaba la posibilidad de acometer la expropiación de pisos vacíos a los bancos.

Era la disposición más polémica, pero no la única que levantó ampollas entre el sector privado. Los empresarios pusieron el grito en el cielo por la inseguridad jurídica que, alertaron, generaba la norma. La banca y la patronal defendieron que atentaba contra el derecho a la propiedad privada.

Los argumentos que se escucharon entonces en Andalucía contra aquella norma suenan muy parecidos a los que se han oído esta semana contra la ley de vivienda anunciada por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Las comunidades en manos populares ya han anunciado que no la van a aplicar y el PP ha avanzado que recurrirá al Tribunal Constitucional. En este caso, el argumento, eso sí, es inverso. Si entonces el Gobierno central alegó que se invadían competencias estatales, en esta ocasión las comunidades que piensan en el recurso aseguran que pueden invadirse materias bajo tutela autonómica. Sin embargo, en ambos casos, el derecho a la propiedad privada es el que está en liza, con acusaciones de “comunismo”, “confiscación” y “expropiación”.

Multas por viviendas vacías

La ley andaluza facultaba a la Junta a multar a los propietarios de viviendas vacías o a los arrendadores que no mantuvieran los inmuebles en buen estado para ser habitables. Impulsaba la creación de un registro de viviendas deshabitadas, obligando a los dueños y empresas a dar la información. Lo más polémico, no obstante, fue que expropiaba temporalmente a los bancos el uso de aquellas propiedades que, tras una ejecución hipotecaria, dejaran a los inquilinos desalojados en riesgo de exclusión social. Parte de este espíritu, a falta de conocer la letra, está en la recién anunciada ley, que propone subir el IBI hasta un 150% a los pisos sin habitar.

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Era un momento álgido de la crisis de 2008 y el tema de los desahucios estaba muy caliente. La Junta aprobó primero un decreto-ley y el Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, recurrió al Constitucional y propició la suspensión cautelar. El pulso fue a más. La comunidad volvió a aprobar los mismos contenidos, pero esta vez en una ley. El Ejecutivo de la nación, de nuevo, la llevó al alto tribunal e invocó el artículo 161.2 de la Constitución, pidiendo amparo “por violación de los derechos y libertades” fundamentales. La norma apenas estuvo dos meses en vigor antes de ser suspendida de forma cautelar. La Junta llegó a iniciar 200 expedientes de expropiación que finalmente no llegaron a nada.

La ley andaluza fue declarada inconstitucional en una de sus disposiciones, la que fijaba la expropiación temporal de pisos a la banca en caso de desahucios. El TC consideró que se invadían competencias estatales. Fue la última sentencia. En un pronunciamiento anterior, el Constitucional ya había suspendido todos los apartados impugnados por el Ejecutivo central. Eran los artículos relativos a la "declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social", la "definición de viviendas deshabitadas" y la "clasificación de infracciones muy graves" para las entidades bancarias que no sacaran los pisos al mercado del alquiler.

Un uso "antisocial"

El preámbulo de esa ley andaluza fue muy polémico. Argumentaba que el derecho a una vivienda digna está consagrado en la Constitución y no debía verse limitado por el derecho individual a la propiedad privada. El propósito central era castigar un uso “antisocial” de las propiedades e iba directamente no contra propietarios individuales o particulares, sino contra personas jurídicas, “en especial entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración de la banca y entidades inmobiliarias”.

La norma, además, fue pionera en definir viviendas vacías o desocupadas, con sanciones de hasta 9.000 euros a sus propietarios si no las sacaban en alquiler. Se consideraban aquellas que estuvieran deshabitadas más de seis meses al año y que no tuvieran contratos de suministro de electricidad o agua, o el consumo fuese nulo o escaso. No había sanción para viviendas vacías propiedad de personas físicas.

Pocos meses después de que Izquierda Unida sacara adelante esa ley en coalición con el PSOE, que quiso echar el freno, pero no lo logró, se produjo un roce entre los socios que precipitó la crisis más grave en el pacto de izquierdas. El episodio fue conocido como 'la Corrala Utopía', un bloque de viviendas en Sevilla en manos de un banco y okupado ilegalmente. Un juez decretó su desalojo forzoso y la parte de IU en el Gobierno decidió el realojo, lo que frenó el PSOE, con una medida tan drástica como la suspensión de las competencias en materia de vivienda en manos de sus socios. Nueve meses más tarde, se precipitó el adelanto electoral. Muchos también se preguntaban ayer hasta qué punto el PSOE de Pedro Sánchez aguantará la presión frente a Unidas Podemos si la futura ley acaba en los tribunales y enfrenta el Gobierno a patronal, inversores y grandes empresas.