Los 100 días de Sánchez: Franco, Cataluña, Iglesias, decretos y despegue en los sondeos

Si se echa la vista atrás, quizá parecería un periodo más largo, por intenso. Pero para este lunes solo habrán transcurrido 100 días. Los primeros 100 días de Pedro Sánchez en el poder. Poco más de tres meses en la Moncloa desde la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y que han permitido al líder socialista visualizar un "cambio de época" y remontar en los sondeos. Reforzarse interna y externamente. Quince semanas atravesadas por medidas de corte social, gestos simbólicos, cascada de decretos, la distensión con Cataluña, la exhumación (aún no completada) de Francisco Franco o el engrasamiento de las relaciones con Pablo Iglesias. Pero también han sido 100 días protagonizados, en no pocos casos, por las rectificaciones, las matizaciones o las mudanzas de criterio, reconocidas hasta por el propio Ejecutivo, pero que socavan su crédito y son pasto de las críticas de la oposición. La última corrección: la venta de armas a Arabia Saudí.

Ya el 2 de junio, cuando prometió su cargo ante el Rey, Sánchez se estrenó, menos de 24 horas después de ganar la moción de censura con el apoyo de Unidos Podemos, nacionalistas e independentistas, con una imagen para la historia: sin Biblia ni crucifijo. Era el primer impacto, la primera divisoria con Rajoy y el PP. Luego configuró su 'Gobierno bonito', de 11 mujeres y seis hombres, repleto de pesos pesados y con cuota de galácticos —el astronauta Pedro Duque, el escritor y periodista Màxim Huerta, caído solo seis días después por haber cometido fraude fiscal—, bien acogido. Con él anticipaba ya el mensaje de que iba a resistir, de que había llegado para quedarse. La duda, hace cien días y ahora, es hasta cuándo. Porque la incertidumbre sobre el momento final de la legislatura, que no depende solo de él, puesto que el Ejecutivo nació con una extrema debilidad parlamentaria (84 escaños), no se ha despejado. Pero el presidente ya ha deslizado que si no hay nuevos Presupuestos, si fracasa, podría convocar unas generales anticipadas.

El Ejecutivo mantiene su política de distensión con el Govern pese a la "inflamación" verbal, aunque pide un esfuerzo "recíproco". Y amaga con el 155

Sánchez asumió el reto de "gobernar el cambio". Y quiso que se percibiese enseguida. En su primer Consejo de Ministras y Ministros —el rótulo simbólico para subrayar la mayor presencia de mujeres en el Ejecutivo que patrocinó la todopoderosa vicepresidenta, Carmen Calvo—, levantó parcialmente el control financiero de la Generalitat. Lanzaba la señal de que buscaba una política de apaciguamiento con Cataluña. De "normalización" institucional con el Govern. Luego acercó a la comunidad a los dirigentes separatistas procesados y convocó por primera vez en siete años la comisión bilateral Generalitat-Estado. Nada de echar leña al fuego, desplegar la estrategia de "ley y diálogo". Activar "todos" los canales de interlocución posibles —el primero, con el 'president' Quim Torra, a quien recibió en la Moncloa el 9 de julio— y demandar un esfuerzo "recíproco" a la otra parte, a los separatistas. Amagar con una nueva aplicación del 155 si hay quiebra de la legalidad y nada de "orientar" a la Fiscalía para que cambie de criterio respecto a la causa del 'procés'.

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No tan rápida como se preveía

Cataluña dominaba y domina el escenario político. Y lo seguirá dominando. Más en las próximas semanas, cuando la tensión a partir de la Diada, y coincidiendo con las efemérides del referéndum del 1-O y la proclamación unilateral de independencia, vaya en aumento. Pero Sánchez ha mantenido su hoja de ruta, su apuesta por "afrontar los conflictos siempre con el diálogo por delante y la negociación en el marco de la ley", por construir un diálogo "de forma paciente y respetuosa", como resumió la ministra portavoz, Isabel Celaá, el pasado viernes, como balance adelantado de estos cien días en el poder.

Podemos está cuajando como un socio prioritario del Ejecutivo. Ambas formaciones caminan hacia un pacto presupuestario para octubre

La duda es si la estrategia de la distensión servirá. Torra mantiene su discurso, no renuncia a la unilateralidad ni al derecho de autodeterminación. Pero el Ejecutivo confía en que más allá de declaraciones "inflamatorias", el Govern no se saltará la ley. PP y Ciudadanos, sin embargo, le apremian para que vuelva a intervenir Cataluña.

Franco. Un debate 'win-win' para el Gobierno, y que aún se alargará en el tiempo. El presidente anunció su intención de exhumar al dictador lo antes posible, consciente de que su salida del Valle de los Caídos, 43 años después de su muerte, marcará un hito de enorme carga simbólica en su mandato. Pero su inexperiencia en la gestión, como él mismo reconoció, jugó en su contra: tropezó con el rechazo de los nietos del general y sus bravuconas amenazas de ir a los tribunales. El decreto ley se aprobó el 24 de agosto, en el primer Consejo de Ministros a la vuelta de vacaciones, y será convalidado este jueves en el Congreso. Pero la exhumación, el desenlace de un procedimiento administrativo que llevará varios meses, aún tardará.

El Ejecutivo ha cuidado el flanco de la memoria histórica, uno de los más sensibles para su electorado progresista y completamente abandonado por Rajoy. También es uno de los puntos de enlace con Podemos. El antaño rival que amenazaba al PSOE con el 'sorpasso' está cuajando como el socio prioritario de Sánchez, después de muchas idas y venidas. Ambas formaciones se entendieron para forzar el relevo en RTVE tras meses de parálisis, se distanciaron cuando se tramitó la senda de déficit en julio —primer batacazo parlamentario del Gobierno— y ahora, con Pablo Iglesias reincorporado a la vida política tras el nacimiento prematuro de sus dos mellizos, han vuelto a encontrarse y ensayan una alianza de legislatura. Un pacto presupuestario para octubre como prólogo de una entente estable.

Nueve decretos leyes

Sánchez necesita sacar adelante las cuentas de 2019 para poder agotar su mandato y llegar a 2020. No le basta solo con Unidos Podemos. También necesita a las formaciones nacionalistas e independentistas que le llevaron al poder. Pero el paso previo, la presentación de esos Presupuestos Generales del Estado, ya es una declaración de intenciones en sí misma. La traducción del propósito del presidente de "reconstruir el Estado del bienestar" desmantelado por el PP. El proyecto de ley será la cobertura de un amplio paquete de medidas sociales, algunas de las cuales ha ido anticipando a lo largo de los 12 Consejos de Ministros celebrados. El Gobierno ha promovido la restitución de la sanidad universal —ya convalidada por el Congreso—, impulsado iniciativas contra la pobreza infantil, lanzado una oferta de empleo público extraordinaria, y desplegado medidas para desarrollar el pacto de Estado contra la violencia de género o para proteger a los niños.

Sánchez busca construir un eje Madrid-París-Berlín y revitalizar los lazos con Latinoamérica. El primer golpe de efecto llegó con el primer Aquarius

Los PGE de 2019 son el gran desafío para Sánchez. Ya están amarradas con Podemos algunas iniciativas que comportan más gasto, como la bajada del IVA de los productos de primera necesidad, la reducción de impuestos a los autónomos o la reversión de los recortes educativos. Falta el acuerdo por el lado de los ingresos: cómo se aumentará la recaudación sin cargar más las espaldas de la clase media y trabajadora, como ha prometido el presidente. Y falta, asimismo, modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para arrancar al Senado su capacidad de veto de la senda de déficit, reforma atascada en el Congreso por el voto de PP y Ciudadanos, que controlan las Mesas de las dos Cámaras.

Porque ese es uno de los problemas objetivos del Gobierno socialista, su fragilidad parlamentaria, y lo que explica en parte que haya recurrido tanto a un mecanismo excepcional y urgente como el del real decreto ley. Ya se han aprobado nueve. Algunos son transposiciones de directivas europeas, pero otros tienen mucha miga política. Lo es la exhumación de Franco, o el de desarrollo de las medidas contenidas en el pacto de Estado contra la violencia de género. Lo fue la renovación de RTVE, que el Ejecutivo logró tras sudar sangre, sudor y lágrimas en las Cortes. Le costó ocho plenos y nueve votaciones, ni más ni menos. Para el presidente no es más que la muestra de los nuevos tiempos, de la necesidad de diálogo y acuerdo. Para la oposición, una muestra palmaria de los pies de barro en los que se cimenta el Gobierno. PP y Ciudadanos han criticado el uso que entienden abusivo del real decreto ley, que la Constitución reserva para casos de urgencia y de extraordinaria necesidad.

En estos cien días Sánchez también ha desplegado una intensa agenda internacional frente al "déficit" de la Administración anterior. Buscó vertebrar el eje Madrid-París-Berlín con Emmanuel Macron y Angela Merkel, y revitalizar las relaciones políticas con América Latina. El primerísimo golpe de efecto llegó con el anuncio de acogida de los 630 migrantes del Aquarius tras el veto de Italia y Malta. Aquel capítulo le situó en el mapa europeo apenas unos días antes de la cumbre de líderes. Recolocó en la mesa el debate migratorio, que la UE seguía sin resolver.

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Las tensiones con Riad

Ese gesto, con una presión en las fronteras creciente, no se volvió a repetir. El Ejecutivo devolvió de forma exprés a 116 subsaharianos que asaltaron la valla de Ceuta tirando de un convenio con Marruecos de 1992 y se negó a acoger de entrada a los ocupantes de un segundo Aquarius en agosto: esperó al fruto de sus negociaciones con la UE y con otros países para distribuírselos. "El primer Aquarius supuso un llamamiento a Europa para decirle que este era un asunto europeo y, el segundo, supuso, de facto, el reparto de los migrantes", defendía Sánchez el pasado lunes en la SER.

En Defensa denuncian el "fuego amigo" como origen de la última rectificación, la relativa a la venta de bombas de precisión a Arabia Saudí

Para la oposición, se trata de una rectificación en toda regla. Como otras. El presidente no ha podido evitar en este tiempo que regrese sobre él una acusación que se escuchó mucho durante las primarias en las que acabó imponiéndose a Susana Díaz: la de los bandazos, la de la falta de un criterio sólido. Renunció, ya en el Gobierno, a publicar la lista de amnistiados fiscales que demandaba desde la oposición porque no podía "prevaricar". Corrigió la estrategia respecto a la defensa del juez Pablo Llarena: de entender que no podía ampararle (y pagarle un letrado, como defendía la Abogacía del Estado desde el principio), pasó a asumir su protección integral, porque, tras "escuchar" las críticas de jueces y fiscales, comprendió que no podía disociarse el ámbito privado del público en la causa del 'procés'.

Lo explicaba a los periodistas durante su gira por Latinoamérica, en la que también solemnizó su renuncia a convertir el Valle de los Caídos en un Museo de la Memoria por la imposibilidad de "resignificar" el monumento. La última entrega de rectificaciones llegaba este viernes: el Gobierno abría la puerta a deshacer la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar un contrato de venta de bombas de precisión a Arabia Saudí. La Moncloa frenaba a Margarita Robles tras la revuelta de los trabajadores de los astilleros de Navantia en Cádiz, que temían que Riad, en represalia, cancelara el encargo de construcción de cinco corbetas para su Armada.

El incidente ha dejado al descubierto las primeras guerrillas entre departamentos del Ejecutivo. Desde Defensa, señalaban fuentes próximas a Robles, se alzaban este sábado contra el "fuego amigo" y la falta de conocimiento sobre este tema de otros ministerios y de algunos miembros del equipo del presidente. El Gobierno espera, no obstante, zanjar las tensiones diplomáticas con el país saudí cuanto antes y garantizar los 6.000 empleos en la bahía gaditana, capitales ahora que se acercan las elecciones andaluzas en las que el PSOE se juega su continuidad tras casi cuatro décadas de hegemonía.

Pero quizá la enmienda de mayor calado afecta a la propia duración del Gobierno. La primera intención de Sánchez, ideada también para atraerse el apoyo de Ciudadanos a la moción de censura (aval que no llegó), era convocar a las urnas cuanto antes, en cuanto se estabilizara el país. Las caras elegidas para su Ejecutivo ya demostraban el viraje. Quería intentar llegar a 2020. Y ese sigue siendo su propósito. Aunque no quiere "aguantar" por aguantar, o resistir "más allá de lo razonable". El Rubicón que él mismo se impone es el de superar la prueba de los Presupuestos.

La primera crisis de gobierno

Ya parece la prehistoria, pero Sánchez tuvo que afrontar su primera crisis de gobierno a los seis días de que tomaran posesión sus ministros. Màxim Huerta, el responsable de Cultura, dimitió once horas después de que El Confidencial publicara que cometió fraude fiscal. Aquel sobresalto, zanjado de forma exprés, no dejó sin embargo heridas en el joven Ejecutivo.

El Ejecutivo reconoce los "desajustes", los errores. Sánchez presume de que su Gobierno es "feminista, europeísta y social, y hace lo que dice"

Sánchez subraya siempre que puede que el "cambio de época" está en marcha, y que ya se puede palpar. Este mismo sábado, en un vídeo grabado en su despacho y difundido en las redes, recalcaba que su Gobierno, "feminista, europeísta y social, hace lo que dice". Prometió un Ejecutivo que recogiera las demandas del 8-M y es el primero de la OCDE con más mujeres que hombres en el Consejo de Ministros.

"Dijimos que íbamos a ser un Gobierno ecologista y antes de que finalice el año vamos a presentar no solamente un plan estratégico de transición ecológica, sino que también vamos a aprobar una ley de lucha contra el cambio climático", "dijimos que íbamos a ser europeístas y no solo estamos dando un enfoque europeo y también respetuoso con los derechos humanos en la política migratoria, sino que España está liderando el crecimiento económico en el conjunto de la zona euro". Y su política social es coherente con lo que avanzó, sigue, porque "no solamente hay que crecer, sino llegar al conjunto de las capas sociales de nuestro país". El objetivo, afirma, es seguir creciendo con justicia social, reindustrializar el país, reconstruir el Estado del bienestar, ampliar derechos y libertades (con la aprobación de la Ley de Eutanasia) o apostar por una mejor educación.

A ese cierto triunfalismo presidencial se superpone el reconocimiento de las rectificaciones. Lo hacía esta semana el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos: "Es peor empeñarse en el error" que corregir la trayectoria, "aun admitiendo que estas rectificaciones puedan darse, si eso significa acertar, bienvenidas sean", admitía el número tres del partido.

"El principal acierto en estos 100 días ha sido no cometer demasiados errores. Es normal que en un aterrizaje tan súbito haya habido desajustes, diferencias, pero son menores en relación con los aciertos. Y como es un Ejecutivo tan virginal en muchos sentidos, hay fluidez y no recelos entre los miembros del Gobierno, de forma que los errores se subsanan hablándolos", señalan en el círculo del líder del Gobierno, que recetan una "mejor coordinación" para superar los fallos de vuelo.

Por el momento, ayuda al presidente el viento en popa de las encuestas. Más acusado en unas (29,9%, según el CIS, por el 20,4% de PP y Cs y el 15,6% de Podemos) y menos en otras, que le sitúan con menos ventaja respecto a sus competidores. Pero en todas sigue primero. Un cambio de tendencia que un PSOE ayuno durante años de alegrías necesitaba. Ahora el partido está eufórico y cree que la ola a favor, el regusto del triunfo, se quedará bastante tiempo. Sánchez dispone de una herramienta extraordinaria: el poder de decidir cuándo llama a los españoles a las urnas. Él, y solo él, elegirá el momento.

Pendiente de resolución la guerra VTC-taxi y el aviso de una desaceleración económica

En estos 100 días, el Gobierno ha tenido que afrontar el estallido más virulento de la guerra entre el sector del taxi y los vehículos con conductor (VTC). Tras reunirse con las partes, Fomento logró una cancelación de los paros prometiendo una legislación para septiembre que faculte a las comunidades autónomas regular en sus respectivos territorios a las VTC. 

Otro problema descolló en el área económica del Ejecutivo. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció que le habían colado un "gol por la escuadra" cuando se inscribió, a principios de agosto, el sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS. La crisis se saldó con la dimisión de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, el pasado lunes. 

El Ejecutivo ha de bregar con los síntomas de la desaceleración de la economía y con el lastre del peor dato de agosto en empleo en una década. También ha tenido que lidiar, aunque en un ámbito más anecdótico, con los patinazos en las redes sociales.