El Gobierno negociará con el PNV para anular el alza al diésel propuesto en los PGE

La subida del impuesto al diésel ha abierto la caja de Pandora. Por un lado, están los más proclives a elevar el gravamen 3,8 céntimos por litro de gasóleo en el tipo estatal del impuesto sobre hidrocarburos, por tratarse de una medida de fiscalidad ambiental pedida por Europa. Por otro, los que creen que esto es un golpe al poder adquisitivo de las clases medias, las más golpeadas por la crisis del coronavirus, y que ahora no conviene.

Después del anuncio del alza propuesta por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que pretende recaudar 450 millones adicionales el año que viene, el Partido Nacionalista Vasco se quejó de deslealtad tras asegurar que el Ejecutivo se comprometió a no incluir dicha subida impositiva. Esta posición trasciende la medida económica. El apoyo de los seis diputados del PNV es clave para Pedro Sánchez de cara a aprobar unas nuevas cuentas públicas.

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De hecho, menos de 24 horas después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba contundente respecto a su relación con el grupo vasco: "Yo voy a ser muy clara: el PNV es un socio preferente de este Gobierno para toda la legislatura. Por tanto, llegaremos a un acuerdo con el PNV y lo haremos a lo largo de este proceso que ahora se inicia y que empieza desde el momento en que el Presupuesto supera la totalidad y se incorporan las enmiendas que los grupos políticos vayan planteando, y por tanto permanentemente intentando concitar los mayores acuerdos posibles. Si el acuerdo del PNV será en relación con esta cuestión u otra, habrá que dejar tiempo a la negociación".

La polémica también ha ocupado a Ciudadanos, otro de los grupos importantes para que el Gobierno apruebe sus Presupuestos. El partido liderado por Inés Arrimadas aseguraba en la mañana de este mismo miércoles que tenía el compromiso del Gobierno de no subir este impuesto. No obstante, la ministra portavoz del Gobierno matizaba por la tarde que "en relación con la negociación de los grupos, el comité de negociación no ha tenido ese contacto con Ciudadanos y estaremos encantados de poder hablar a lo largo del trámite de enmiendas y evaluaremos las propuestas que nos quieran aportar para hacer posible que se sumen al proyecto presupuestario".

El impuesto al diésel también ha abierto discrepancias dentro de Unidas Podemos. Sin embargo, la posición del partido morado es de no subir este gravamen. Aunque están de acuerdo con desincentivar los combustibles fósiles, en el partido creen que no es el momento de elevar impuestos a las clases medias.

De hecho, fuentes al tanto de las negociaciones de estos Presupuestos aseguran que esta medida se incluyó sin el visto bueno de Nacho Álvarez, el representante de la formación morada en la negociación de los mismos dentro del Gobierno. Creen que la medida se tomó a última hora y fue aprobada por la propia ministra de Hacienda. A nivel político, consideran que subir ahora el impuesto al diésel es una gran baza para la derecha, que aprovechará esta medida para cargar contra el Ejecutivo con el argumento de que se castiga a las clases menos favorecidas.

Pese a ello, este mismo miércoles por la mañana, Juantxo López de Uralde, el diputado más ecologista dentro de Unidas Podemos, aseguraba que no tendría ninguna justificación que se retirara esta alza impositiva de los Presupuestos. El exdirector de Greenpeace en España criticaba la posición de Ciudadanos, que choca frente a los postulados que defiende su propio partido en el seno de la Unión Europea. Fuentes del grupo parlamentario reconocen que ha habido debate interno y división con el sector verde de Unidas Podemos, que defiende este tributo.

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La cuestión también ha sido motivo de posicionamiento para Bildu. A diferencia del PNV, el segundo partido del País Vasco también se mostraba partidario de desincentivar el consumo de este hidrocarburo por la vía fiscal y apoyaba la medida anunciada el martes por el Gobierno.

Choque empresarial de altos vuelos

La controversia, pese a que representa una pequeña parte de los nuevos gravámenes anunciados por el Gobierno para los nuevos Presupuestos, tiene incluso lecturas de influencia a nivel empresarial. La negativa a subir este impuesto por parte del PNV se lee como un guiño a parte de su sector industrial y de automoción, pero sobre todo a Petronor. La refinería de Vizcaya es un gran polo económico de la región. Se trata de una filial de Repsol, actualmente dirigida por Josu Jon Imaz, el que fuera uno de los principales mandatarios del propio PNV.

Sin embargo, la cuestión entra directamente en contraposición con los postulados que viene defendiendo Iberdrola. La firma dirigida por Ignacio Sánchez Galán ha defendido en los últimos meses una política más ambiciosa de "quien contamina paga", lo que en la práctica supone desincentivar los combustibles fósiles. La primera firma del Ibex 35 tiene también gran influencia en la política vasca. No en vano, la multinacional con sede en Bilbao es el primer contribuyente de Euskadi. El diésel, como nuevo foco de polarización a diferentes niveles.