De las pateras de Tarifa al Aquarius: la crisis pone a prueba la solidaridad de los españoles

Una patrullera del Ministerio de Defensa, trece autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia y un microbús, 400 traductores jurados, 356 efectivos de la Policía Nacional y un centenar de agentes de la Guardia Civil, personal hospitalario preparado para recibir enfermos, albergues y centros de acogida habilitados para dar cobijo a los 630 náufragos del Aquarius… El Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat valenciana se han volcado en la gestión de una crisis humanitaria cargada de simbolismo. España va a recibir un barco de una ONG repleto de inmigrantes que pretendían cruzar desde Libia a Italia y que fueron rescatados en alta mar. Y lo hace porque el ministro italiano del Interior, el derechista de la Liga Norte Matteo Salvini, le ha cerrado la puerta de su país, aun a sabiendas de la situación límite en la que se encontraban y de que puede vulnerar el derecho internacional.

La situación está tan cargada de contenido político, tan marcada por el pulso que vive Europa en torno a sus políticas fronterizas, que Italia incluso ha desplegado dos buques estatales, el guardacostas Dattilo y la fragata Orione, para facilitar que el Aquarius y sus pasajeros puedan llegar hasta Valencia, a 1.400 kilómetros de sus propias costas. Es muy probable que solamente el coste del diésel necesario para hacer el trayecto supere el de haber dado cobijo durante algunas semanas a los 630 inmigrantes en cualquiera de los puertos de los municipios del sur que se habían ofrecido. Pero Italia quiere demostrar que no le tiembla el pulso con las ONG que ayudan a los náufragos llegados desde Libia.

En paralelo, casi un millar de desposeídos, la mayoría subsaharianos, ha alcanzado en los últimos dos días las costas andaluzas en pateras huyendo de sus países de origen. Aquí no ha habido 600 periodistas acreditados, ni centro de prensa. El Ayuntamiento de Jerez ha tenido que improvisar colchonetas en el polideportivo municipal para dar cabida a los recién llegados. Los centros de recepción y los Centros de Internamiento de Extranjeros, los polémicos CIE, están saturados como consecuencia de este último pico de entrada de irregulares en el área del estrecho de Gibraltar.

Sánchez ha abierto un debate transnacional sobre el problema de la inmigración en el que se ha situado como alternativa a los discursos populistas

España es un país que gestiona relativamente bien la inmigración. Con una población cada vez más envejecida, necesitada de mano de obra en sectores como la agricultura y con países más atractivos para muchos de los recién llegados, como Francia, los problemas de integración son puntuales, aunque no inexistentes. La inmigración aparece en el décimo quinto lugar en el último barómetro del CIS entre los problemas que inquietan a los españoles. Apenas un 3,3% de los encuestados lo citan entre los asuntos que les preocupan.

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La crisis del Aquarius va a poner a prueba esa percepción y también la solidaridad del país. No por la trascendencia en términos numéricos o de volumen de personas que entrarán en España, sino por la enorme visibilidad de la operación. Pedro Sánchez ha tomado una decisión arriesgada. Ha abierto un debate transnacional sobre el problema de la inmigración en el que se ha situado como alternativa a los discursos más populistas y xenófobos que se abren paso en Europa cada vez con más fuerza. Así lo demuestran el apoyo de partidos como el Frente Nacional en Francia o la Lega del Norte e Italia, en la ribera sur del Mediterráneo. Eso es lo que está en juego en la crisis del Aquarius y eso explica también el enorme interés que este acontecimiento ha despertado en los medios de comunicación de todo el continente.

España ha sido ajena hasta ahora al éxito de esos discursos. Pero eso no quiere decir que el caldo de cultivo no esté ahí. Formaciones a la derecha del Partido Popular, como Vox, han mostrado su oposición rotunda a la llegada del Aquarius. Este sábado, medio centenar de simpatizantes de la extremista España 2000 se manifestaban en las inmediaciones del Puerto de Valencia contra la llegada del Aquarius. Incluso en las filas del PP hay posiciones divergentes a la hora de enfocar la respuesta a la iniciativa de Sánchez, desde la moderada de Alberto Núñez Feijóo, posible aspirante a la sucesión de Mariano Rajoy, hasta las críticas a un hipotético "efecto llamada" y la naturaleza supuestamente propagandística del rescate del barco de SOS Mediterranée que ha realizado el vicesecretario popular Fernando Martínez-Maíllo.

Todos ellos disfrutarán de entrada de un permiso de residencia temporal por el carácter excepcional de su situación

El riesgo de encender la mecha de la intolerancia y la xenofobia es percibido por el Gobierno socialista. Esto explica su afán en marcar el carácter humanitario de ofrecer Valencia como puerto refugio a un barco varado en aguas internacionales y, a la vez, las constantes referencias al cumplimiento de la ley cuando se trata de concretar cuál será el trato que recibirán los migrantes. Todos ellos disfrutarán de entrada de un permiso de residencia temporal por el carácter excepcional de su situación. Niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas procedentes de países en conflicto tiene casi garantizada su permanencia en España o en Francia. Pero la referencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que no habrá "excepciones" en el cumplimiento de la ley abunda en la explicación que dio el jueves en Valencia la vicepresidenta, Carmen Calvo, de que algunos de los náufragos podrían acabar en los CIE, como paso previo a su expulsión.

El dispositivo organizado en el muelle de cruceros del Puerto de Valencia está montado para que las identificaciones de cada uno de los pasajeros sean, junto con una inspección sanitaria básica, uno de los primeros pasos a dar. Los juzgados valencianos se han preparado para tramitar las solicitudes de internamiento que haga la Policía Nacional y las tensiones en el seno del Gobierno valenciano compuesto por socialistas y Compromís han aflorado a propósito de la posibilidad de que parte de los pasajeros acabe en algún CIE. La sección de inmigración del Colegio de Abogados de Valencia se ha ofrecido para asesorar a los recién llegados para realizar las solicitudes de asilo. Al mismo tiempo, un equipo de Acnur encabezado por su representante en España, Francesca Friz-Prguda, y compuesto por abogados, expertos en protección, servicios comunitarios y mediación, participará para identificar a quienes estén en situación de recibir protección internacional, huyendo de la guerra o de la persecución, y facilitar su acceso al estatuto de refugiado, según informó EFE.

Derecho a presentar su caso

El director de Médicos Sin Fronteras España, Daniel Noguera, también reclamó que se respete el estatus inicial de refugiado a los 630 migrantes y que todos ellos "tengan derecho a presentar su caso".

De momento, a la espera de cómo se resuelvan esas situaciones individuales, Cruz Roja, que ha desplegado a más de mil voluntarios en la operación Esperanza Mediterránea ha instalado un albergue provisional con capacidad para 350 personas en el que se desplegarán 100 camas y habrá otras 100 de reserva. Dispondrá de hasta 1.000 kits que contienen calzado, ropa y productos de higiene, barritas energéticas y lo necesario para bebés, así como la donación de más de 15 toneladas de productos alimentarios. Los menores adolescentes tienen como destino un albergue juvenil en Alicante y las mujeres embarazadas y enfermos irán directamente a los hospitales. Oficialmente, los responsables del dispositivo no ofrecen datos sobre los lugares elegidos para tratar de evitar un aluvión de medios de comunicación en los espacios de acogida.