Las votaciones de 2024 en España: hacia un ciclo electoral continuo
Quizá dejaremos de sobredimensionar la trascendencia de cada elección autonómica —más allá de la que tiene para ese territorio— y de tomarla como banco de pruebas de la política nacional
En España hablamos de un ciclo electoral completo cuando, dentro de un periodo temporal inferior a un año, se acumulan las elecciones en todos los niveles del poder: ayuntamientos, comunidades autónomas, Congreso, Senado y Parlamento Europeo.
Este fue el caso en el año 2019. El 28 de abril de aquel año se celebraron elecciones generales y autonómicas en la Comunidad Valenciana. Un mes más tarde hubo una macrojornada electoral en la que se eligieron todas las entidades locales, provinciales e insulares de España, 12 parlamentos autonómicos y los 54 representantes españoles en el Parlamento Europeo (que pasaron a ser 59 cuando se consumó el Brexit). Finalmente, el 10 de noviembre se repitieron las elecciones generales, que desembocaron en el primer Gobierno de coalición a nivel nacional de nuestra democracia.
Además, en el último mes de 2018 se habían celebrado también las autonómicas de Andalucía en las que se produjo el vuelco que puso fin a casi 40 años de poder socialista. Así pues, en el corto periodo de 11 meses se repartió prácticamente todo el poder institucional del país. Solo quedaron fuera las tres nacionalidades históricas originales: Cataluña, País Vasco y Galicia (ahora son varias más las que se denominan así oficialmente).
No siempre tiene por qué ser así. En nuestra legislación, las únicas elecciones con fecha fija son las locales, que se celebran obligatoriamente el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. También lo son las europeas, pero el Parlamento de Estrasburgo tiene legislaturas de cinco años, por lo que no siempre es posible hacerlas coincidir con otras votaciones.
En el principio, se intentó agrupar las elecciones de ámbito territorial obligando a que todas las comunidades formadas por la vía del artículo 143 de la Constitución celebraran sus elecciones autonómicas junto a las municipales. Pero hoy todos los presidentes autonómicos tienen la facultad de disolver sus respectivos parlamentos y anticipar las elecciones cuando les parezca conveniente. Además de las cuatro clásicas (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía), ya se ha ejercido esa potestad en la Comunidad Valenciana, en Madrid y en Castilla y León.
Esto irá a más y, en los próximos años, veremos cómo más comunidades deciden diferenciar sus propias convocatorias. Con ello, nos aproximaremos a la lógica de los Estados federales como Alemania, donde cada land tiene su calendario propio y es habitual que cada año haya varias elecciones de ese tipo. Allí se vive con normalidad un ciclo electoral continuo, como terminará ocurriendo en España. Quizás entonces dejaremos de sobredimensionar la trascendencia de cada elección autonómica —más allá de la que tiene para ese territorio— y de tomarla como banco de pruebas de la política nacional.
Ciertamente, la percepción de la situación general siempre influye. Pero debemos acostumbrarnos a prescindir de extrapolaciones abusivas y respetar el derecho de los ciudadanos a responder a la pregunta específica que la urna les formula en cada ocasión. Primero, porque no es lógico ni saludable que cada votación en un territorio singular sobre sus instituciones propias se dramatice como si fuera siempre una primaria de las generales. Segundo, porque así se evitarán errores groseros en el análisis de los resultados. Muchos ciudadanos han adoptado por su cuenta la práctica del voto dual, que es cada vez más numeroso. Varios millones de electores votaron a un partido el 28 de mayo y a otro de distinto signo político el 23 de julio sin que su conciencia ideológica sufriera en absoluto. Esa pauta se extenderá, se reducirá el espacio del llamado voto cautivo y, ojalá, los políticos y sus estrategas dejarán de referirse a los electores como caballos estabulados en una cuadra con expresiones nefandas como “los nuestros”.
2024: elecciones seguras, posibles e hipotéticas
En el año entrante habrá tres eventos electorales obligados por el calendario. El primero ya está convocado: el 18 de febrero se votará en Galicia, lo que significa que allí ya ha comenzado de hecho la campaña electoral. Otra fecha fija: el 9 de junio elegiremos a los 61 diputados españoles en el Parlamento Europeo (dos más que los actuales, por el crecimiento de nuestra población).
En algún momento antes del verano tendrán que realizarse también las elecciones para el Parlamento vasco. Formalmente, la decisión de la fecha corresponde al lendakari actual. En la práctica, la tomará el Euskadi Buru Batzar (dirección orgánica del PNV) contando con el criterio de Imanol Pradales, nuevo candidato de ese partido.
El PNV podría decidir que las elecciones vascas se realicen el 9 de junio junto a la europeas, pese a que tradicionalmente se ha resistido a coincidir con procesos electorales de ámbito nacional. La alternativa es buscar una fecha intermedia, en torno a los meses de marzo y abril. En todo caso, es seguro que habrá una triple cita con las urnas en la primera mitad del año.
Es posible —incluso probable, para algunos analistas— que se adelanten las elecciones al Parlamento de Cataluña, cuyo mandato expira a principios de 2025. La decisión corresponde a ERC, que gobierna en solitario de forma extremadamente precaria (33 diputados en una cámara de 135) aunque, tras la quiebra del Gobierno de coalición con el partido de Puigdemont, cuenta con el apoyo más que ocasional del PSC, que acude en su socorro cuando es preciso. Lo más verosímil es que Junqueras y Aragonès no tomen su decisión hasta el verano, con las mediciones demoscópicas y tras comprobar cómo marchan la ley de amnistía —que determinará el regreso de Puigdemont y la rehabilitación de Junqueras para ocupar cargos públicos— y sus pactos con el PSOE en el Congreso.
En la situación actual, se hace difícil imaginar un resultado que permitiera a ERC conservar la presidencia de la Generalitat. Su posición está seriamente amenazada tanto por el PSC como por JxCAT. De hecho, en 2021 ya se produjo casi un triple empate y, desde entonces, ERC no ha dejado de descender. Su gestión es un naufragio y todo indica que son más los perjuicios que los beneficios de ejercer el poder en solitario. Junto al Govern, se juega de nuevo la hegemonía en el espacio nacionalista, y ello será determinante en la decisión de la fecha: dentro del margen legal, Aragonès elegirá el momento que le parezca más favorable para su partido y más perjudicial para los de Puigdemont.
Dentro del margen legal, Aragonès elegirá el momento que le parezca más favorable para su partido y más perjudicial para los de Puigdemont
Es prematuro especular con el resultado de esa elección. Las generales del 23-J no sirven como indicador, puesto que allí se produjo un desplazamiento masivo de votantes nacionalistas (sobre todo de ERC) hacia el PSC que no se repetirá en las autonómicas, al menos con esa magnitud. Puestos a imaginar escenarios, no cabe descartar alguno en el que el PP posea la llave para convertir a Salvador Illa en presidente de la Generalitat en detrimento de los independentistas.
Normalmente, con estas tres o cuatro citas se completará el calendario electoral de 2024. En el terreno meramente hipotético —improbable, pero no imposible—, cabría imaginar otras situaciones no esperadas:
Como variante de la anterior, la disolución del Senado y la convocatoria de elecciones únicamente para esa Cámara, acompañada de candidaturas conjuntas PSOE-Sumar para tratar de dar la vuelta a un puñado de provincias y comprometer la mayoría absoluta del PP. Sería un hecho inédito en nuestra democracia, con tintes de escándalo político y de resultado incierto, pero la Constitución lo autoriza (artículo 115) y podría justificarse por la pertinaz obstrucción del Senado y su uso como ariete desestabilizador del Gobierno.
La convocatoria de elecciones anticipadas en alguna otra comunidad autónoma. Además de Galicia, solo en cuatro comunidades hay gobiernos con mayoría absoluta: Castilla-La Mancha, del PSOE, y Madrid, Andalucía y La Rioja, del PP. En siete comunidades gobierna el PP en coalición con Vox o con su apoyo necesario: una quiebra de la relación entre los dos partidos de la derecha dejaría en minoría a cualquiera de esos gobiernos (o a todos). En Asturias gobierna una coalición de izquierdas y en Canarias, una de Coalición Canaria con el PP, que parecen bastante estables.
Insisto, se trata tan solo de situaciones hipotéticas y poco probables sobre las que, por eso mismo, no vale la pena extenderse en este momento. Centremos el análisis, pues, sobre las tres citas seguras de los próximos meses: Galicia, País Vasco y Parlamento Europeo.
Elecciones al Parlamento de Galicia (18 de febrero)
Tras el fiasco de las generales, el PP necesita con urgencia una inyección de adrenalina política que lo saque de su actual estado de perplejidad. Para ello, nada como una victoria electoral contundente y ningún lugar tan propicio como Galicia. Además, la partición de la izquierda en varios pedazos y la irrelevancia de Vox harán que el sistema electoral funcione a favor del partido mayoritario.
El PSOE y el BNG correrán en solitario para disputarse entre ellos la segunda posición, con clara ventaja inicial de los nacionalistas. Tras el vodevil de fin de año, Sumar y Podemos irán por separado. Ya en 2020 la candidatura conjunta Podemos-Esquerra Unida-Anova quedó fuera del Parlamento. Ahora, esas piezas están escindidas: Podemos se ha emancipado, Izquierda Unida permanece dentro de Sumar y Anova (escisión del BNG liderada por el histórico Xosé Manuel Beiras) abandonó recientemente la plataforma común y en las generales pidió el voto para el BNG, aunque en esta ocasión ha manifestado la intención de presentar candidatura propia. El acceso al Parlamento de esa sopa de siglas es aún más difícil, considerando que hay que superar el 5% en alguna provincia, lo que no parece factible.
Todo parece alineado a favor del PP, salvo por dos incógnitas: el desempeño de su nuevo líder, Alfonso Rueda, cuyo nivel de conocimiento y liderazgo es muy inferior al de Feijóo, y el hecho de que está obligado a obtener la mayoría absoluta para seguir gobernando. Cualquier cifra por debajo de 38 escaños lo enviará a la oposición.
Se anuncia también la presencia en la carrera de Democracia Ourensana, el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Hasta ahora, solo ha probado su fuerza en la capital y en elecciones municipales: se ignora cómo sería su impacto en el conjunto de la provincia y en una elección autonómica (una cosa es el apoyo al alcalde y otra la lealtad a la sigla en una votación distinta). Las escasas encuestas disponibles tras el anuncio de la convocatoria contemplan la posibilidad de que DO obtenga por los pelos un escaño en Ourense, que, con un resultado muy apretado, podría resultar decisivo.
No hay duda de que el Partido Popular volcará en Galicia toda la potencia de fuego de su aparato nacional, con Feijóo a la cabeza. El líder del PP no puede permitirse una derrota en ese territorio. No solo por su importancia estratégica, sino porque provocaría un terremoto en Génova acompañado de ruido de sables desde Madrid y Andalucía. El 23-J agotó su cuota de fracasos admisibles. En principio, su único peligro es que sufra por los votos marginales de Vox y DO. Aun así, tiene bastante margen de caída desde los actuales 42 escaños a los fatídicos 37.
El partido de Sánchez se juega relativamente poco en Galicia. Salvo que salte la sorpresa y la suma de BNG y PSOE supere en escaños al PP, el mayor éxito al que pueden aspirar los socialistas es quedar en segunda posición, y aun eso parece remoto ante la pujanza recobrada por el partido nacionalista. No creo que Sánchez se desgaste más allá de lo imprescindible ni vacíe las arcas de su partido en una campaña en la que lo más probable es que será la tercera fuerza en un Parlamento de tres. Si consigue mejorar un poco su resultado anterior y superar el 20%, se dará por satisfecho y pasará esa página lo antes posible. Si el PP se viene abajo, lo celebrará por todo lo alto y se dispondrá a apoyar a Ana Pontón (BNG) como presidenta de la Xunta a cambio de algunas consejerías.
Elecciones al Parlamento vasco (sin fecha)
Se ha montado una gran algarabía tras los resultados del 23-J por el sorpaso electoral de Bildu al PNV, acompañado del casamiento del PSOE con Bildu para repartirse las principales instituciones en Navarra. A partir de ahí, se disparan las hipótesis de una victoria de Bildu en las elecciones autonómicas que conduzca al derrocamiento del PNV y a una coalición entre Bildu (primer partido) y el PSE (tercer partido), con Pello Otxandianoinstalado en Ajuria Enea.
Se olvida que, como ha sucedido en muchas ocasiones, el resultado de las generales en Euskadi suele parecerse al de las autonómicas como un huevo a una castaña. Y se olvida también que, en la votación del 23-J, el partido más votado fue el PSE (lo que en las autonómicas no ocurrirá ni por aproximación) y el PNV superó en votos a Bildu en las tres provincias vascas, aunque por la mínima. El resonante sorpaso solo sale si se añaden los votos de Navarra, donde el PNV es una fuerza marginal que ni siquiera compite con su sigla.
Ciertamente, la progresión electoral de Bildu es consistente y no está lejos el día que logre convertirse en el primer partido de Euskadi, con la ayuda inapreciable de Pedro Sánchez y aprovechando tanto el paulatino declive del PNV como el reventón del conglomerado podemita. En mi opinión, lo único que le falta para ello es hacer desparecer a Otegi y a todos los sujetos relacionados con ETA no solo de sus listas electorales, sino también de su dirección orgánica, como hizo el Sinn Féin. En este momento, es el único partido vasco —quizás, el único en España— que dispone de un planteamiento estratégico a medio plazo merecedor de tal nombre.
En cuanto a estas elecciones, todas las encuestas conocidas hasta ahora coinciden en mantener al PNV como ganador, si bien retrocediendo en votos y escaños y con Bildu pisándole los talones. No es tan sencillo abatir la organización que controla el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales, que son las que realmente reparten el bacalao y el dinero en ese territorio. El PSE ocupará la tercera posición, a la que ya está habituado (llegó a ser cuarto en 2016), y está por ver si se confirma la progresión del PP. Se ignora con qué formulas comparecerá el disgregado espacio expodemita. Todos los partidos principales estrenarán candidatos, lo que pone un punto de incertidumbre en cuanto al rendimiento de cada uno de ellos.
En el País Vasco, se dan dos circunstancias notables: primera, que es el único lugar en que el partido dominante impuso un método de distribución de escaños por provincias que lo perjudica claramente. La mística de los llamados territorios históricos impulsó a Arzallus y compañía a establecer un reparto igualitario de los escaños: 25 para cada provincia, al margen de su población. Ello daña al PNV, puesto que su fortaleza se concentra en Vizcaya, mucho más poblada que las otras dos y, por tanto, muy infrarrepresentada en el Parlamento vasco.
La segunda circunstancia específica es el sistema de elección del lendakari, mucho más sensato y funcional que el que existe en el Parlamento español y en la mayoría de las comunidades autónomas. Allí no existe un candidato único al que se vota sí o no; cada partido que lo desee presenta su propio candidato y, si ninguno tiene mayoría absoluta en la primera vuelta, en la segunda es elegido el que más votos tenga. Ello impide de raíz los bloqueos y evita la repetición de las elecciones.
Es posible que la suma de Bildu, PSE y lo que quede vivo del antiguo podemismo ofrezca la oportunidad de formar un Gobierno. Más probable parece que resulte suficiente la suma del PNV y el PSE (que, en una emergencia, podrían llegar a contar con el auxilio gratuito del PP para cerrar el paso a Bildu). Y, por supuesto, la suma de PNV y Bildu daría una mayoría nacionalista aplastante. En mi opinión, esta última combinación será la favorita de Bildu a medio plazo, con ellos como primera fuerza y el PNV como socio subalterno. Pero eso no es para hoy.
Si la opción final depende de los socialistas, no termino de ver la ganancia que obtendría Sánchez (que será quien tome la decisión) de romper la alianza histórica con el PNV, lo que equivaldría a perder su apoyo en el Congreso, y sufrir el desgaste de gobernar en Euskadi de la mano de Bildu —que difícilmente renunciaría a colocar al lendakari—, además de poner en peligro sus posiciones de poder en las diputaciones forales y en los ayuntamientos vascos. Una cosa es besuquearse con Aizpurua en Madrid y otra poner Euskadi patas arriba, enajenarse al PNV de por vida y arriesgarse a perder un chorreo de votos en el resto de España.
Así pues, sin descartar sorpresones, tanto en Galicia como en el País Vasco la apuesta inicialmente más segura apunta al mantenimiento del statu quo actual en términos de Gobierno, con las dos fuerzas del nacionalismo radical, BNG y Bildu, avanzando consistentemente.
Elecciones al Parlamento Europeo
En lo que llevamos de siglo XXI, se han celebrado cuatro elecciones al Parlamento Europeo. Veamos en primer lugar los porcentajes de participación en cada una de ellas:
No se hagan ilusiones: lo que sucedió en mayo de 2019 fue que las elecciones europeas coincidieron con las municipales y autonómicas. Aun así, la participación en la urna europea fue cinco puntos inferior a la de la urna municipal.
La pauta es clara y constante: cuando las elecciones europeas se celebran en solitario, más de la mitad del censo se desentiende de ellas y la participación se desploma, independientemente de cuál sea la coyuntura política del momento. Opera la convicción generalizada de que en ellas no se juega nada importante. Ello tiene que ver con una consciencia aún insuficiente sobre la trascendencia de lo que se decide en el ámbito de la UE o, quizá, con el papel escasamente decisorio que se atribuye al Parlamento de Estrasburgo (probablemente, con ambas cosas).
Esos raquíticos porcentajes de participación introducen un primer sesgo para la interpretación de los resultados: votan en las elecciones europeas los ciudadanos más politizados e informados. Es verosímil que alrededor de ocho millones de personas que participaron en las últimas elecciones generales no comparezcan en las del 9 de junio. Empeñarse en leer el resultado de las europeas como un anticipo de lo que sucederá en las generales o como un termómetro preciso del clima de opinión es una forma gratuita de consolarse, de deprimirse y, con toda seguridad, de errar en el análisis. Simplemente, la clientela es diferente y también lo es su comportamiento.
En principio, no hay motivos fundados para esperar que esa pauta se altere sustancialmente en la votación del 9 de junio. Por mucho que algunos confíen en que el clima de polarización arrastrará a las urnas a millones de personas dispuestas a mostrar su adhesión o su rechazo al Gobierno, sería una sorpresa extraordinaria que la participación se aproximara al 50% de los adultos con derecho de voto. Si la cita coincide con las autonómicas en el País Vasco, habrá más votos en la urna europea en esa comunidad, pero son cifras poco relevantes a nivel nacional.
El segundo factor diferencial de las europeas, como ya se ha apuntado, es la escasa trascendencia que se les reconoce. De ellas no sale un Gobierno ni, aparentemente, nada que vaya a cambiar la vida de las personas. Ello facilita que los votantes se permitan alegrías que no se conceden en otras votaciones: castigar a los gobiernos, prescindir de la soga del llamado voto útily entregar su voto a formaciones minoritarias o de aparición reciente. El caso más notorio en España es el de Podemos, cuya eclosión electoral se inició en las europeas de 2014: viniendo de la nada, obtuvo un 8% del voto y cinco eurodiputados.
Por último, es determinante el sistema electoral: 61 eurodiputados elegidos en un único distrito nacional —lo que convierte la ley D'Hondt en un proporcional puro— y sin límites legales para entrar en el reparto de escaños. Con 300.000 votos en toda España se consigue al menos un eurodiputado, y son frecuentes las coaliciones electorales entre fuerzas nacionalistas de distintos territorios para maximizar el rendimiento de sus votos.
Estas elecciones, pues, son territorio fértil para el lanzamiento de nuevas formaciones políticas que intenten hacerse presentes en el mapa político o para que las que están al borde de la desaparición (como Ciudadanos) realicen un último intento de mantenerse a flote.
El mapa de la derecha parece estabilizado. Comparecerán el PP y Vox y no hay síntomas de apariciones inesperadas en ese espacio. Será un segundo punto de partido para Alberto Núñez Feijóo: el líder del PP tendrá sus días contados en Génova con cualquier resultado que no sea una holgada primera posición.
Lo contrario sucede en la izquierda. Por un lado, está la rivalidad entre Sumar y Podemos. Lo que queda del partido de Iglesias se volcará en las europeas para demostrar a su archienemiga (no la derecha, sino Yolanda Díaz) y a Sánchez que hay que seguir contando con ellos. Es seguro que Podemos conseguirá algún escaño, pero su objetivo es aproximarse a un empate con Sumar. En todo caso, será la primera ocasión de comprobar a nivel nacional cuál es la fuerza real del conglomerado liderado por Díaz una vez privado de los votos de Podemos.
Por lo demás, los cenáculos escuchan ruido de tambores en los aledaños del PSOE. Los sabuesos de la política tienen detectadas al menos tres operaciones en ciernes, destinadas a ofrecer una plataforma confortable que acoja a socialistas que reniegan del sanchismo o que este ha declarado renegados, socialdemócratas escandalizados por la deriva populista del poder, social-liberales huérfanos tras el suicidio de Ciudadanos, constitucionalistas espantados y, en general, náufragos de la polarización que se sienten no compatibles con el voto a la derecha y comparten el deseo y la necesidad de abrir huecos en el muro, que vuelva a correr el aire y la política se desmilitarice.
Es una incógnita que algo así llegue a fraguar en los escasos meses que quedan hasta el momento de presentar las candidaturas. Pero los promotores están convencidos de que no hay mejor ocasión para intentarlo que unas elecciones europeas. 300.000 votos en toda España no son un objetivo inalcanzable si se opera con un mínimo de profesionalidad.
En España hablamos de un ciclo electoral completo cuando, dentro de un periodo temporal inferior a un año, se acumulan las elecciones en todos los niveles del poder: ayuntamientos, comunidades autónomas, Congreso, Senado y Parlamento Europeo.
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