Sánchez quiere referéndum de autogobierno en Cataluña y tener los PGE listos en marzo

Autogobierno, Constitución y Europa. Es la tripleta sobre la que el Gobierno construye su propuesta para Cataluña. La reiteraba la semana pasada el presidente durante su gira en Latinoamérica, y este lunes volvía a ella para admitir que puede darse un referéndum, sí, pero solo sobre el autogobierno, y nunca sobre la autodeterminación de Cataluña.

Pedro Sánchez arrancó oficialmente este lunes el curso político con una entrevista en la SER, en la que también subrayó que solo tiene un escenario presupuestario: que salgan adelante las cuentas de 2019, porque las de 2018, las que llevó Mariano Rajoy a la Cámara y se acabaron aprobando definitivamente ya con él en La Moncloa, no son las suyas. El presidente dejaba tímidamente la puerta abierta a una convocatoria electoral anticipada en caso de que su única opción, la de tener los Presupuestos Generales del Estado listos para marzo, fracase, pese a que en todo momento manifiesta su voluntad de agotar la legislatura.

Cataluña centró buena parte de la entrevista en 'Hoy por hoy'. Sánchez defendió su política de ley y diálogo. El líder del Ejecutivo recriminó a Quim Torra que invoque el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cuando en el mejor de los casos, y dando por buenas las cifras que entonces dio la Generalitat, participó el 43% del censo, frente al 79% que se movilizó en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Por tanto, si hay una "sociedad dividida, partida en dos mitades, la forma de solucionar la crisis es trascender la dinámica de bloques", y eso hace, a su juicio, el Gobierno, al reactivar las comisiones bilaterales y buscar una solución política. "El hecho final tiene que ser una votación, pero no por la independencia o la autodeterminación, sino por el fortalecimiento del Gobierno de Cataluña", explicó.

¿Una votación es un referéndum? "Sin duda, pero por el autogobierno, no por la autodeterminación", abundó. Más tarde, Sánchez aclaró a qué se refería: a un referéndum sobre un nuevo Estatut, porque el vigente, el de 2006, no es el que votó en sus términos la sociedad catalana, ya que fue tumbado en parte por el Tribunal Constitucional cuatro años después de su referéndum. En todo caso, asumió (como en ocasiones anteriores) que la solución al conflicto no llegará en esta legislatura, sino en el medio plazo.

El hecho final ha de ser una votación. No por la independencia o la autodeterminación, sino por el fortalecimiento del Gobierno de Cataluña

El Gobierno acompaña a esa política de distensión con el respeto a la ley. En los últimos días, él mismo, durante su gira por Latinoamérica, respondía a las advertencias de Quim Torra de que ya sabe a qué camino conduce la ruptura de la legalidad: a una nueva intervención de Cataluña. Este lunes, Sánchez recordaba que aunque no tenga en mente aplicar otra vez el artículo 155, este es un "instrumento perfectamente constitucional, legítimo" para devolver a Cataluña a la conformidad con su Estatuto y con la legalidad. Por el momento, no ha habido más que declaraciones "inflamatorias", pero si fuera necesario recurrir de nuevo al 155, el Gobierno "actuará". Lo hará.

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"No repetir los errores" de 2017

No obstante, Sánchez confía en que su política de apaciguamiento tenga sus frutos. Por ahora, además de reanimar las comisiones bilaterales —que, recordó, abordan cuestiones de interés para los catalanes, como sus infraestructuras o los recursos públicos para sanidad o educación, o el desistimiento de impugnaciones ante el TC—, ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Ministras y Ministros en Barcelona (entre octubre y noviembre, precisó) y trabaja en la recuperación de la "confianza y lealtad quebrada" en más de una década, sentando las bases de un diálogo institucional normalizado.

Responde a ERC que no va a orientar la actuación de la Fiscalía sobre los presos independentistas, porque el Gobierno respeta su autonomía

Esa nueva etapa implica "corresponsabilidad". Del Congreso y del Parlament. "Podemos llegar hasta donde podemos llegar, que es mucho, pero la otra parte [la Generalitat] tiene que poner la voluntad de no repetir los errores del otoño de 2017, y no ahondar en las heridas, sino curarlas". No volver a quebrar la legalidad. En todo caso, el Ejecutivo "no se levantará de la mesa de las comisiones bilaterales", porque ha de "proteger" al conjunto de los catalanes.

Sánchez se pronunció también sobre la petición del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, de que "oriente" a la Fiscalía sobre los independentistas encarcelados. El respeto de la legalidad, le replicó, es también respetar la autonomía de actuación del Ministerio Público, reconocida en la Constitución. Y sobre la guerra de los lazos amarillos, se mostró en contra de todos los "símbolos que dividan, que separen, de todos".

Torra decía este mismo lunes que durante el verano ha intercambiado mensajes con el presidente, y este añadió que también han hablado por teléfono, entre otros motivos por los actos del 17 de agosto en recuerdo de las víctimas de hace un año en Barcelona y Cambrils. Sánchez también se refirió a la rectificación de su Gobierno respecto a la defensa integral del juez Pablo Llarena: tras "escuchar" los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo entendió que no se podían "disociar" unas declaraciones privadas de la instrucción del magistrado, porque defender la "soberanía jurisdiccional" de España es una "cuestión de Estado" y no del nombre de un juez.

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En plena precampaña

El otro gran reto del Ejecutivo, además de Cataluña, es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Sánchez confirmó, como ya había adelantado su equipo la semana pasada en el viaje por América Latina, que su intención es presentar el proyecto de ley para finales de noviembre o principios de diciembre, con el fin de tenerlos listos "para el primer trimestre" del año, para marzo. En plena precampaña de autonómicas, municipales y europeas.

Sánchez confirma que los PGE de 2019 incluirán un impuesto al diésel y otro a las transacciones financieras, y ya no habla de la tasa a la banca

Sánchez reiteró en varias ocasiones que el Gobierno solo trabaja con un escenario, y es el de aprobar esas cuentas. No quedarse con las de 2018 (y tener que prorrogarlas) porque no son las suyas. ¿Convocaría elecciones en caso de que no salgan los PGE? El presidente intentó escapar de esa pregunta cuanto pudo y no adelantó qué haría, pero al señalar que su única opción es tener listos los Presupuestos, estaba indicando que su Ejecutivo depende de ello.

Hacienda llevará su proyecto de cuentas de 2019 a las Cámaras, se logre o no la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado bloquee la aprobación de la senda de déficit. El presidente pidió "corresponsabilidad" a todas las formaciones para apoyar unos PGE que tendrán como principio base la "justicia social" y también la "justicia fiscal", ya que el objetivo es "reconstruir el Estado del bienestar". El llamamiento se extiende, además de a Unidos Podemos, con quien la relación está más engrasada, al PNV y a PDeCAT y ERC, porque no espera el aval ni de PP ni de Ciudadanos.

Sánchez se reiteró en su planteamiento de que no será posible disponer de un nuevo sistema de financiación autonómica en esta legislatura porque se entra ya en año preelectoral, pero en los Presupuestos sí habría unos 9.000 millones más para las comunidades: 2.500 vinculados al IVA y otros 4.500 en caso de aprobarse la nueva senda de déficit.

El problema del PP "con su historia"

Las nuevas cuentas de 2019 incluirán un impuesto sobre las transacciones financieras —el presidente no habla de un gravamen a la banca, pese a ser preguntado por ello por Pepa Bueno—, cuya recaudación es más limitada, y una tasa al diésel, porque su Gobierno es "ecologista". "Todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país, como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto", explicó, especificando que no se aplicaría a los conductores profesionales. Añadió que hay un "margen grandísimo" para aumentar la recaudación del impuesto de sociedades, para que contribuyan más las grandes empresas y se garantice un tipo mínimo del 15%, porque eso es "justicia fiscal". Y aunque hay síntomas de desaceleración en sectores como el turismo, subrayó que las bases del crecimiento económico son "sólidas y bastante esperanzadoras".

Sánchez defiende que su política migratoria es "coherente", que con el primer Aquarius se lanzó la voz de alarma y con el segundo se repartió

Sánchez preñó la entrevista de mensajes dirigidos a la izquierda. También en lo relativo a la memoria histórica. Señaló que la "justicia, la reparación y la verdad son condiciones imprescindibles para la concordia", en respuesta a la propuesta de Pablo Casado de reemplazar la modificación de la Ley de Memoria Histórica por una de concordia. "No deja de ser llamativo" que la norma planteada por el PP tenga el mismo título que el de la nueva fundación del partido, reprochó. El PP, añadió, "tiene un problema con su propia historia".

El presidente defendió asimismo su política migratoria, que es "coherente". Con el primer Aquarius, dijo, se hizo un llamamiento a la Comisión Europea para que tomara cartas en el asunto, y con el segundo se logró el reparto de sus ocupantes entre distintos países. Ahora se trabaja, añadió, para "institucionalizar" y sistematizar el reparto, no entre los 28 países, pero sí "entre 11 o 12". España necesita una migración "legal, ordenada", porque la población envejece, y sin aceptar en ningún caso "ataques violentos" como los que se han sufrido en las vallas de Ceuta.

Ábalos: que haya políticos presos "no ayuda" a la aprobación de los Presupuestos

Tras la entrevista en la SER, en La Moncloa, Pedro Sánchez se dirigió a la sede del partido, a la primera reunión de su ejecutiva federal en este arranque del curso político. Tras ella, compareció el secretario de Organización y titular de Fomento, José Luis Ábalos. Él no se apartó demasiado de la línea de su jefe, lógicamente. 

El número tres no quiso anticipar qué ocurriría en caso de que los Presupuestos del Estado no salgan adelante, y si eso supondría un adelanto electoral. Ábalos insistió en que el presidente no está "allanando" el terreno hacia las urnas, si bien "si hay un partido preparado para afrontar unas elecciones", ese es el PSOE, y no otros que piden comicios y luego "rezan" para que no los haya. 

Este #Gobierno siempre va a estar del lado de quienes no tienen más amparo que su propio gobierno. Somos un ejecutivo europeísta, feminista, comprometido con los derechos sociales y el diálogo. Arrancamos septiembre con la primera reunión de la CEF del @PSOE. #RazonesparaConfiar pic.twitter.com/6sDeewuix1

 

El ministro sí reconoció que la situación penitenciaria de los políticos independentistas encausados "no ayuda" para la aprobación de los Presupuestos y para la pretendida política de distensión. También aseguró que cada vez que hay una escalada verbal o una quiebra de la legalidad, los "perjudicados" siempre son precisamente los presos. Así que la "mejor forma" de superar la situación es tratarla con la mayor frialdad y respetando la aplicación de la ley, siguió. "No hay ninguna otra alternativa". 

El secretario de Organización afirmó que el Gobierno "no da la batalla por perdida" de antemano, y por tanto seguirá negociando las cuentas de 2019, "sin prejuzgar" que no vayan a salir. La vocación de Sánchez no es permanecer ni "amarrarse al poder", como a su juicio sí hizo Mariano Rajoy, quien "lo único que hizo fue vender Presupuestos que a la hora de gestionarlos tenían mucha publicidad y pocas posibilidades". "Y por eso prorrogaron", insistió, algo que no está en el objetivo del PSOE, que quiere ver cumplidas sus políticas sociales en unas nuevas cuentas.