El reto de Sánchez: humanizar la política migratoria sin ceder en el control fronterizo

"Carmen, hay que hacer algo". Ese comentario de Pedro Sánchez a su vicepresidenta, a Carmen Calvo, en la noche del pasado domingo, sirvió para movilizar toda una maquinaria para permitir la llegada al puerto de Valencia de los 630 migrantes del Aquarius. Esa orden primera, en caliente, a la vista de que Italia y Malta se negaban a abrir sus puertos para acoger al buque operado por la ONG francesa SOS Méditerranée, también sirvió al Ejecutivo para poner en práctica su giro respecto a la política migratoria, para mostrar su cara solidaria y lanzar una llamada a la Unión Europea, para que "de una vez por todas" ofrezca una respuesta coherente al problema de los refugiados y de aquellos que arriesgan sus vidas para salir del infierno de sus países de origen. Pero el Gobierno se ha visto obligado asimismo a reforzar su mensaje de que estos gestos de mayor flexibilidad no generarán un 'efecto llamada', y que en todo caso no habrá "excepciones a la ley". No se ha pasado, pues, a la política de puertas abiertas para todos.

Este domingo arriban al puerto de Valencia, de forma escalonada, el Aquarius y el buque Luigi Dattilo y el patrullero Orione, las dos naves proporcionadas por Italia para facilitar el traslado de los 630 migrantes rescatados por SOS Méditerranée, y todos escoltados por el P-73 Vigía de la Armada española. En tierra les espera un espectacular operativo de más de 2.300 personas, que ofrecerá una primera atención, fundamentalmente sanitaria, al pasaje. La logística de la llegada ha supuesto la movilización de varios ministerios, coordinados por la vicepresidenta, Carmen Calvo, en comunicación constante con la Generalitat valenciana. La operación Esperanza del Mediterráneo ha vuelto los ojos de Europa hacia España, y de ello da buena cuenta el número de periodistas acreditados: casi 600, de 138 medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros.

La decisión de Sánchez de acoger a los ocupantes del Aquarius, celebrada por la Comisión Europea, ONG e instancias supranacionales —actitud de aprobación que contrastaba con la crítica hacia el Gobierno xenófobo y populista de Italia—, se ha convertido en uno de sus primeros gestos de calado de su mandato. Su oportunidad de marcar diferencias con la política de Mariano Rajoy y su ocasión para atraer la atención de Europa. Para sacudir su conciencia. "Un 'electroshock' político" a la UE para que "se tome en serio el problema" de la inmigración y de los refugiados, un problema de "extrema gravedad", tal y como advertía esta semana el ministro de Exteriores, Josep Borrell. El Gobierno se ha afanado en repetir que esta es una cuestión "común" que atañe a "todos los europeos". "La política de inmigración de la UE no puede ser un 'estamos preocupados', sino un 'estamos ocupados", seguía argumentando el ministro en un encuentro con informadores en París el pasado miércoles.

"La política de inmigración de la UE no puede ser un 'estamos preocupados', sino un 'estamos ocupados", decía el ministro Borrell esta semana

"Si no somos capaces de controlar y reconocer la frontera común —añadía el responsable de la diplomacia española—, va a ser muy difícil sostener que no haya fronteras interiores. Hay que ser consecuentes" y abordar el desafío de forma conjunta. El Gobierno quiere que se ponga sobre la mesa en la próxima reunión del Consejo Europeo, prevista para los días 28 y 29 de junio. "Italia va a tener que explicar lo que ha hecho, y España lo que ha hecho", porque "a veces hay que sacudir un poco las cosas para que se muevan".

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"Un aldabonazo en Europa"

El Ejecutivo, aunque agita la foto de contraste con Roma, también evita que el Aquarius se traduzca en un choque diplomático, por mucho que el vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga, proclamara su "victoria" después del anuncio solidario de España. Por esa razón, Borrell y otros miembros del Gobierno remarcan que hoy es un problema que afecta al país transalpino, pero "mañana afecta a Grecia, España o a cualquiera". "Ha llegado el momento de hablar en serio de inmigración", afirmaba taxativo el titular de Exteriores. Volvemos a dar un aldabonazo en Europa con esta cuestión", celebraba este viernes, tras el Consejo de Ministras y Ministros, la portavoz, Isabel Celaá.

Los 630 migrantes tendrán un permiso especial de un mes, pero pasado ese tiempo se les tratará con la legalidad en la mano "sin excepciones"

El Gobierno ha defendido en estos días que se trataba de atender una "crisis humanitaria", de auxiliar a los 630 migrantes que viajaban en el Aquarius, de evitar que pudiesen perecer en el mar, cumpliendo así con sus obligaciones internacionales. Es decir, que este caso "no es un precedente" de nada. Es más, la propia Calvo recordaba el pasado jueves en Valencia, tras su reunión con el 'president' Ximo Puig, que se tratará a los inmigrantes de forma "individualizada" para ver qué tipo de estatus les corresponde adquirir a su llegada a España. Preocupan los menores, las mujeres que hayan podido ser víctimas de abusos y tráfico de seres humanos y las embarazadas. Y no descartó que algunos tengan que ingresar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y ser deportados.

"Estaremos atentos a qué personas piden asilo, a las condiciones por las cuales el asilo se otorga e incluso a la figura de protección especial para aquellas personas que no pueden ser devueltas porque tienen problemas graves y si vuelven pueden poner en riesgo sus vidas", subrayó Calvo, quien especificó que los migrantes deberán pasar una entrevista y comprobar sus requisitos. Y es que el Gobierno socialista no ha dicho por el momento que pretenda cambiar la Ley de Extranjería.

Ese mismo mensaje de cierta firmeza, aunque combinado con el de una política migratoria más humanitaria, lo refrendó este sábado José Luis Ábalos, que como ministro de Fomento está al frente del operativo en el puerto. Los 630 migrantes tendrán una autorización especial de un mes, pero pasado ese tiempo se les tratará con la legalidad en la mano "sin excepciones". "Por tanto, que nadie se ponga nervioso, que esto no es un problema de inmigración, sino de hacer frente a una situación en la que había que decidir entre salvar a una gente o dejar que muriera. No hay más".

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Métodos menos "cruentos"

El despliegue de una política más abierta se ha completado esta semana con dos decisiones relevantes. Por un lado, el combate a las concertinas, y por otro, la vuelta a la sanidad universal, lo que supondrá la concesión de la tarjeta sanitaria a miles de sin papeles que la perdieron. El Ministerio del Interior ha pedido un informe para estudiar qué sistema alternativo puede instalarse en las vallas de Ceuta y Melilla para dificultar la entrada de extranjeros, pero sin que causen heridas a los que intenten saltarlas. Se trata, dijo Celaá, de garantizar la "seguridad fronteriza", pero a través de métodos menos "cruentos". La portavoz no habló de la eliminación de las llamadas 'devoluciones en caliente', pero el PSOE las combatió cuando estaba en la oposición y su derogación estaba incluida en su programa electoral.

El Gobierno defiende que el Aquarius o la posible retirada de las concertinas no alienta el 'efecto llamada' en una sociedad conectada como la actual

Los socialistas también rechazaron tajantemente el real decreto ley 16/2012 impulsado por la ministra Ana Mato, que arrebataba la prestación sanitaria a los inmigrantes indocumentados por razones de ahorro y de sostenibilidad del sistema. Ese texto, que comunidades como la valenciana intentaron revertir, sin éxito, tiene los días contados.

El Ejecutivo se ha comprometido a dialogar con las CCAA para que, dentro de seis semanas, el Consejo de Ministros pueda aprobar un nuevo real decreto ley que derogue el aprobado hace seis años. Es una cuestión de "decencia política" y de "justicia", defendieron Sánchez y Celaá. Y no solo: es "un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el real decreto [de 2012] fue publicado", alegó este viernes la portavoz.

El PP ya ha alertado del posible 'efecto llamada'. No es nuevo. Ya lo hizo en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo lo descarta de plano. "Es una cuestión de democracia y de recursos económicos. Y, cuando se vive de manera muy pobre, las personas se arriesgan y cruzan el mar para poder vivir mejor", decía Celaá. La tesis gubernamental es que los ciudadanos de los países de origen tienen información de sobra de cómo se vive en Europa, y por tanto la decisión española no tiene por qué aumentar la presión migratoria en nuestro país.

Borrell venía a expresar una idea semejante. "Todo el mundo sabe que cambiar a una ruta de 1.500 kilómetros no es una opción" y "si mañana llega otro barco, pues cada día tendrá su afán, pero el traslado aquí no puede ser una solución perenne". De nuevo, la combinación de un mensaje humanitario y de dureza, recalcando que no esta es una solución extraordinaria, pensada para evitar una tragedia. La muerte de los que huyen de sus países y se echan al mar.