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El Gobierno se pelea por la ley de familias: UP impulsa la ayuda de 100 euros por crianza
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El PSOE está frenando a Belarra

El Gobierno se pelea por la ley de familias: UP impulsa la ayuda de 100 euros por crianza

La ayuda universal por menor costaría 400 millones durante el primer año mientras que ampliar a seis meses las bajas de maternidad supondría un gasto de 360 millones

Foto: Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero. (EFE/Mariscal)
Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero. (EFE/Mariscal)
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Resuelta la reforma laboral, la coalición encara la próxima gran batalla. Se llama "reforma fiscal" y las dos áreas del Gobierno ya están empezando a mover sus fichas. El PSOE ha decidido no abrir la negociación hasta que esté listo el informe del comité de expertos, que llegará en febrero. Pero Unidas Podemos ya consiguió adelantar en los presupuestos de 2022 la subida del impuesto de sociedades al 15% y ahora quiere introducir en ese debate una de sus normas estrella: la ley de familias. En dicha norma se contempla una prestación universal por crianza de 100 euros al mes y la ampliación a seis meses de los permisos de maternidad y paternidad.

El pasado viernes, el ministerio responsable de esta ley de familias, el de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, apretó en 'enter' y envió al resto de departamentos implicados —Hacienda, Inclusión, Justicia e Igualdad— el borrador del anteproyecto. Si por Belarra fuera, el texto podría llegar a Consejo de Ministros en primera vuelta el próximo martes, junto a la reforma laboral. Pero María Jesús Montero lo está frenando, explican fuentes de Unidas Podemos y ratifican desde el PSOE. "Estamos encontrando dificultades con Hacienda, ni siquiera nos reciben", explican fuentes del área morada del Ejecutivo.

La batalla está servida. Para UP es una ley clave, que está recogida en el acuerdo de Gobierno y en el plan de recuperación. Con Bruselas está comprometido tenerla aprobada a finales del próximo año. A lo largo de 2022 se desarrollará, por tanto, la negociación, primero, en el seno de la coalición y, a continuación, la tramitación parlamentaria.

Foto: Foto: iStock

Las principales pegas que pone Hacienda a Derechos Sociales son económicas, admiten fuentes del PSOE y de UP. Y es que en la norma hay dos medidas sociales que incrementarían la inversión efectiva en esta materia. Una prestación universal por crianza de 100 euros mensuales para todas las madres con hijos a cargo y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, o de adopción, a seis meses. La propuesta pasa por ir incrementando los permisos en dos semanas adicionales cada año comenzando en 2023, lo que implicaría alcanzar las 24 semanas en 2026. Belarra también plantea en su borrador de ley que las familias monomarentales puedan disfrutar de un permiso de un año. Y que también se pueda ver beneficiado de él un conviviente o un familiar en segundo grado de consanguinidad o afinidad. Son aspectos aún a negociar con el PSOE.

El Ministerio de Derechos Sociales ha echado cuentas de cuánto podrían costar ambas medidas. La prestación universal por crianza supondría un coste inicial de 400 millones y la ampliación de los permisos en su primer año, dos semanas adicionales, acarrearía un gasto de 360 millones. Estas cifras se irían incrementando año a año.

Foto: Manifestación para proteger a los galgos. (EFE/Juan Carlos Cárdenas)

El problema, como decimos, es presupuestario. En la negociación de las cuentas públicas, que cerraron Sánchez con Yolanda Díaz y la propia Belarra en el despacho del presidente en Moncloa. En ese momento, la ley de familias se quedó fuera del acuerdo, entrando en el sí el citado impuesto de sociedades y la ley de vivienda. UP, como decimos, quiere enmarcar su normativa como eje fundamental de la reforma fiscal que viene y también en el marco de los presupuestos generales de 2023, si es que alguna vez el Gobierno consigue presentarlos y aprobarlos en pleno maratón electoral.

Desde el sector de UP en el Gobierno, añaden que otro escollo se encuentra en los empresarios, que son reacios a una medida así. Este 2021, los permisos, puntualizan desde el equipo de María Jesús Montero, se acaban de equiparar hasta los cuatro meses para cada progenitor. Las negociaciones en la coalición están, por tanto, estancadas y no avanzan en este momento.

Foto: Yolanda Díaz e Ione Belarra. (EFE/Fernando Villar)

Son varios los países de la UE que ya disponen de permisos de maternidad y paternidad de seis meses o superiores. Hay de todo. Según datos del Parlamento Europeo, en cabeza de esta clasificación se encuentra Bulgaria, que ofrece hasta 58 semanas a la madre y dos al padre. Los países nórdicos también se sitúan en puestos preferentes. Alemania, por su parte, ofrece 14 semanas de permiso de maternidad; Francia cuenta con cuatro meses, e Italia dispone de 20 semanas para la madre y dos para el padre. En Portugal, por su parte, la progenitora puede disfrutar de 120 días con la totalidad del salario o de hasta 150 con el 80%.

La de familias no es la única norma en discusión en el seno de la coalición. El PSOE también está contemporizando la aprobación de la norma de protección de los animales, otra medida estrella de UP, aunque es posible que pueda ver la luz antes de fin de año. También está pendiente el proyecto de ley de vivienda, que no podrá llegar a Consejo de Ministros este martes.

Resuelta la reforma laboral, la coalición encara la próxima gran batalla. Se llama "reforma fiscal" y las dos áreas del Gobierno ya están empezando a mover sus fichas. El PSOE ha decidido no abrir la negociación hasta que esté listo el informe del comité de expertos, que llegará en febrero. Pero Unidas Podemos ya consiguió adelantar en los presupuestos de 2022 la subida del impuesto de sociedades al 15% y ahora quiere introducir en ese debate una de sus normas estrella: la ley de familias. En dicha norma se contempla una prestación universal por crianza de 100 euros al mes y la ampliación a seis meses de los permisos de maternidad y paternidad.

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