Las fortunas de Madrid empiezan a blindarse ante una reimposición de Patrimonio

Los fiscalistas que trabajaban con los grandes patrimonios que residen en la Comunidad de Madrid no quieren esperar a que haya sorpresas. Los asesores de los millonarios de la región, donde está bonificado al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio, trabajan con la hipótesis conservadora de que se impondrá su tributación ya en 2022.

El propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también se prepara con la tramitación de un Anteproyecto de Ley que busca blindar la región frente a imposiciones tributarias desde Moncloa, pero según los expertos es un brindis al sol. El Ejecutivo regional quiere aprobar una ley en el inicio de año. El texto recoge principios constitucionales y amenazas.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero quiere liderar dos importantes reformas. Una es la de financiación autonómica, que lleva varios años pendiente, con un informe de un comité de expertos que quedó relegado a algún cajón del exministro Cristóbal Montoro.

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Y, por otro, con una reforma fiscal íntegra que quiere llevar a cabo a partir de las recomendaciones que están ultimando 17 expertos designados hace un año. Entre los objetivos está una tributación más progresiva y verde, incluyendo una "contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas", señaló en su momento la ministra.

En cualquiera de las dos reformas, y aunque se asume que la tramitación parlamentaria sería siempre compleja, los asesores fiscales de los grandes patrimonios trabajan con la premisa mencionada de que se tributará por Patrimonio. Hay varias fórmulas para optimizar, con el esquema actual, la base imponible de este impuesto. Es decir, reducirla. Para ello están las figuras de la empresa familiar, la inversión en capital riesgo o el escudo fiscal según la relación entre rentas y patrimonio.

La empresa familiar es el mecanismo más usado, siempre que más del 50% de los activos estén enfocados en una actividad productiva. Los requisitos son sobrepasar el 5% del capital para tener este régimen fiscal, cuyos activos no líquidos que sirven para la actividad empresarial (activos afectos) no computan. El 95% de los activos afectos se reducen de la base imponible de Patrimonio. Lo mismo ocurre con las sociedades de capital riesgo, con la exigencia de que al menos el 60% de los activos de la firma estén invertidos. Mientras que el escudo fiscal hace referencia a que la suma de tributación por IRPF y Patrimonio no sobrepase el 60% de la base imponible de la renta, con lo que las grandes fortunas minimizan los ingresos recurrentes que generan su capital.

Los abogados fiscalistas que trabajan con las grandes fortunas preparan los patrimonios con estos esquemas de optimización para reducir una potencial factura por el impuesto, que ahora no existe en Madrid por la bonificación autonómica del 100%. También se especula con la posibilidad de que se eleve la tributación en Sucesiones y Donaciones por imposición del Gobierno central, e igual hay cambios en las estructuras patrimoniales ante este riesgo.

"Venimos trabajando con esta hipótesis desde hace meses, implementando o modificando estructuras que permitan la eventual aplicación de determinadas exenciones en el Impuesto al Patrimonio para estar preparados por si hay cambios en la Comunidad de Madrid", señala Constantino Vidal, socio de Zadal. "Desde hace unos años asesoramos a nuestros clientes residentes en Madrid con esa hipótesis encima de la mesa, pues la posibilidad de que pueda producirse una eventual modificación de la normativa autonómica es algo que, de vez en cuando, ha sonado con fuerza. Y, la verdad, creo que es más por precaución que por petición", añade Jesús Alemany, director del área fiscal de Andersen.

En la misma línea está Avantia Asesoramiento Fiscal y Legal, explica la socia Patricia García: "Nosotros llevamos trabajando sobre esta hipótesis a lo largo de la presente legislatura estatal, ya que muchas de las medidas de planificación de este impuesto, junto con el de Sucesiones y Donaciones, precisan de un tiempo de consolidación que no se podrían alcanzar en un escenario de reintroducción del impuesto en una escala de tiempos corta".

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La concienciación con este riesgo de los clientes, que son grandes patrimonios, cada vez es mayor, explica Cristina Mayo, socia de FinReg: "Estando cada vez más sensibilizados con esta realidad, revisan con cierta recurrencia sus estructuras patrimoniales y sucesorias para hacerlas más eficientes ante eventuales cambios normativos".

La hipótesis de que se pueda tributar por Patrimonio se ha mostrado errónea en los últimos años, comenta Carlos Ferrer, experto de Cuatrecasas, pero "se trabaja con la hipótesis" de que se reintroduzca el impuesto en Madrid: "No sabemos si esta vez lo será o no. En cualquier caso, sí que conviene tener preparadas las estructuras patrimoniales por precaución y, desde luego, muchos clientes lo piden".

"Nosotros tratamos siempre de cumplimentar los requerimientos de la exención estatal de la imposición de Patrimonio con independencia del domicilio fiscal de los contribuyentes", indica Francisco Conde Rivas, socio director de Garrido Abogados, que agrega que no han dado "carácter definitivo" a la bonificación autonómica del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid.

Los cambios tardan

Pero los cambios no son inmediatos, por eso los abogados animan a sus clientes a no esperar a ver qué pasa en el terreno político. "Nuestra recomendación siempre ha sido estar preparados para esta circunstancia, pues hay estructuras que requieren tiempo para ponerlas en marcha y un cambio legislativo súbito podría dejar sin margen de reacción al contribuyente que no ha sido previsor", avisa Almudena Medina, directora del área tributaria de Ceca Magán.

Otros expertos consideran difícil que llegue la reimposición de Patrimonio este año. "Llevamos avisando muchos años de que esto puede ocurrir, pero los clientes no suelen tomar decisiones transcendentes de modificación de su cartera hasta que el riesgo sea ya cierto. En cualquier caso, teniendo en cuenta, como hemos dicho, el complicado trámite parlamentario que una modificación de este tipo puede conllevar, consideramos que no es fácil que pueda entrar en vigor en 2022, pero poner en orden el patrimonio, no es algo sencillo", apuntan Javier Vinuesa y Diego Martín-Abril Calvo, socio y 'counsel' de fiscal en Gómez-Acebo & Pombo.

Es decir, creen que aunque no llegue este año, existe la amenaza de que se producirá. Y la optimización de los patrimonios no es inmediata: "No es un proceso fácil, hay que determinar la estructura societaria, hacer la reestructuración necesaria, cumplir los requisitos de la norma. Es difícil hacerlo en menos de un año y, de esta forma, ponerlo en condiciones, seguramente, de cara al ejercicio siguiente".

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Constantino Vidal, de Zadal, incide en que depende del caso, diferenciando extremos entre un grupo familiar multigeneracional con inversiones en empresas y una persona física con un patrimonio puramente financiero. En general, prosigue, "se necesita entre seis meses y un año para poner en marcha una estructura fiscal eficiente bajo la aplicación de una interpretación razonable de la normativa vigente".

Desde Cuatrecasas, Carlos Ferrer señala que "si un cliente está preocupado por un cambio legislativo de cara a 2022, la recomendación sería que empezasen cuanto antes. Por ejemplo, si se trata de cumplir requisitos para la exención de empresa familiar, que no vaya la restructuración más allá de finales de marzo de 2022".