La población rural y las rentas bajas sufren el mayor castigo de un alza de impuestos al diésel

El Gobierno prevé subir el impuesto al diésel en el cuarto trimestre de 2022, tal y como prometió a Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo quiere hacer una "equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante". "En la actualidad, se ha demostrado que, para un mismo nivel tecnológico de motor, la contaminación del diésel no es inferior a la gasolina", justifica.

En relación con lo anterior, el equipo de 17 expertos de Hacienda ya trabaja en esta línea y prevé incluir el impuesto al diésel dentro de la propuesta de fiscalidad ambiental que pretenden presentar a finales del mes de febrero.

Los análisis de impacto sobre este gravamen apunta a que tendría un carácter regresivo. Es decir, afecta más a aquella población con menores recursos. Pero, además, tendría un efecto más acusado para la población del ámbito rural frente al urbano.

Esta es la conclusión a la que llega Xabier Labandeira, experto integrante del grupo formado por Hacienda que lidera la reforma en la parte medioambiental. Este catedrático de Economía en la Universidad de Vigo señala en un informe académico publicado en 2021 que dicha subida fiscal tiene un carácter regresivo. Además, sostiene que "los impuestos al transporte pueden causar desigualdades espaciales porque los hogares rurales generalmente gastan una mayor parte de sus ingresos en combustible para viajar dadas las distancias más largas en áreas con medios limitados de transporte público".

En este sentido, este experto, que dirige el centro de investigación de análisis para cuestiones energéticas Economics for Energy, pide que se apliquen paquetes compensatorios para reducir dicho carácter regresivo y así apoyar su viabilidad en la práctica.

Las reticencias de la sociedad a esta medida preocupan. En su 'paper', el académico hace alusión a "las protestas recientes en Francia contra las implicaciones de precios de los impuestos al carbono sobre los combustibles para motores [en referencia a los chalecos amarillos], o en Chile y Ecuador por los aumentos en los costos de transporte".

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En línea con lo anterior, y tomando también como referencia las publicaciones del experto de Hacienda, se ha pronunciado de forma mucho más reciente el Observatorio de la Transición Energética (OTEA) en un análisis de impactos elaborado por el Basque Centre for Climate Change, una institución independiente que ya ha trabajado en el pasado para el actual Gobierno.

Según sus conclusiones, elevar el impuesto al diésel al nivel de la gasolina, como apunta el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sería regresivo y los hogares rurales y las clases medias soportarían en mayor medida la carga de la reforma, por lo que también en este caso pide compensaciones a los sectores sociales más afectados.

"Los impuestos al transporte pueden causar desigualdades espaciales porque los hogares rurales generalmente gastan más combustible"

En estos análisis, además, no se olvida el hecho de que son los ciudadanos más pudientes aquellos que pueden transformar su 'mix' de consumo hacia alternativas más eficientes y menos contaminantes, como la bomba de calor o el coche eléctrico, por lo que entienden que los subsidios deben ser transferencias directas a la población perjudicada.

En su análisis de impacto, detalla que el 10% de población más pobre sufriría una variación de renta superior a la del 10% más rico. La población con una renta inferior a la media también tendría un impacto mayor que las rentas superiores a la media.

El otro dato que revela este análisis es que los hogares rurales son la tipología más perjudicada, seguidos de las parejas con hijos, los adultos y la población ocupada, que suele utilizar más el vehículo particular.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido siempre una subida de impuestos sobre el gasóleo desde su llegada al Gobierno. Ya en 2020 buscó incluir en los presupuestos generales del Estado un aumento de la tributación por este hidrocarburo de 3,8 céntimos por litro. Sin embargo, la presión del PNV y de Ciudadanos para que retirara esa propuesta hizo que decayera la medida.

El Gobierno sigue defendiendo la subida fiscal, pero no ha establecido un calendario. En los últimos presupuestos no la incluyó, mientras que a la Comisión Europea le remitió una propuesta para cambiarla en el cuarto trimestre de 2022, ya con el informe de los expertos de Hacienda en la mano. Ahora está por ver cómo ejecuta esta medida en un momento en que los combustibles están en máximos de los últimos ocho años y la inflación en nivel récord desde 1992.

A todo esto, además, hay que sumar la presión añadida que puede ejercer el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que tramita el Parlamento. La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica pretende abaratar la factura de la luz trasladando parte del coste —las primas a las renovables— al gas y los carburantes. El propio departamento, liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, pretende que este mecanismo empiece a operar en junio de este mismo año.