Ayuso acelera su ley para blindar fiscalmente Madrid, que 'solo' servirá de amenaza

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tiene en consulta un anteproyecto de ley para blindar fiscalmente la Comunidad de Madrid que espera llevar a Consejo de Gobierno tras las fiestas navideñas. Se trata de un intento de evitar que Pedro Sánchez imponga la tributación por Patrimonio en la región. Los expertos lo ven a caballo entre una amenaza de presentar batalla y un brindis al sol.

El anteproyecto está siendo analizando por todos los despachos de abogados y asesores fiscales que trabajan para altos patrimonios y, por ello, tratan de anticiparse a posibles cambios impositivos. Si de verdad se blinda fiscalmente Madrid y se asegura que se mantendrá la bonificación del 100% sobre el impuesto al patrimonio, la planificación patrimonial es diferente que si se espera una posible reintroducción del tributo en la comunidad.

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El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó a principios de mes el Anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera de la comunidad. Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que dirige Javier Fernández- Lasquetty, confirman que el objetivo es blindar fiscalmente Madrid y que presentarán batalla ante el Ejecutivo de Sánchez si toca patrimonio u otros tributos, recurriendo cualquier medida ante el Constitucional.

El anteproyecto está en fase de audiencia e información pública hasta el 10 de enero, y después pasará a fase de tramitación interna para aprobarse en Consejo de Gobierno e ir con el proyecto de ley a la Asamblea. El Ejecutivo de Ayuso tiene prisa en aprobarlo. No en vano, en febrero está previsto que el comité de expertos designados por Hacienda presente sus conclusiones, entre las que debería haber medidas para elevar la tributación de los grandes patrimonios.

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Por otro lado, Hacienda quiere impulsar la reforma de la financiación autonómica, y también en este punto hay una amenaza para la bonificación al impuesto al patrimonio, que convierte Madrid en un oasis para las grandes fortunas respecto al resto de España. Dentro de este contexto, los fiscalistas consultados coinciden en que el Gobierno central tiene capacidad normativa para imponer tributación a los millonarios de Madrid, ya sea imponiendo un mínimo en patrimonio, limitando la bonificación o con un nuevo tributo, pese a lo que puedan aprobar Ayuso y la Asamblea de Madrid.

Bonificación en patrimonio

El departamento de Lasquetty ha plasmado en el anteproyecto una serie de principios constitucionales como la autonomía de las regiones o el principio de corresponsabilidad fiscal en los ingresos. Ayuso ya prometió en septiembre blindar fiscalmente Madrid, y su Ejecutivo ha preparado un texto que exigiría a Sánchez pactar con la comunidad si quiere tocar su fiscalidad. Pero no tendrá por qué ser así.

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“El acuerdo previo de la Comisión Mixta de Transferencias de la Administración del Estado y las comunidades autónomas es habitual y preceptivo. Sin embargo, las leyes de cesión de tributos también pueden verse modificadas sin que dichas modificaciones requieran un acuerdo previo de dicha comisión”, indica Cristina Mayo, socia de FinReg. El anteproyecto, por el contrario, “sí requiere ese acuerdo de la Comisión Mixta Estado-Comunidad de Madrid para cualquier cambio que se pretenda acometer en la ley de cesión de tributos hacia la Comunidad de Madrid”, agrega.

El Gobierno central puede tocar la fiscalidad madrileña de forma indirecta por varias vías, con imposiciones de mínimos de tributación, máximos de bonificación o nuevos tributos. La clave, de hecho, es la bonificación del 100% que establece la comunidad sobre el impuesto al patrimonio. Pero la futura ley de Ayuso “no evitaría, por sí misma, por ejemplo, revertir la bonificación aplicable”, avisa Carlos Ferrer, experto en fiscalidad financiera en Cuatrecasas.

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“El anteproyecto tiene la gran virtud de mostrar muy claramente la posición del legislador madrileño en la defensa de su capacidad normativa, y la voluntad de hacerlo, pero no es suficiente para impedir legalmente que una modificación del actual marco de tributos cedidos a las comunidades autónomas por parte de las Cortes Generales tuviera impacto negativo en la actual bonificación”, prosigue Ferrer, que agrega que una cuestión distinta sería que, “si se intenta esa modificación, sobre todo si la misma deja sin margen de actuación a la CAM, no hay duda de que se declarará una guerra jurídica, de naturaleza constitucional, muy interesante, basada en los principios que llevarían al legislador madrileño a aprobar, en su caso, esta nueva ley”.

Los límites legales están recogidos en la Ley de Cesión de Tributos del Estado a las comunidades autónomas, “norma que regula las competencias normativas que las comunidades autónomas pueden asumir respecto a los tributos estatales cuya recaudación les es cedida, como es el caso del impuesto al patrimonio”, expone Francisco Conde, socio director de Garrido Abogados.

Para el experto, el anteproyecto “efectúa una recopilación del reconocimiento normativo” de la fiscalidad estatal y autonómica. Según la visión de Conde, más que poder blindar fiscalmente la región, se trata de “una declaración de intenciones de la Comunidad de Madrid de activar los mecanismos de defensa, si entiende que su autonomía financiera resulta lesionada”.

El contenido del anteproyecto para blindar Madrid es más programático que jurídico

Así, el texto en consulta pública “se enmarca en la clara postura del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid de querer preservar su autonomía legislativa en materia fiscal respecto de los impuestos cedidos, entre ellos el impuesto sobre el patrimonio. No obstante, en nuestra opinión, no vemos jurídicamente viable la posibilidad de que dicha ley, una vez en vigor, pudiera tener prevalencia jurídica en un escenario en el que, modificándose la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y ulteriormente la Ley de Cesión de Tributos que la desarrolla, resultase limitada o incluso eliminada la capacidad de la Comunidad de Madrid para regular dicho impuesto”, resume Patricia García, socia de Avantia Asesoramiento Fiscal y Legal.

El resto de expertos consultados apunta en la misma dirección. “El Gobierno podría limitar el importe de las bonificaciones”, dicen Javier Vinuesa y Diego Martín-Abril, socio y ‘counsel’ de fiscal en Gómez-Acebo & Pombo. No obstante, agregan que “el trámite parlamentario de esas normas sería complicado”.

El anteproyecto, opina Constantino Vidal, socio de Zadal, “es una enumeración de las competencias que tienen actualmente las comunidades autónomas en materia fiscal, reconocidas por la propia Constitución y otras normas que resultan de aplicación, a modo de ‘aviso para navegantes”. Pero solo podrá ser eso, una advertencia. “En caso de que esta normativa estatal se llegase a modificar, no está claro que la Comunidad de Madrid pudiese blindar la bonificación del impuesto al patrimonio”, añade.

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De esta forma, prosigue Vidal, “la Comunidad de Madrid ya está dejando clara cuál será su posición en caso de que el Gobierno lleve a cabo cualquier intento de armonización fiscal entre comunidades autónomas”. El socio de Zadal apunta al artículo 16 del anteproyecto, que, literalmente, dice que las instituciones madrileñas (Asamblea, Gobierno y Administración, y entidades y órganos dependientes) “están obligadas a defender la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid”, y que “ante cualquier agresión a la autonomía financiera reconocida, deberán reaccionar con todos los mecanismos a su alcance, en la legislación nacional, europea o internacional”.

El Gobierno de Ayuso quiere que la Asamblea apruebe un texto que sirva de amenaza de batalla a Sánchez. Pero no pasa de ahí. Si el Gobierno central consigue un consenso para modificar la fiscalidad de Madrid de forma indirecta, podrá hacerlo. “El contenido de este anteproyecto es más programático que jurídico”, comenta por su parte Almudena Medina, directora en el área tributaria de Ceca Magán Abogados.

“De aprobarse en los términos actuales, la capacidad real de esta ley de evitar el efecto que pueda tener la eliminación de bonificaciones y deducciones autonómicas a nivel estatal es muy limitada. Teniendo en cuenta la competencia del Estado en materia tributaria y la jerarquía normativa, parece difícil que la Comunidad de Madrid o cualquier otra pueda evitar que el Estado limite o incluso elimine su competencia para aprobar bonificaciones, reducciones y deducciones en los tributos cedidos como es el caso del impuesto sobre el patrimonio”, añade Medina. La directora de Ceca Magán advierte, no obstante, que “distinta es la discusión sobre si esta limitación debe llevarse a cabo mediante ley orgánica o ley ordinaria, y si se contaría con el apoyo parlamentario suficiente para ello”.