La España de las tribus

Este año que termina ha sido el de la deconstrucción constitucional en España. Los resultados de las elecciones del pasado mes de julio excitaron los instintos de poder de Pedro Sánchez y de un PSOE enfeudado en un relativismo ideológico y ético que le convierte en una ficha de cualquier puzle de poder. Las teselas del mosaico parlamentario solo encajaban si se agrupaban las de los partidos secesionistas catalanes y vascos, con el de Puigdemont como árbitro decisivo. Nunca se contempló un acuerdo transversal con la derecha democrática.

Sánchez aceptó desvencijar los valores de la Constitución de 1978, y más concretamente el pacto territorial que incorpora (el Estado autonómico), a cambio de seguir en la Moncloa. Los tres pactos explícitos que suscribió con JxCAT, ERC y PNV —y el implícito con EH Bildu, cuyos efectos son ya patentes, como en Navarra— son la base teórica de una completa reformulación del pacto de la Transición en cuanto al modelo de Estado, el autonómico, y no para migrar hacia uno federal —que es, en esencia, simétrico y se atiene al principio de igualdad— sino a otro fáctico, que establece una bilateralidad política y financiera, incluso en el orden internacional, al modo de los desusados Estados confederales.

Este nuevo paradigma, que se consumará si los pactos firmados se cumplen, supone un tratado interno entre la izquierda y los secesionismos que es paralelo a las instituciones constitucionales y en virtud del cual Cataluña y el País Vasco pasan a ser entidades territoriales exentas de la presencia de la Administración General del Estado, se sitúan en un espacio diferente al de cualquier comunidad autónoma y actúan como verdaderas naciones con una suerte de soberanía (no autogobierno) que sería copartícipe de la del propio Estado, por disminuido y amputado que quede.

La soberanía nacional se ha sustituido por la de las Cortes Generales, que no conoce límite alguno porque se impone el criterio de la democracia electoral, propia de las que son de naturaleza populista. Las urnas siempre han fascinado a los iliberales porque son la más eficaz de sus coartadas. A ese criterio mayoritario en las Cámaras legislativas apelan los autócratas del nuevo formato iliberal que sirve para sortear los límites a su poder. Este fenómeno —de izquierdas y de derechas— en España lo ha asumido el PSOE de Sánchez con una naturalidad y falta de decoro verdaderamente llamativos.

Opinión

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En el caso de nuestro país, al afectar el mayoritarismo a la articulación territorial del Estado, alterada de manera no normativa, sino insidiosa, está propiciando a nivel nacional lo que al europeo denunció que sucedía la politóloga danesa Marlene Wind en su celebrado ensayo La Tribalización de Europa (Espasa 2019). En ese libro, ya de referencia, se advierte que la "tribalización es una megatendencia en el mundo actual" y añade la autora que "la elección de Donald Trump, el referéndum del Brexit, movimientos populistas como el del separatismo catalán y el retroceso democrático en la Europa central y del este, son ejemplos claros de los mecanismos y efectos de la tribalización".

La lectura de los acuerdos entre el PSOE y los cuatro partidos secesionistas vascos y catalanes ilustra perfectamente sobre la conformación de un espacio plurinacional pero tribal, porque carece de un sustento constitucional y se funda en pactos privados de los partidos políticos que los trasladan, al margen de las instituciones, a sus respectivos ámbitos de poder. No se trata de un modelo autonómico, no se trata tampoco de otro federal, ni siquiera confederal porque requeriría una formalización imposible. Se trata del saqueo de los valores constitucionales para imponer de facto un juego a tres (España, País Vasco y Cataluña) que se relacionan a golpe de táctica en los apoyos mutuos de la izquierda y los secesionismos; y de estrategia de aquella (el poder, aunque limitado, en el Estado) y de estos (mediante la expresión de una soberanía implícita). Y cuando no hay un modelo normativo emanado de un demos reconocible, surge la tribu, "atribulada" por lo que se refiere a la vasca, el famoso ensayo de Jon Juaristi, e "inventada" la catalana en la versión del historiador Jordi Canal.

Aunque se pudiera referenciar esta deconstrucción de España al cantonalismo del siglo XIX, en realidad el antecedente no es válido

Con motivo de los 45 años de la Constitución, Luis María Díez Picazo, expresidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional, ha expuesto en un texto para la revista jurídica El Cronista una esclarecedora tesis sobre Estado autonómico, asimetría y democracia en el que aborda aspectos sustanciales del desgarramiento del modelo territorial de la Constitución de 1978 y, entre otras cosas, considera que "una verdadera asimetría significaría así que Cataluña y, en alguna medida, el País Vasco podrían condicionar la gobernanza del resto de España, incluidas su legislación y el color político de su Gobierno, sin que el resto de España tuviera una influencia similar sobre aquellas. Es muy significativo a este respecto que en el arriba mencionado acuerdo entre el PSOE y el PNV se busque blindar el actual sistema electoral, de manera que no pudiera ser modificado sin la aquiescencia del País Vasco. He aquí el gran problema planteado por la reclamación de bilateralidad y plurinacionalidad: una relación bilateral puede ser conforme a los postulados de la democracia, pero no lo es que una de las partes juegue en ambos lados de la mesa".

Lo que el magistrado y catedrático plantea no es ya una cuestión de naturaleza técnica estrictamente jurídica. Es de eticidad, de solidaridad, de juego limpio. Con una particularidad: que en el caso español las tribus vasca y catalana serían hegemónicas sobre la tercera (llamémosla España) que resultaría para aquellas un mercado de conveniencia: financiero, comercial, laboral, al tiempo que un reservorio de ayudas y subsidios cuando sus propias posibilidades fuesen insuficientes. Vascos y catalanes jugarían "en ambos lados de la mesa" porque, efectivamente, ellos mantendrían su influencia determinante sobre España, pero España ninguna sobre sus territorios. Ocurre, eso sí, que el único insumo que se exportaría a la tercera tribu (la española) sería el de encumbrar al poder a un primus inter pares, papel con el que sueña Pedro Sánchez de manera imperecedera.

Aunque se pudiera referenciar esta deconstrucción de España al cantonalismo del siglo XIX, en realidad el antecedente no es válido. No existe falsilla histórica para entender lo que está ocurriendo. Son explicaciones contemporáneas las que sirven para averiguar el porqué y el para qué de lo que sucede. Se trata de una profunda crisis de la democracia liberal, y de una grave crisis de increencia en los otrora grandes partidos políticos en el juego de los checks and balances, que son los que caracterizan a los sistemas democráticos desde la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y que han ido recogiendo las posteriores en el siglo XX en todos los países occidentales.

Estamos en una fase destituyente. Y habrá que ir a otra constituyente

En España esos contrapesos entre poderes se han destruido, salvo el que ejerce el Poder Judicial que, no obstante, está siendo acosado por la fusión en la práctica de los otros dos: el Ejecutivo y el Legislativo. Este hace de correa de transmisión del Gobierno, de modo que se produce un fenómeno de acumulación de facultades mediante el ejercicio de la iniciativa legislativa que se asume sin discernimiento ético, jurídico y democrático por los diputados, pese a que, expresamente, su condición no conlleva un mandato imperativo (artículo 76.2 de la Constitución española).

¿El horizonte? Parece claro que, si la izquierda ha roto la baraja con los secesionismos, la derecha democrática haga lo propio y se asuma que la Constitución de 1978 ha sido lesionada de manera irremediable porque sirve solo para amparar, tanto dialéctica como prácticamente, decisiones que se rinden a los intereses de un sector del cuerpo electoral frente al resto que queda separado por el muro al que con tanta precisión metafórica se refirió en su investidura Pedro Sánchez. Hay que tener en cuenta que, al otro lado de ese muro, habitan vascos y catalanes de pertenencia española, exclusiva o compartida, que, de ejecutarse este proyecto confederal-fáctico, se constituirían en sectores sociales subordinados.

Estamos en una fase destituyente. El acuerdo alcanzado entre Sánchez y Feijóo para que la Unión Europea supervise o medie o verifique, o todo a la vez, la renovación incalificablemente demorada del Consejo General del Poder Judicial delata que el sistema institucional está agotado y que a esta dinámica no se resisten ni aquellos que pretenden evitarla, es decir, la mismísima derecha democrática. Habrá que ir, en consecuencia, a otra fase constituyente —con la monarquía parlamentaria, el planteamiento netamente federal y una democracia militante— y deberá hacerlo el sector social marginado por el populismo de la izquierda y la avaricia de los independentismos tratando de recuperar los valores perdidos en una nueva Constitución tras un debate que se está convirtiendo en imparable. Además, es un debate urgente, porque si se enlentece y demora, las tribus arraigarán definitivamente y entraremos en un régimen cuyo parecido con un sistema constitucional será pura casualidad. En palabras del filósofo José Luis Pardo, "el doctor Frankenstein murió atormentado por el monstruo que había engendrado y que no fue capaz de destruir cuando se volvió contra él". Es este un aviso perentorio.